Hasta el año pasado, en nuestro país ocurría prácticamente un femicidio cada semana. Este 2020, en el que se cumplen 10 años de la promulgación de la ley 20.480, que tipifica este delito definido por el SernamEG como "el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente", por primera vez se ha roto la tendencia.
Hasta la fecha, según datos publicados por la Red Chilena Contra la Violencia Contra la Mujer, en 2020 se han cometido 7 femicidios a lo largo del país, lo que representa una disminución a la mitad del número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas a la misma fecha del 2019. Sin embargo, Lorena Astudillo, vocera de la Red, cree que es demasiado pronto para hacer un pronóstico positivo. "Ha habido años en los que hemos partido con pocos asesinatos y después vemos que hay semanas en las que se producen verdaderas matanzas hacia las mujeres, con 7 femicidios en 10 días", explica. "Lo que sí podemos decir, es que en los últimos 10 años el total anual se ha mantenido estable, sin diferencias significativas. Eso es desalentador si consideramos que ha cambiado la legislación, que hay mayor consciencia, que hablamos mucho más del problema y que se han adoptado políticas públicas con respecto al tema de la violencia de género".
Además, las cifras de femicidios en nuestro país son controversiales. Si bien el recuento que realiza la Red Chilena Contra la Violencia Contra la Mujer ha recopilado más de 190 casos en los últimos 3 años, los datos del SernamEG arrojan números distintos. Según sus registros, solo 131 mujeres han sido víctimas de este delito. Y es que las definiciones de lo que entendemos como un femicidio varían.
De acuerdo con la ley para que un asesinato pueda ser considerado femicidio el agresor tiene que ser o haber sido cónyuge o conviviente de la víctima, dejando fuera las relaciones informales o de pololeo. "Lo que primó aquí fue una idea más bien convencional de lo que se entiende como familia", explica Lorena Astudillo. "A las mujeres nos posicionan en el rol de madres o esposas y por lo tanto la legislación se construye así, siguiendo estos criterios morales".
Cuando se discutió la ley de femicidio, en 2010, este fue uno de los puntos más controversiales. Y es precisamente esta redacción lo que la ley Gabriela busca enmendar, ampliando la definición a todos los crímenes en los que, con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género, se mate a una mujer independiente de la relación que haya tenido la víctima con su agresor. "Actualmente la definición de femicidio es la que debió haberse generado hace 10 años", dice Astudillo. El problema según la abogada, es que durante esta década no se generó una reflexión nueva en torno a este tema. "Ahora se parece un poco más a las definiciones internacionales, pero con 10 años de retraso", aclara.
Y es que en el mundo se habla de feminicidio desde mucho antes, además de tratarse de un concepto diferente que engloba todos los asesinatos cometidos en contra de mujeres en razón de su género, según la definición que utilizan organismos internacionales miembros de Naciones Unidas como el Observatorio de Género de la CEPAL.
Otro de los puntos que generó discordia durante la discusión de la ley fueron los cuestionamientos respecto de la inconstitucionalidad del femicidio. Para algunos, no solo era redundante e innecesario tipificar un crimen que ya estaba cubierto por el homicidio y el parricidio, sino que además era inconstitucional otorgarle una protección adicional a las mujeres. Parlamentarios e incluso editoriales en los medios se dedicaron a exponer extensas argumentaciones de por qué nuestra constitución -a través del artículo 19 número 2- asegura la igualdad ante la ley de todos los chilenos y que, en este sentido, crear el delito del femicidio sería equivalente a valorar más la vida de la mujer que la del hombre. "Efectivamente la ley debiese ser igual para las personas, pero la ley nunca ha sido igual para nosotras las mujeres", aclara Astudillo. La abogada explica que, históricamente, a través de la legislación hemos sido víctimas de desigualdades: si decidimos casarnos en sociedad conyugal nuestro marido se convierte en un jefe. A esto se suma la historia de la penalización del adulterio, que era muy desigual entre hombres y mujeres. A nosotras se nos castigaba si teníamos una relación fuera del matrimonio, pero al hombre se le castigaba por tener una relación con la mujer de otro hombre. Por muchos años tampoco existió la violación si ocurría en el contexto de un matrimonio. Y así una larga lista de situaciones que han puesto a muchas mujeres sistemáticamente en una posición desigual.
