Paula 1153. Sábado 2 de agosto de 2014.

Estaba cerca de Malleco cruzando un torrentoso estero por un tronco, cuando por primera vez oí hablar de la existencia de un archivo indígena. El mapuche Ascencio Llaulén me gritó, sorprendiéndome:

–No sé cómo alguien no le ha prendido fuego al archivo indígena ese. Acabarían el conflicto mapuche de un paraguazo.

Casi me traga la corriente.

–¿Cuál archivo indígena?– le dije recobrando el equilibrio.

Se refería al Archivo General de Asuntos Indígenas que administra la Conadi, ubicado en una pequeña y humilde oficina que les presta la Dibam en pleno centro de Temuco y que en 2013 fue declarado por la Unesco tesoro histórico, incorporándolo a su registro Memoria del Mundo que preserva el patrimonio documental relevante para los pueblos. En el Archivo General de Asuntos Indígenas están los vestigios documentales de todo lo que ocurrió con el llamado territorio mapuche desde 1866 hasta 1971. Y todo el rastro de papeleos, timbres y estampillas a que dio lugar la llamada Pacificación de la Araucanía desde el Biobío hasta Chiloé entre 1866 y 1893. Una vez que concluyó la ocupación militar de la Araucanía, el Estado chileno entregó a los mapuches fundos y parcelas a través de títulos de merced, en virtud de la ley del 4 de diciembre de 1866. Entre las regiones VIII y X se otorgaron 2.918 títulos de merced con una superficie total de 510 mil hectáreas.

Sin embargo, con el correr de los años –pese a que la ley especial del 4 de diciembre de 1866 y las siguientes prohibían la venta, hipotecas, subdivisión y traspaso de las tierras indígenas a personas no mapuches– muchos predios fueron cedidos, arrendados y finalmente inscritos por chilenos y colonos en los Conservadores de Bienes Raíces que comenzaron a operar en Temuco de 1900 en adelante.

En esa superposición de títulos está la raíz del conflicto por la reivindicación de las tierras mapuches que perdura hasta hoy.

La pregunta es: ¿Qué debe primar: un título de merced o un título de propiedad?

Un ejemplo: Ascencio Llaulén es descendiente de Ignacio Manquepi que recibió título de merced en 1884 y su familia ha tenido varias veces disputas legales por la tierra.

–Nuestros antiguos iban a buscar trigo al almacén de Brito (una persona no mapuche) y a cambio lo dejaban instalar ahí su almacén. Pero después empezó a hacer cercos con la tierra cada vez más grande y nunca se supo cómo se quedó viviendo ahí para siempre. Con los años, apareció como dueño de todo Juan José Fernández y nos echó.

Desde entonces muchos descendientes de los Manquepi deambularon desde Malleco hasta Cautín hasta que en 1928 un tribunal les repuso el título de merced otorgado en 1884 por el general Cornelio Saavedra, que condujo las campañas de pacificación de la Araucanía.

Hay documentos que tienen 130 años de antigüedad y están desgastados por el tiempo.

–Encontraron el plano de tela y esa vez nos dieron la razón: la tierra era nuestra– afirma Llaulén.

Pero 40 años después se repitió el conflicto por la propiedad: la tierra figuraba inscrita por una maderera de Biobío. Los tataranietos del indio Manquepi tiraron piedras y volvieron a los tribunales.

–En 1970 de nuevo la justicia nos dio la razón a la comunidad. ¡90 años de juicios! ¡Imagínese! Y otra vez la familia tuvo que recurrir al plano de tela.

Y ahí estaba, en el Archivo General de Asuntos Indígenas.

–Por eso le digo. No sé cómo los chilenos no le han prendido fuego al archivo ese– repite Ascencio Llaulén.

Después supe que, de hecho, una vez sí fue incendiado.

En Temuco hay un rico sol invernal, pero en la casona donde se guardan los títulos de merced hace un frío espantoso. Son 2.918 carpetas numeradas del 1 al 2.984 (hay 66 títulos de merced que no se habrían otorgado o desaparecieron del todo) que contienen el título y los planos de tela casi transparente, con ríos y cerros dibujados con pluma y tinta y las floridas firmas del general Cornelio Saavedra y del ingeniero Teodoro Schmidt.

