Durante el 2019, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer de la ONU, Dubravka Šimonović, hacía visible a los ojos del mundo la realidad, causas y consecuencias de la violencia obstétrica que se vive a nivel internacional, en el informe Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica. En el documento, la relatora especifica que “el maltrato y la violencia contra la mujer no solo violan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sino que también pueden poner en peligro su derecho a la vida, a la salud, a su integridad física, su intimidad, su autonomía y a no sufrir discriminación”, señala en el documento.

Y en Chile ésta es una realidad que se vive a diario. Muchas mujeres han denunciado una falta de autonomía y capacidad en la toma de decisiones, incluida la posibilidad de elegir su posición de parto preferida, y la pandemia solo llegó a empeorar esta situación. Durante el año pasado, este tema se convirtió en uno de los más discutidos ya que de acuerdo a cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, en 2020 solo un 72% de las mujeres estuvo acompañada durante el parto, cifra que en el año anterior era de un 97%. Mientras que en el trabajo de parto, se observa que un 43% de mujeres estuvo acompañadas, versus un 72% de mujeres en 2019.

El país no cuenta con ninguna legislación orientada específicamente a proteger los derechos de las mujeres en relación con sus derechos sexuales y reproductivos, a sancionar la violencia obstétrica, y a proteger al hijo o hija que está naciendo. Muchas organizaciones han elaborado distintos proyectos con la idea de legislar en esta materia, pero ninguna alcanzó a ser discutida. Sin embargo, durante el 2018 un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los temas vinculados a los derechos del nacimiento presentó un proyecto llamado Ley Adriana, que tras varios años durmiendo en el congreso, se logró mover hace unos días a la comisión de Mujer y Género para ponerse en tabla y comenzar su discusión.

Su nombre se debe a Adriana Palacios, una mujer que, embarazada, sufrió violencia obstétrica junto a una serie de negligencias médicas que provocaron que su hija Trinidad naciera sin vida. Por esta razón y por los tantos casos que no se conocen a la luz pública, es que esta ley tiene como objetivo regular, garantizar y promover los derechos de la mujer, del recién nacido y la pareja, en el ámbito de la gestación, preparto, parto, post parto y aborto en las causales establecidas por la ley; así como también en torno a la salud ginecológica y sexual.

Uno de sus ejes principales es la prevención. Según explica la directora y abogada del Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO), Carla Bravo, la lógica del proyecto no es del todo sancionadora, sino que también tiene un enfoque preventivo de derechos, educación y formación. Uno de sus propósitos es instalar en las instituciones de salud planes de parto que son documentos en donde la voluntad de la mujer es considerada, respecto a qué es lo que quiere que pase en el parto. Con esto, se evitarían intervenciones innecesarias que son una de las formas en las que se opera la violencia obstétrica.

Asimismo, “busca mejorar los flujos de información, que es otra de las formas de violencia que está presente en el ámbito del nacimiento. Esto porque muchas veces las decisiones de la mujer se toman en base a desinformación o a información errónea que se les entrega. Con esto se logra establecer canales de comunicación entre lo que la mujer quiere y lo que se puede esperar de acuerdo a la situación médica”, agrega Bravo.

Por otro lado, se contempla la obligatoriedad de que las instituciones educacionales contemplen modificaciones en sus mallas curriculares para efectos de la formación de los profesionales de la salud para que el parto tenga un enfoque de derechos. “Muchas veces no es que las personas sean malas y quieran vulnerar a las mujeres, si no que han sido educadas en operar de cierta manera en el ámbito de la gestación y el nacimiento, por lo tanto, no se cuestionan que las prácticas que se están realizando puedan o no ser invasivas”, comenta la abogada.

Este proyecto también contempla promover los talleres de parto. Hay datos que evidencian que este tipo de actividades que entregan información fundamental e incorporan una mejor preparación para las parejas, pueden resultar significativas para ellas al momento de parir. “Eso es lo medular, en término preventivos. Lo otro es asegurar un catálogo de derechos donde se distinguen los derechos de la mujer, del recién nacido o familiares. Se refuerza también la entrega de información, el respeto de la autonomía de la mujer, principio de la privacidad y confidencialidad, así como también la multiculturalidad”, explica Carla.

“Hay una tendencia a infantilizar a la mujer, a no tomar su parecer en las decisiones sobre su cuerpo. También a no tomar en cuenta el sentir de la mujer durante el parto, entonces ahí hay un límite delgado entre lo que a uno le parece mal y lo que a ella le afecta, hay una falta de empatía, de ponerse en lugar de esa mujer. Se pueden hacer las cosas mejor, pues no se habla nunca de cómo lo pasó la mujer en el parto, como lo recuerda”, comenta la ginecóloga Loreto Vargas, quien forma parte de la agrupación Ginecólogas Chile, que agrega que hay que buscar una manera de cambiar lo que se está haciendo hacia un parto respetado.

Finalmente, el proyecto Ley Adriana, impulsado por la diputada Claudia Mix, busca responder a las complejidades que surgen en torno al nacimiento y la eventual violencia obstétrica que reciben las mujeres al momento de ser atendidas y de parir en centros de salud en Chile, tanto privados como públicos. Según se detalla, es una prioridad perfeccionar la legislación vigente en esta materia y propender a la creación de leyes que velen por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sus familias durante los procesos que requieren de atención ginecobstetricia.

Según señala Bárbara Peña de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile (ASOMAT), a través de este proyecto se logrará que se haga visible la violencia obstétrica y se deje de hacer ojos ciegos y oídos sordos a una realidad que ha ocurrido durante años en el gremio. “Es muy relevante visibilizar la importancia de la erradicación de estas formas de violencia y que resuene para que las nuevas generaciones de matronas puedan conocer esto y hagan un cambio. Sabemos que las mallas curriculares nos enseñan cómo gobernar el trabajo de parto, pero no a acompañar a las mujeres, ni ponerse en su lugar. Es un periodo vulnerable que requiere apoyo emocional y contención”, concluye.