Es por esto que el crear un delito específico que protege a las mujeres víctimas de violencia reconoce una situación de desigualdad de hecho, que existe y que muchas viven día a día. "Querer argumentar esta ficticia igualdad ante la ley es no querer reconocer lo que realmente pasa: este país no es igualitario con hombres y mujeres", comenta Astudillo. "Las mujeres nos vemos en una situación de desmedro social por un sistema que está organizado de una manera que es más violenta con nosotras producto de este supuesto de que lo masculino es superior a lo femenino. Entonces la legislación también tiene que hacerse cargo de esa desigualdad estructural. ¿Se preguntan por qué deberíamos tener esta protección extra las mujeres? Precisamente porque cada año en nuestro país asesinan a cerca de 60 mujeres por razones de género y eso no sucede con los hombres. ¿Es una protección adicional o es simplemente proteger la vida de las mujeres en un país que permite el asesinato de mujeres por razones de género? Claramente me inclino más por lo segundo".
Las que han muerto este año
Gladys Gallegos (53)
Fue la primera mujer asesinada por su pareja en 2020. Valdiviana, fue encontrada muerta la mañana del primer domingo del año por su cuñada, quien la había ido a visitar por encargo de su hermano. Fue asesinada en su casa por su pareja, con quien vivía hace un año. Él había sido condenado a 10 años de cárcel tras matar a un hombre y golpear a otro hasta dejarlo en estado vegetal.
Alejandra Castro (32)
Alejandra era madre de dos hijos de 2 y 8 años. Fue apuñalada una tarde de viernes en enero por su conviviente, quien luego de la agresión trató de suicidarse en la comuna de Requínoa. Si bien no había habido denuncias por violencia intrafamiliar, la Seremi de la Mujer de la Región de O'Higgins confirmó que la familia sabía que Alejandra había recibido amenazas por parte de su pareja, pero que no había acudido a Carabineros.
Uberlinda Leiva (59)
Fue asesinada por su hijo de 32 años en la casa que compartían en la población Horacio Villablanca de Parral. Él tenía antecedentes penales por robo y homicidio y después de matar a su mamá arrastró su cuerpo hasta un canal de regadío donde fue encontrada por sus vecinos al día siguiente. Su caso es uno de los que son contabilizados como femicidio por organizaciones civiles pero no por organismos de gobierno porque el agresor no fue su pareja o conviviente como exije la ley sino que su hijo.
Karen Ramírez (45)
Karen era madre de dos hijos y fue asesinada en su casa por su marido y padre de sus hijos en la casa que compartían en la comuna de Rengo. Fue golpeada con un martillo y luego herida con un taladro. Su cuerpo fue encontrado en una bodega y su agresor trató de suicidarse después de matarla.
Yasna Bustos (31)
Yasna fue la quinta mujer asesinada por su pareja en febrero de este año. Era mamá de 4 hijos y vivía en Maipú. La familia y las amigas de Yasna se han organizado para manifestarse en el Hospital El Carmen donde está internado su agresor, para que nadie olvide que allí está el hombre que la mató.
Ana Viveros (47)
Ana fue asesinada en su casa en Mulchén por su ex conviviente, quien luego se suicidó. Ya había recibido amenazas y presentó una denuncia en enero en contra de su ex. Él tenía una orden de alejamiento vigente el día que la mató y quemó la casa en que vivía Ana.
Beatriz González (16)
Beatriz fue asesinada por su pololo de 18 años el 27 de febrero en la comuna de Rengo. Es el tercer caso de femicidio en la región de O'Higgins en lo que va de este año. Beatriz era mamá de una niña de 2 años y este año iba a cursar primero medio.
El SernamEG cuenta con un teléfono de ayuda 1455 para víctimas de violencia, gratuito y confidencial, que presta ayuda de profesionales disponibles 24/7 y funciona incluso desde celulares que no cuentan con saldo. Para hacer denuncias por violencia intrafamiliar se puede llamar al 149 de Carabineros o al 134 de la PDI.