De acuerdo a las últimas cifras entregadas por Gendarmería de Chile (2023), en nuestro país hay 3.506 mujeres privadas de libertad, número que ha aumentado significativamente en los últimos años. El 89% de estas mujeres son madres y el 58% tiene al menos un hijo menor de 13 años (Larroulet et al, 2021).
Analizar estas cifras que involucran a mujeres y a niños y niñas, exige que seamos particularmente cuidadosos, reflexivos y también propositivos, en miras a su reinserción en nuestra sociedad, una vez terminado el cumplimiento de la pena.
Si bien el 84% de las mujeres privadas de libertad considera que es importante o muy importante encontrar trabajo para su proceso de reinserción, y el 56% lo busca dentro de los doce meses siguientes a su egreso (Larroulet et al, 2021), sólo el 26.8% ha recibido alguna capacitación laboral certificada dentro de la cárcel en los últimos 3 años (Gendarmería de Chile, 2023), que pueda mejorar sus expectativas de búsqueda. Así, las mujeres que salen en libertad se encuentran a su egreso con una situación similar a la que vivían al momento de ingresar a la cárcel: muchas continúan sin un oficio certificado y con dificultades para acceder a trabajos estables.
De hecho, al momento de ingresar, el 40.1% no contaba con actividad laboral ni oficio declarado, a diferencia de los hombres, en cuyo caso el porcentaje alcanzaba sólo el 6.2% (Gendarmería Chile, 2023). Vale la pena preguntarnos qué incidencia en esto tiene la dificultad que supone la conciliación crianza-trabajo y el hecho de que las labores de cuidado recaigan mayoritariamente en la mujer, en especial cuando es madre. No podemos perder de vista que en Chile hay más de 1.800.000 hogares monoparentales (CASEN 2017), de los cuales el 84% tiene jefatura femenina (CENSO 2017). Aquí la generación de ingresos y el cuidado recaen siempre en la misma persona.
Por eso, para fortalecer las condiciones en las que una mujer madre podría enfrentar la posibilidad de su reinserción social, es necesario prestar atención a tres elementos fundamentales: el bienestar emocional de la mujer, apoyando particularmente su salud mental; la capacitación y habilitación laboral, complementado con la posibilidad de ejercer un oficio que le permita ampliar sus potencialidades de inserción en diferentes rubros, y finalmente contar con apoyo al cuidado de sus hijos, activando una red fuera de la cárcel y poniendo foco así en todos los factores protectores tanto para la mujer madre como para los niños y niñas.
Además, es importante contar con un plan de prevención para mujeres que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad y en ese sentido se hace necesario generar políticas públicas y dispositivos sociales y comunitarios que fomenten la corresponsabilidad parental y faciliten el acceso a redes de apoyo para las familias- tales como acceso a sala cuna- junto con el apoyo y voluntad de empresas y organizaciones privadas, para que las mujeres que son madres o que podrían llegar a serlo puedan ser parte del mercado laboral en igualdad de condiciones que el resto de la población.
Hay más de 2000 niños y niñas que cuentan con nosotros para que sus vidas no vuelvan a quebrarse con un nuevo ingreso de su madre a la cárcel, y quién sabe cuántos más que, sin saberlo, descansan en nosotros para nunca tener que vivir algo así.