El estado de la salud mental de los chilenos es crítico. Si antes la situación ya era compleja por los altos índices de depresión que se manifestaban en las encuestas, con la crisis sanitaria, el escenario se agudizó aún más. El estudio Termómetro de la Salud Mental en Chile, realizado por la ACHS y el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, dio cuenta de ese fenómeno. De acuerdo al sondeo -publicado en agosto-, un 54,8% de las personas se sintió más agobiada de lo habitual, un 34,6% de los encuestados exhibió síntomas asociados a la presencia de problemas de salud mental y un 32% de las personas se declaró más deprimida que lo normal.

A pesar de aquello, nuestro país no cuenta con una Ley de Salud Mental que establezca un catálogo de derechos básicos para las personas que presenten este tipo de patologías. Hasta el momento, todo eso se encuentra regulado mediante normativas dispersas. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Plan de Acción de Salud Mental 2013-2020, estableció como meta que los países elaboraran o actualizaran sus legislaciones en el área, en Chile aún no se ha zanjado esa discusión. De hecho, somos parte del 40% de países del mundo que no tiene Ley de Salud Mental.

Lo que sí existe son programas que han permitido hacerle frente a esta problemática por parte de los diversos gobiernos. Así nació el Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025, que recoge los desafíos y estrategias del sector. Sin embargo, para el médico Gonzalo Cuadra, integrante de la comisión de salud mental del Colegio Médico, este tipo de intervenciones son aún insuficientes. “Hay una serie de cosas que son valorables y necesarias del plan, pero solo constituyen una hoja de ruta para mejorar salud mental de nuestra población. Que exista Ley de Salud Mental, en línea con recomendaciones internacionales de derechos humanos, es indispensable y tan importante como eso es que se lleve a la práctica esa legislación”, afirma.

Justamente, en el Plan Nacional, se establece como meta la creación de una normativa en 2020. Un objetivo que, hasta el momento, no se ha concretado, pese a que existe en el Congreso un proyecto de ley sobre la materia. La iniciativa, que ingresó en marzo de 2016 a la Cámara de Diputados/as, tiene que como objetivo resguardar los derechos básicos de las personas con patologías de salud mental. Una de sus autoras fue la diputada Marcela Hernando, que explica que la futura ley permitiría fijar estándares básicos para pacientes en situación de discapacidad psíquica. “Cuando se trata de personas que no son autovalentes, no se respeta ningún derecho. En algunas partes todavía se esteriliza a personas sin su consentimiento. Tener esta legislación permitiría reclamar este tipo de vulneraciones”, cuenta.

Lo mismo explica Matías González, psiquiatra de la Universidad Católica y autor del estudio Avanzando al desarrollo de una propuesta de Ley de Salud Mental en Chile: marco legislativo de promoción y protección de los grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo. “Con la ley se podrían proteger los derechos humanos de los pacientes con problemas de salud mental más graves: aquellos con patologías más complejas y sobre los cuales podemos generar un olvido como sociedad porque, al estar impedidos de tomar decisiones, no tienen voz”, afirma. Así, por ejemplo, se podrían regular las internaciones psiquiátricas involuntarias para adecuarlas al estándar internacional y cumplir así con lo establecido por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La futura legislación también debería considerar una mirada amplia, con inclusión plena y enfoque de género. Esto, porque históricamente las mujeres han reportado mayores problemas en el ámbito de bienestar emocional. La misma encuesta de la ACH-UC lo revela: mientras un 56,7% de las mujeres reportó sentirse peor o mucho peor respecto a la situación pre-pandemia, solo el 42% de los hombres indicó lo mismo. “Es necesaria la perspectiva de género en la normativa, sobre todo considerando cómo las mujeres vivimos los problemas de salud mental y cómo nos afectan a nosotras. Todo eso se puede garantizar con personal especializado, con capacitaciones a los profesionales, y fortaleciendo el rol del Estado esta materia”, enfatiza la abogada de la UC y directora de Derecho Público de Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Florencia Pinto.

A pesar del consenso respecto a la necesidad de la ley, existen miradas más escépticas dentro del mundo de la psicología sobre la futura legislación. Desde el Núcleo Milenio Imhay, institución que reúne a investigadores de diversas universidades del país, explican que aún se debe analizar la normativa para determinar si se adecúa a las necesidades y al mejoramiento real de la salud mental de los chilenos/as. “Hay indicaciones del proyecto que son posibles de mejorar. Pero más allá de eso, falta un debate para analizar si la ley es el camino más ventajoso o no. Sin duda, hay algo que hacer para que mejore el acceso y la calidad de la salud mental. Tenemos que dar esa discusión, e independientemente de lo que pase, es importante que la normativa vaya asociada a recursos. No basta con una declaración de principios, sino que necesitamos que tenga una implementación”, reflexiona su directora, Vania Martínez.

