Pensiones de alimentos: Colapso en los Juzgados de Familia de Santiago

La Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos comenzó a operar el 20 de mayo de 2023 y hoy, a poco más de un año de su implementación, los Tribunales de Familia han solicitado el pago de más de 830 mil millones de pesos a los deudores de pensión de alimentos. De esta cifra, ya se han cancelado más de 318 mil millones. Popularmente, se habla de “papitos corazón” debido a que, del total de deudores, el 97% son hombres y el 2,92% son mujeres.

Antes de esto, en noviembre de 2022, ya había en vigencia la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Si bien, a grandes rasgos, ambas leyes han funcionado correctamente, ya que se ha comprobado que ciertas restricciones como la prohibición de inscripción de venta de vehículos y bienes inmuebles o la denegación para renovar la licencia de conducir, se cumplen, existe una problemática que hasta ahora no se conocía.

Desde su escritorio en el Segundo Juzgado de Familia de Santiago, la jueza Macarena Rebolledo se prepara para una nueva jornada revisando causas pendientes de liquidación de deudas de pensión alimenticia. Estas son de enero y nos encontramos en el mes de mayo.

La solicitud de liquidación de la deuda de pensión de alimentos es un trámite judicial que permite saber si existe o no una deuda de pensión de alimentos. Se trata de uno de los trámites más solicitados por las personas que tienen una causa de pensión de alimentos, ya que permite conocer oficialmente, a través del tribunal, las fechas y montos de todos los pagos y abonos, junto con los períodos impagos.

La jueza Rebolledo lo confirma. Dice que debe revisar 200 causas diarias y que demora aproximadamente 10 minutos en cada una, dependiendo de la complejidad. Su jornada laboral inició alrededor de las 8 de la mañana y terminará a eso de las 10 de la noche. Es decir, le faltarán horas en el día para terminar su labor. “No tenemos suficientes funcionarios para hacer este trabajo”, añade.

Misma experiencia que relata la jueza del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, Luz María Barceló: “Entro a la mañana siguiente y tengo 20 del día anterior y ya 18 de ese día (...) Yo digo: ¡Ay no! ¿Broma? ¿En qué minuto? Es como que el sistema siempre te gana. Siempre”.

El 2 de junio de este año, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género publicó en su cuenta de Instagram (@minmujeryeg) un afiche sobre un proyecto de asistencia judicial conjunto entre la Subsecretaría de Justicia y la Corporación Asistencia Judicial, que planea beneficiar a cerca de 6 mil mujeres de la Región Metropolitana. Este proyecto promete entregar orientación y representación jurídica, y difusión de la Ley de Responsabilidad Paternal y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. Según el Ministerio, esto busca “agilizar la tramitación de causas vigentes”, lo que constituye el mayor desafío de los juzgados de Familia hoy en día.

Y es que, si antes de la pandemia una liquidación de deuda de pensión alimenticia demoraba dos semanas, hoy es un proceso que dura varios meses, llegando incluso a un año en algunos casos.

Un funcionario del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago explica que cada día liquida aproximadamente 21 deudas y suele tardar entre 15 minutos y una hora por cada una, dependiendo de la complejidad de la causa. “Puedo mostrar ahora cómo firmo yo. A mí me llega una ‘bandeja’ donde vienen las liquidaciones actualizadas. Esta semana no había tenido nada, y ayer me llegaron como 600″, cuenta señalando el monitor.

A la conversación se suma la jueza Luz María Barceló, quien comparte el agobio del liquidador. “Ya tengo 103 pendientes, me van cargando todo el día”, dice para dar cuenta de que no están dando abasto, ni el sistema ni los trabajadores. “Trato de tener mi firma en cero. Pero no es raro que entre (al sitio web) media hora después y ya tenga 50. Y sólo podemos firmar hasta las 10 de la noche, porque a esa hora el sistema cierra para firmar, porque se notifica a la gente”.

Según información brindada por los Juzgados de Familia de Santiago, para los cuatro tribunales hay actualmente 40 funcionarios liquidadores de deudas, quienes deben revisar aproximadamente mil causas pendientes cada mes. Para ello no es requisito ser abogado, basta con haber cursado la enseñanza media.

El abogado de familia, Aníbal Cordero, comenta que es tanta la demanda que estos cuatro juzgados cuentan con una unidad especializada de liquidación. Es decir, “funcionarios que solamente se encargan de liquidar pensiones de alimentos para poder llevar adelante la situación”, detalla.

La abogada de familia y asesora legal, Camila Valderrama, asegura, basándose en las causas que ha orientado, que los Juzgados de Familia de Santiago tienen una espera de hasta nueve meses. También recuerda que durante enero y febrero fue “un tribunal muerto”, ya que solo había dos liquidadores para más de 1.500 causas.

“La falta de funcionarios es grave. Hay muchos que están con licencia médica psiquiátrica por el estrés que provoca esto (...) y tampoco se pueden equivocar, porque eso implica un atraso enorme en la causa. Es muy complicada esta pega”, sostiene.

