“En cuarentena seguimos menstruando”. Con este y otros lemas diversas agrupaciones feministas y mujeres en general se sumaron a una suerte de campaña improvisada por redes sociales, en la que criticaron al gobierno por no incorporar toallas higiénicas o tampones en la caja de alimentos e insumos básicos que se entrega a las familias más vulnerables del país en el contexto de la pandemia. Quienes fueron parte de las críticas argumentaron que se trata de elementos básicos y esenciales en la cotidianeidad de las mujeres, quienes representan al 51% de la población.

Pero no es la primera vez que los productos de higiene o salud menstrual han sido parte de las exigencias hacia el gobierno. En enero de 2019 un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley en el que solicitaban la distribución gratuita de productos de higiene menstrual en establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado, establecimientos de salud públicos, cárceles, albergues y a personas en situación de calle. La idea –dice el documento– es generar un cambio cultural y comercial a partir del cual se entienda que dichos productos son un bien de consumo básico que toda mujer debería tener garantizado.

En el texto se explica también que “se estima que en nuestro país las mujeres destinan en promedio 4 mil pesos mensuales para la compra de productos menstruales como toallas, tampones o copas menstruales, por lo que el gasto anual se elevaría a 48 mil pesos”. También se reconoce que “el cuidado de la menstruación arrastra una significativa carga presupuestaria que deben asumir las mujeres durante gran parte de su vida por el solo hecho de ser mujeres. Si nos aproximamos a la realidad nacional, los productos de higiene femenina son caros tomando en consideración el valor actual del ingreso mínimo”.

En esto coincide la abogada de la Corporación Miles Chile, Laura Dragnic. “Para entender este tema es necesario tener en cuenta la precariedad laboral y por tanto la precariedad económica en que se encuentran las mujeres en Chile. Uno de los últimos informes de Fundación Sol refleja que un 64% de las mujeres ocupadas tiene una remuneración por debajo de la línea de la pobreza. En este contexto, los productos de higiene menstrual, en los precios en que actualmente se comercializan, se transforman en insumos caros e incluso inaccesibles para la mayoría de las mujeres del país”, explica.

En el proyecto de ley se plantea que “este tipo de artículos debieran ser considerados bienes de primera necesidad, pero ello no es así. En realidad, estos productos no sólo tienen un alto costo, sino que además están sujetos al mismo tributo aplicado a cualquier otro objeto o artefacto. Nos referimos al impuesto al valor agregado (IVA), principal gravamen al consumo en Chile que aplica una tasa de 19% a las ventas de bienes corporales muebles e inmuebles”. Y se hace referencia a países como Escocia, Canadá, Francia, Estados Unidos, Australia, Suiza y Alemania, que han adaptado su legislación para abaratar el precio de estos productos.

Y en Latinoamérica también hay experiencia respecto de este tema. En Colombia, por ejemplo, en la reforma tributaria de 2016 (Ley 1.819), el Congreso de la República estableció que los productos de higiene femenina, tampones y compresas, quedarían con un IVA del 5%, menos que el promedio de productos gravados por este impuesto, que en su momento era del 16%. Un logro alcanzado por la red Género y Justicia Tributaria y su campaña ‘Menstruación Libre De Impuestos’. Meses después, la Corte Constitucional eliminó por completo el cobro de impuestos a tampones y tollas higiénicas al considerar que puede ser una forma de discriminación directa.

Laura Dragnic dice que en Chile, en cambio, estamos lejos de eso y que la entrega de la caja es un ejemplo de aquello. “Sabemos que la canasta que se entrega en estos días puede ser un apoyo para las personas que están viviendo en una precarización muy grande, pero olvida a las mujeres y demuestra que no hay intención de generar políticas públicas con un enfoque de género determinante. Se invisibiliza el fenómeno fisiológico que es la menstruación, relegándolo al ámbito de lo privado. Justamente lo que hace tiempo viene pidiendo el movimiento feminista: que se deje de ver a la menstruación como una problemática individual de las mujeres y se entienda como parte de las políticas públicas”.

Mila Camacho, profesora de literatura y sexualidades y terapeuta menstrual, dice que “debido al trato –o no trato– que se le ha dado a la menstruación, se ha transformado en un tema oculto y en una situación personal. Se atiende como personal algo que realmente es político. Y es político porque el mantener a la menstruación y los procesos de las personas que tienen útero como un misterio, lo que hace finalmente es que se pueda tener un control sobre ellos”, explica. “Se sigue relegando su importancia y no se toma en cuenta que en casi todos los hogares del mundo hay al menos una mujer que menstrua. Cada vez que se hacen canastas viene leche, aunque no todos toman leche o papel higiénico”, reclama e insiste en que esto se debe a que se intenta mostrar a la menstruación como un “problema personal”.

Y da el ejemplo de las cárceles. “Las mujeres privadas de libertad no reciben productos menstruales, sin embargo, a los hombres sí se les entrega una máquina de afeitar. No afeitarte no te genera ningún problema, pero no tener ninguna alternativa para menstruar es un tipo de violencia. Para que esto deje de pasar, debemos visibilizar a la menstruación como algo natural y eso parte por dejar de ponerle nombres que la oculten”, dice.

Finalmente el no contar con productos para la higiene menstrual hace a las mujeres más vulnerables en un mundo donde son constantemente vulneradas. “Y esto no ocurre sólo ahora en la pandemia y con la caja del gobierno. Tampoco hay regularización en los productos químicos que contienen las toallas o tampones; no hay una reglamentación que diga que algo no puede ir ahí, y estos productos los usan nuestras niñas y nosotras por mucho tiempo. Por eso saliendo del Estado de Emergencia, hay que corregir muchas cosas. Que el Estado le entregue productos de salud menstrual a las mujeres privadas de libertad; que en las escuela publicas también se entregue un paquete por mensual por familia; que haya un protocolo de salud menstrual en las escuelas y universidades. Hasta que logremos visibilizar que la menstruación es un tema público y no es una cuestión privada y personal”.