La archivera María Eugenia Queupemil –abrigada con parka–abre la bóveda donde están las 2.918 carpetas. Parece el interior de una pirámide cerrada por siglos. Me enseña un viejo plano dibujado sobre género de 1884 que asigna las tierras de la combativa comunidad de Temucuicui en la comuna de Ercilla. El título de merced número 3.

En las carpetas del archivo indígena se descubren situaciones curiosas: arriendos de tierras indígenas por 99 años por las que se pagó un peso. O una cesión de 56 hectáreas a cambio de 80 pollos.

En el viejo plano se dibuja una zona que ha sido especialmente conflictiva, porque ahí se encuentra el fundo La Romana, hasta hace pocas semanas propiedad del agricultor René Urban, que sufrió alrededor de 200 ataques violentos. Recientemente la Conadi compró las 294 hectáreas en disputa y se las traspasó a la comunidad mapuche.

En otro recinto del archivo mucho más grande, con varios pisos de estanterías, se guardan 2.918 "carpetas administrativas" con todos los reclamos, liquidaciones, divisiones y juicios correspondientes a cada título de merced.

–Hay carpetas delgadas y otras de varios tomos, llenas de litigios por la tierra– dice la archivera. La carpeta administrativa del título de merced de Temucuicui es gruesa.

Los reclamos se suceden desde 1908 con la familia Petterson y posteriormente con sus sucesores, los Urban. En 1930 ganaron un juicio con la comunidad Curaumil. Pero en 1948 perdieron otro contra un colono Gauzzet.

En 1971, con la venia del gobierno socialista, estuvieron a punto de sacar a los chilenos. Se lee en la carpeta: "Eduardo González, jefe del Comité de Restitución de Tierras…al Compañero Intendente señala: se desprende del plano que debido a las imprecisiones de los levantamientos topográficos de 1884, tanto debido a las dificultades topográficas como a los densos bosques naturales de la época…que…el predio citado a fojas pertenece a la comunidad citada en los TM (Título de Merced)".

Pero en 1979 se lee en otro decreto con Fuerza de Ley, el 660, que se anula todo lo obrado por la Comisión de Restitución de Tierras. Y de nuevo a fojas cero.

La archivera Queupemil explica:

–Hacia 1900 había un solo abogado defensor de indios para todos los indígenas del río Biobío al sur. Uno solo. Y las causas empezaban en Temuco, después las trasladaban a Victoria, después a Traiguén, terminaban en Valdivia... Hay juicios que duraron 70 años, como el del indio Manquelipi. De pronto los juicios se extraviaban y todo volvía a cero…

Reviso otra carpeta gruesa. La de la comunidad vecina a los Luchsinger en Vilcún. Los reclamos comenzaron en 1929 contra don Adán Luchsinger, quien tuvo que devolver dos predios "ocupados ilegalmente".

En un texto de 1968 se lee: "el sumito es de opinión que el título de merced 1.576 de la Comunidad Santos Marihueque primaría sobre los títulos presentados por don Jorge Luchsinger, en virtud que dicho Título es más antiguo que los referidos títulos. Firma: Patricia Moller Asesor Jurídico".

La archivera María Eugenia Queupemil en la pieza donde están las 2.918 carpetas.

En otra carpeta se observan interrogatorios llamativos. Un oficial de Carabineros es citado como testigo para ratificar cuál es la zona, supuestamente pequeña, ínfima, denominada Lleupeco y él declara: "Bueno, a todo esto (desde la cordillera al río) se le conocía como Lleupeco".

En otras muchas carpetas se nota que las mensuras de los terrenos se hicieron al ojímetro. Suelen referirse a "medido a ojo de buen vecino" o "como se aprecia notoriamente", términos que originaron futuros problemas territoriales.

Y, a pesar de que la Ley de 1866 y todas las posteriores leyes indígenas (1883, 1930, salvo la de 1979) impedían que se vendieran e hipotecaran esas tierras a chilenos u otros, se dejó la ventana abierta para todo tipo de transacciones legales.

Según un estudio del propio archivo, casi 850 títulos de merced están nulos o extintos o las tierras fueron incluidas en modernos títulos de propiedad a nombre de colonos. En los textos hay notas marginales de remates, liquidaciones, ventas, traspasos o arriendos.