La mayoría de los hogares fijan judicialmente una pensión alimenticia que debe ser cumplida todos los meses. Sin embargo, además de esto, existen acuerdos directos entre las partes, que corresponden a pagos aislados que no están contabilizados dentro de la pensión fijada por el tribunal. Por ejemplo, colegiaturas, uniformes escolares, útiles, entre otros. Muchas veces, estos pagos “extras” no son saldados, por lo que la parte afectada presenta una denuncia al tribunal, en donde se exige lo que se conoce como una nueva liquidación de deuda, es decir, una nueva fijación de pensión alimenticia, ya que ese gasto que se había prometido pagar no se está cumpliendo.

Es entonces cuando comienza un proceso engorroso y lento, debido a que quienes realizan las liquidaciones de deudas deben revisar cada caso manualmente y de forma minuciosa. Según los funcionarios entrevistados, es necesario exigir todas las boletas de la parte demandada para comprobar si existe o no un fallo en el pago, y además se debe verificar que no sean falsificadas, considerando que existe una tendencia entre los deudores a intentar evadir el pago mediante alteraciones en estos documentos.

El carácter manual de este trámite ha desencadenado un desfase temporal de hasta nueve meses en los Juzgados de Familia de Santiago. A raíz de esto, las causas se acumulan y muchas familias deben seguir a la espera de millones de pesos. La situación es tan crítica, que no son pocas las madres que han tenido que costear asesorías legales frente a una respuesta que no llega.

“Yo estaba feliz con la nueva ley, pensé que iba a avanzar rapidito, que todo iba a ser mucho más práctico (...) Creo que me ha dado muchos más dolores de cabeza que antes, porque tengo que estar insistiéndole al Poder Judicial”, cuenta Marlene, a quien su ex pareja le debe $2.544.000 de pensión alimenticia.

Para evitar contratiempos, la jueza Rebolledo del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, recomienda evitar los pagos directos entre las partes (demandante y demandada), es decir, aquellos fuera de los gastos de la pensión fijada por el tribunal. Lo correcto es, desde un comienzo, hacer un registro minucioso de los gastos mensuales totales del hijo o hija y establecerlos dentro de la pensión fijada. Así se evita el proceso de incumplimiento y posterior liquidación de deuda de forma manual.

Durante la pandemia, con el retiro de fondos de las AFP, se registró un gran aumento en las demandas de cumplimientos por pensión alimenticia, dado que la ley favoreció a las partes demandantes pudiendo solicitar el 10% de los fondos de jubilación de quienes se encontraban con deudas de esta índole.

A nivel país, el año 2019 había 119.667 causas, las que aumentaron el 2022 a 196.300, es decir, crecieron un 32,6%. Es que ese año comenzó a funcionar la ley de Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, sitio donde ingresan padres o madres que adeuden tres meses consecutivos o cinco meses discontinuos de pensiones de alimentos y que posean una resolución judicial que haya ordenado el pago de las mensualidades. Dos años después, en mayo de 2024, la Corte Suprema informó que los Tribunales de Familia efectuaron 1.368.801 consultas a instituciones bancarias para retener los fondos de los deudores.

Sólo en los cuatro Juzgados de Familia de Santiago, en 2019 existía un total de 12.065 causas de cumplimiento y en 2023 éstas llegaron a 40.239, es decir, más de tres veces. Pese a esta explosión, se ha logrado el pago de 162 mil millones de pesos desde los fondos de las AFP de los deudores de pensiones de alimentos.

*Datos provenientes de Poder Judicial.

La ley de Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia también estableció también que la pensión de alimentos debe ser expresada en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Esta es una medida tributaria cuyo monto en pesos se determina por ley y se actualiza mensualmente de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC), que refleja las fluctuaciones del costo de vida. Esta unidad de medida ha dificultado a los magistrados la labor de las liquidaciones. Así lo relata la jueza del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, Luz María Barceló. “Si bien el cambio es más justo, porque tiene reajustabilidad automática todos los meses -dice- para uno como juez es mucho más difícil de leer, porque tienes que leer en UTM (...) Nosotros tenemos que ir a la calculadora en UTM y ahí nos dice el mes y el valor de ésta para poder ir reajustando. Esto toma mucho más tiempo”.

El funcionario del Cuarto Juzgado de Familia aclara que “al entrar en vigencia la ley, cada conciliación, mediación, transacción o sentencia, debe ser establecida en UTM. Si es anterior a esa fecha, se liquida de forma manual, y si la persona pide la conversión de la pensión de alimentos en UTM, se convierte, y se realiza manual hasta ese mes, porque al mes siguiente, debe procesarse la liquidación automática en UTM”, explica.

Por la complejidad de la conversión, hace meses las liquidaciones de deudas por pensión alimenticia comenzaron a incluir un párrafo con la cifra de la deuda en pesos chilenos y la convertida a UTM, para atenuar las confusiones y asegurar que la conversión sea correcta.