Y es que Vania además, como académica de la Universidad de Chile, participó en el lanzamiento de la campaña denominada Salud mental es salud -también de la casa de estudios-, donde justamente se hizo un llamado a las autoridades a aumentar los recursos destinados al área. Actualmente, Chile invierte apenas el 2% del presupuesto sanitario en salud mental, una cifra considerablemente más baja al 5% recomendado por la OMS. A pesar de aquello, la diputada Karol Cariola, integrante de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados/as, explica que los recursos no están contemplados en la nueva normativa e indica que aumentarlos es indispensable para poder asegurar la universalidad de las prestaciones. “Tener acceso a un buen tratamiento termina siendo un privilegio de unos pocos. Necesitamos disponer de recursos que permitan implementar una política de salud mental efectiva para los chilenos y chilenas, sin discriminación”, afirma.

Reflejo de la falta de recursos es lo que ocurre en el sector público. De acuerdo a datos entregados por el Minsal al Congreso (19 de octubre 2020), en la actualidad existen 625.000 personas en tratamiento por trastornos de salud mental en la Atención Primaria de Salud, lo que corresponde a una cobertura del 22%. Además, la población recibe en promedio 4 prestaciones durante el año, algo que, según la psiquiatra Vania Martínez, es bajo para poder tratar enfermedades complejas. “Por ejemplo, en el caso de la depresión, la indicación es que las personas reciban terapia con frecuencia semanal y de alrededor de 12 sesiones. Eso no se cumple. Hay una brecha entre lo que señala la evidencia y lo que se hace”, dice.

Para que la futura ley cuente con un presupuesto más robusto, de acuerdo a los expertos/as, es necesario que se termine con la estigmatización que existe hacia la salud mental para así derribar una falsa creencia: que este tema no tiene impacto en la economía de los países.

El estudio Ampliación del tratamiento de la depresión y la ansiedad: un análisis del retorno de la inversión global demostró que el tratamiento efectivo de los trastornos mentales “comunes” -como la ansiedad y la depresión- conduce a grandes ganancias en la productividad económica de los Estados. Así lo explica también la psicóloga de la Universidad Católica, Mariane Krause: “Los problemas de salud mental inciden fuertemente en el bolsillo de los países y eso está estudiado. El costo que implica tener una tasa importante de problemas como, por ejemplo, la depresión; es alto. Es un buen argumento para decir que la salud mental es importante no solo desde el punto de vista ético, sino también económico”, dice.

La inversión, sin embargo, no se debe centrar únicamente en tratamientos y atención primaria. Tan importante como eso es la prevención y promoción de la salud mental para bajar la tasa de incidencia de estas problemáticas. “Uno de los principales déficit que tiene este sistema de salud es que no le da prioridad a los procesos preventivos. La salud mental tiene un aspecto preventivo fundamental y que tiene que ver con entregar herramientas, con entregar condiciones a los ciudadanos, para enfrentar de mejor manera procesos difíciles a lo largo de la vida”, afirma la diputada Karol Cariola.

Pero Gonzalo Cuadra va más allá y apunta un mejoramiento integral de las políticas públicas, en todo ámbito, para cuidar la salud mental de la población. “El área asistencial es la punta de pirámide del conjunto de intervenciones que se requieren para velar por el bienestar de las personas. Por eso, otras políticas públicas son tanto o más importantes para proteger la salud mental como las que hay hasta el minuto”, indica. Lo mismo explica la psicóloga Mariane Krause: “La promoción va más allá de una ley específica o de un ministerio. Es transversal, de manera que requiere de dictámenes del gobierno central. Hay muchas cosas que inciden en la salud mental, por lo tanto en cada repartición pública se tiene que promover el bienestar de las personas”, dice.

Así, el tema de la salud mental podría tener, incluso, una bajada en el debate de la nueva Constitución. “La salud mental hay que consagrarla en la nueva carta fundamental. Ha sido una de las grandes demandas del pueblo movilizado, se ha hablado muchísimo del tema y si no nos hacemos cargo, estaríamos haciendo una Constitución que tiene problemas. Al estar en el texto constitucional pasa a ser una realidad, de la cual nadie podría hacer oídos sordos”, finaliza la abogada Florencia Pinto.