Hay un arriendo a 99 años de un enorme trozo de la ribera del Lago Panguipulli por la suma total de 195 pesos (equivalentes hoy en día a un solo pago de 175.000 pesos).

La descendiente de la Comunidad Ramón Chincolef de Panguipulli, Iris Manosalva, encontró esa nota marginal en el archivo (el arriendo a 99 años a María Inés Callicul por parte de una empresaria turística) y está impugnando hoy el valor legal de esas escrituras.

Hay otros arriendos a 99 años por la suma de un peso. Y otras carpetas con escrituras de cesión de derechos a perpetuidad gratuitos. Otros vendidos al propio Fisco. Todos bajo la firma solemne de notarios de Biobío al sur.

–Hoy una persona puede impugnar esas escrituras con los títulos de merced originales –dice la archivera– por eso los conservamos. Todos los días vemos casos. Pero es un juicio largo, caro, los mapuches no lo pueden hacer por sí solos.

La misma archivera nació en el sector de Padre Las Casas y sus padres tenían títulos de merced. Hoy, sobre esas tierras hay poblaciones y casas particulares.

–Podría iniciar mi propia reivindicación… pero ¿cómo? ¿cuántos millones me costaría? Varias decenas.

Hay casos insólitos. Una practicante en el archivo encontró una escritura adosada a un título de merced: "Juan Cayucura, casado con dos mujeres, seis hijos, cede los derechos del citado predio de 56 hectáreas por la suma de 80 pollos que en este acto, él recibe a conformidad". Abajo la huella digital del analfabeto Cayucura.

En las carpetas no hay rastros de barricadas, fogatas, balaceras, muertos, incendios y atentados que siguieron después, pues el Instituto de Desarrollo Indígena (IDI), perdió la tuición de estos archivos en 1973 y todo lo sucesivo al conflicto mapuche se acumuló en los archivos judiciales normales. Totalmente desconectados de cada título de merced. Bajo un bosque de rut, roles, nombres y causas casi imposibles de rastrear.

Desde 1866 los archivos estuvieron en las Oficina de Tierras y Colonización del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1929 –cuando se otorgó el último título de merced– y hasta 1973, el archivo fue propiedad de los distintos organismos encargados del tema indígena como el Protector de Indios, la Dirección de Asuntos Indígenas, el Instituto de Desarrollo Indígena y finalmente la Conadi. Pero nunca tuvo una sede propia. En 1979 el archivo quedó abandonado en una oficina del Ministerio de Agricultura.

–Varias veces intentaron destruirlo –dice la archivera María Eugenia Queupemil–. En 1983 le hicieron un tremendo atentado incendiario. Pero se salvó.

Tal como se ve en el mapa de arriba, que tiene marcado todos los títulos de merced, todo lo que rodea Temuco es tierra mapuche. Hay calles, edificios, y al parecer hasta el nuevo aeropuerto, construidos sobre terrenos indígenas que pueden ser reclamados.

La archivera de entonces, Edith Meier, quien estuvo 40 años custodiando los viejos documentos, los puso a salvo al interior de la Universidad de La Frontera, que les cedió un espacio.

En 1993 los tomó la recién creada Conadi y desde 1997 ocupan la casona actual cedidas por la Dibam.

En 2003 comenzó un proyecto de digitalización y microfilmado que acabó hace poco.

–Recién en 2011 todos los títulos de merced tienen respaldo –dice la archivera–. Pronto estarán disponibles en la web.

Mientras tanto, todos los días acuden mapuches en busca de tierras que han heredado. Descendientes que buscan a sus antepasados. Miembros de comunidades que buscan reavivar los antiguos litigios, investigadores e historiadores y uno que otro abogado particular de empresas inmobiliarias.

–Esos se han hecho más comunes ahora último– cuenta el asistente de la archivera, Juan Melillán.