La jueza Barceló confiesa que este cambio fue difícil para todo el rubro: “Nosotros no lo entendíamos, los mismos abogados decían ‘no entiendo’. Venían acá (al juzgado) para que les explicara uno en qué consistía la liquidación y todo eso”.

Tras varias conversaciones con abogados de familia y madres afectadas se destapó que el problema se repite en otros tribunales de la capital. Los testimonios de estas últimas revelan que la mayoría ha optado por contratar asesorías legales o buscar ayuda en grupos de Facebook. También, en algunos juzgados, está la alternativa de solicitar una videollamada con un funcionario del Poder Judicial.

Marlene Albornoz (35) es madre de una adolescente de 17 años. La última liquidación de deudas que recibió fue el 5 de febrero -tres meses antes de la entrevista- por un periodo de 21 meses adeudados. Al consultarle si recurrió a una videollamada con el Poder Judicial para obtener más información de su caso y los plazos, contesta que en Puente Alto esa opción no está disponible. “Solamente me queda ir al juzgado”, añade. Sobre las asesorías legales, cuenta que solicitó dos y que en ambas le cobraron $15.000 por sesión, y que también accedió a pagar $45.000 por subir un escrito. “Llevo pagada toda la asesoría, en la que ellos me han indicado cuáles son los pasos a seguir. Por eso ya sé más o menos qué tengo que hacer primero. Pero eso significa gastar dinero que me cuesta mucho y, claro, me falta una ayuda, igual estoy coja. Me hago cargo sola de todo”, sostiene con impotencia.

Marcela Mena (30) tiene una hija de tres años. Esperó cuatro meses para la liquidación de la deuda total. Su causa la lleva el Segundo Juzgado de Familia de San Miguel. “Uno se informa por Instagram, por estas abogadas que ayudan a través de su cuenta, y averiguando por internet, en grupos que hay en Facebook, así como grupos ‘Papito Corazón’. Ahí uno se va informando sobre el tema de la liquidación de deudas”, afirma. En dichos grupos -agrega- hay madres que relatan sus experiencias en los juzgados y también trabajadoras sociales que ayudan en el proceso.

Al hablar con Noelia González (31), aflora su rabia debido a los cinco meses de espera que ha tenido que soportar en el Juzgado de Familia de Talagante por las deudas del padre de su hijo mayor. Pero al mismo tiempo se ríe con ironía de lo experta que se ha vuelto en la materia. Tanto, que hoy incluso ayuda a otras personas que atraviesan el mismo proceso. “Mira, tengo una amiga que a su hijo mayor le deben cerca de 17 millones de pesos. Ella no c cómo se hacía esto, así que lo conversamos el año pasado. Yo le dije: primero tienes que pedir la liquidación de deuda para poder iniciar el proceso”, explica. En el caso de su amiga, son siete meses de atraso. Esto la enoja, “porque se pierde mucho tiempo en donde se podría estar pagando, y se sigue acumulando la deuda”, recalca.

Noelia también critica la falta de respuestas del Poder Judicial y la humillación que significa insistir por el dinero que les corresponde a ella y a su hijo de diez años. “Es humillante, porque tienes que estar mendigando. Imagínate, a mí en un momento en una de las videollamadas (...) la señora del Poder Judicial me dice ‘pucha, vaya hasta el banco y pregunte por qué no le han dado respuesta’. Yo, una persona civil, ¿A qué voy a ir si no le han dado respuesta al juez que emitió la orden en junio del año pasado? ¿Por qué yo tengo que ir a hacer eso?”, concluye con desgano.

El abogado de familia Aníbal Cordero empatiza con las madres. Su vasta experiencia lo ha vuelto testigo de lo agotador que puede ser este proceso. “La gente al final se desilusiona del sistema o se cansa, que es totalmente entendible. O intenta buscar un abogado particular, y no todo el mundo tiene para costearlo. Justamente se está buscando el cobro de la deuda porque falta ese aporte económico”, explica.

Cordero dice que una asesoría legal en la materia cuesta en promedio entre $30.000 y $90.000, exceptuando algunos abogados que ofrecen servicios gratuitos, principalmente por Instagram. El tipo de asesoría, aunque puede variar entre un abogado y otro, en general incluye un estudio de la causa y situación de la persona, revisión de antecedentes y, eventualmente, algún presupuesto.

Para los expertos el problema se origina cuando se crea la ley. Explican que muchas de las leyes que se han aprobado y que tienen relación con los Tribunales de Familia, no vienen con recursos asociados. Esto tiene como consecuencia una sobrecarga en las distintas áreas que se deben hacer cargo.

Por eso, explican, las leyes deberían considerar el presupuesto necesario para que el Poder Judicial pueda ejecutar las nuevas normas. Y en algunas ocasiones, es necesario aumentarlo si se le exigen nuevas funciones y la creación de nuevas unidades, ya que conlleva la contratación de más funcionarios.