Eduardo Mella, coautor del libro Las razones del Illkún, junto al historiador Martín Correa estuvo un par de años revisando las varias miles de carpetas del archivo y dice:

–No solo hay fundos y grandes forestales ocupando territorio mapuche, como piensa la prensa. Hay poblaciones, bombas de bencina, fábricas, colegios privados. Mucho del "territorio mapuche" otorgado en los títulos de merced ha sido ocupado ilegalmente superponiendo títulos de propiedad, arriendos, cesión de derechos o lo que sea. Hay gente que vive en territorio mapuche sin saberlo...

–O sabiéndolo– le digo.

–Claro. Hay políticos, uno de ellos se apropió de la playa de Coñaripe (en el Lago Calafquén) bajo la figura del arriendo a 99 años.

El director del Museo Precolombino Carlos Aldunate, (abogado y antropólogo) mientras era profesor de Derecho estudió en 1970 los títulos de merced de algunas comunidades.

–En esa época el archivo eran legajos atados con un cañamito y escondidos por ahí en una oficina cualquiera. Nadie les daba mucha importancia, ni siquiera los mismos mapuches. Pero hoy en día con el valor de 50 millones la hectárea en el Lago Panguipulli donde no cabe un alfiler, las cosas han cambiado– afirma Aldunate.

–Y claro –agrega– comienzan las reivindicaciones de esos títulos. Los descendientes mapuches reclaman con legítimo derecho una usurpación porque la ley prohibía venderla, hipotecarla, remates y hasta dividirla.

Varias veces han intentado destruir el Archivo de Asuntos Indígenas. En 1983 sufrió un atentado incendiario. Hoy, todos los documentos están digitalizados.

–Yo creo –continúa Aldunate– que el Estado debería devolver esas tierras. No indemnizarlos ni comprarles en otro lado. No. ¡Devolver esas tierras! Un esfuerzo de Estado. No digo que sea la solución del conflicto mapuche, pero sí un comienzo devolverles la legalidad que el mismo Estado una vez les dio.

La inusual expansión de Temuco (es la segunda ciudad de mayor crecimiento después de Puerto Montt) se ha topado con que todo lo que rodea la ciudad es territorio indígena. Hay títulos de merced por donde hoy día pasan calles.

–Incluso donde están las bodegas de (una conocida multitienda)… es territorio de comunidades –cuenta un funcionario de la Intendencia–. El gobierno obligó a que el nuevo aeropuerto Maquehue se construyera donde no tuviera problemas con comunidades mapuches, ni ahora ni en el futuro. Por un tema estratégico.

Encontraron un terreno en Freire, 25 km al sur, donde instalaron el nuevo aeropuerto. Pero faltó investigación. El día previo a su inauguración el 22 de julio, amaneció tomado por mapuches de Quepe que reclaman que la pista de aterrizaje estaría sobre antigua tierra de comunidades mapuches.

Todo lo que rodea Temuco es o fue territorio mapuche según los títulos de merced. En el archivo tienen pegado en la pared un ejemplar actual de la Carta Bolognia; un mapa con todos los títulos asignados entre 1866 y 1929. Y, según ese plano, la periferia de Temuco es tierra mapuche.

A pocas cuadras del casino Dreams de Temuco, entre dos edificios hay un sitio eriazo cuyo dueño chileno lo tiene a la venta desde hace una década. Nadie quiere comprarlo porque lo reclama una comunidad mapuche que existió ahí en 1923.

La sede de Inacap recién inaugurada en Labranza, al oriente de la ciudad, colinda con otra comunidad mapuche plenamente vigente.

Y gente común y corriente también tiene problemas.

Maricarmen y Lucas, una joven pareja de profesionales santiaguinos, quieren comprar la parcela que arriendan hace unos años a una inmobiliaria camino a Vilcún. En la oficina obtuvieron una respuesta difusa. Un día, en una conversación casual, comentó el tema frente a su nana mapuche.

–Oiga –le dijo– ¿estos terrenos no serán tierra mapuche?

La amable mujer puso cara de dirigente sindical.

–Claro –le respondió sin soltar la plancha–. Yo misma soy secretaria de la comunidad. Antes éramos dueños de todo esto. Usted, si quiere, igual la puede comprar con abogados a esos señores. Pero los títulos de merced están. Los planos están.

Y quizás por el silencio de Lucas, ella agregó muy seria:

–Pero puede tener problemas. Quizás no ahora. Pero, ¿quién le dice que no, dentro de 20 años?