Pacientes que cuando les dan el alta, nadie los va a buscar. Parece un error, pero es la situación que se vive actualmente con cerca de 20 personas mayores en el Hospital de La Florida, quienes permanecen hospitalizadas a pesar de que ya cuentan con las condiciones de salud para salir del recinto. Una de ellas es María (usamos un seudónimo para resguardar su identidad) de 85 años. Este mes cumplirá un año hospitalizada, a pesar de que hace meses que podría haberse ido a su casa. Ingresó por segunda vez al hospital en enero del año pasado y ya había estado anteriormente allí. “Decidimos dejarla porque volvió con una infección renal debido a que no tuvo un cuidado pertinente en su proceso de orinar”, cuenta Denisse Pulgar, Jefa de la Unidad de Atención Integral de Hospitalizados.

María tiene dos hijos, una de 43 años que vive en Concepción y otro de 40 años que vive en Santiago de allegado en su propia casa. “Había salido de la primera hospitalización con todos los resguardos pertinentes que solicitamos a sus hijos. Lamentablemente hubo un primer abandono por parte de su hija, que se fue a vivir al sur, y se quedó con su hijo que tiene problemas de alcohol y drogas. Alcanzó a estar cuatro meses en su casa y regresó en peores condiciones”, asegura Denisse.

Ese es el perfil de estos pacientes, que se denominan sociosanitarios. Gonzalo Leiva, Subgerente de Atención Integral al Usuario del mismo hospital, explica que hay una diferencia. “Hay pacientes que vienen con un problema de habitabilidad, que tienen quienes los cuiden, pero necesitan de ciertas condiciones espaciales para el alta. En esos casos nos organizamos con la redes para que eso se cumpla antes de que salgan del hospital. Estos son los que llamamos casos sociales. Otra cosa son los sociosanitarios”. Estos últimos –definido por el Minsal– son aquellos que dada su condición de salud son hospitalizados y, a su vez, presentan doble condición de riesgo: una dependencia de cuidados sanitarios y una dependencia social y que debido a esta, no pueden ser dados de alta médica

Patrichs Rosales es Director (s) y Subdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Hospital de La Florida. Recalca que este no es un problema de salud, es social, y que la gestión que hace el hospital es para apoyar una labor que corresponde al ministerio de Desarrollo Social. “Hemos hecho muchas gestiones, como comprar pasajes para trasladar a pacientes y que puedan quedar con familiares que se hagan cargo de ellos, pero eso no es parte de nuestra responsabilidad. Lo hemos hecho porque entendemos que el paciente lo requiere, ya está acá con nosotros. Y además, si no sale ese paciente, no podemos ingresar a otra persona”, agrega.

“Pero estamos funcionando con voluntades, ese es el problema”, complementa Maritza Ortega, Coordinadora de Usuarios Sociojuridicos y Sociosanitarios. Se trata entonces de un problema a nivel país. “El 2016 se hizo el primer estudio de categorización de usuarios sociosanitarios por parte de Subsecretaría de Redes Asistenciales. Luego de eso, nos dijeron que la respuesta sería la implementación de 100 camas a nivel nacional. Todos los que estamos en terreno sabemos que eso es totalmente insuficiente, porque solo en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO) hoy tenemos cerca de 100 pacientes en esa condición”, explica Maritza.

Este no es un problema nuevo. Cuando se hizo el primer catastro en 2016, se determinó que existían más de 2.200 pacientes sociosanitarios en todo Chile. En esa fecha el Hospital Regional de Concepción tenía el récord de la estadía más larga registrada, con un paciente que llevaba 2.221 días “de alta”.

¿Qué pasa con esas familias?

A comienzos de este mes –cuenta Gonzalo Leiva– tuvieron el caso de un señor de edad que dieron de alta. “Llamamos a sus hijas y se comprometieron a venir a buscarlo un miércoles. Llegó ese día, y no pasó nada. Luego volvimos a llamar y dijeron que vendrían el lunes siguiente. Tampoco llegaron. Esa fue la primera vez que tuve que mostrar la ley, como una especie de amenaza, para notificarles a esos familiares que si no se llevaban a su padre, lo que a nosotros nos tocaba era hacer es que se cumpla la ley. Solo así aceptaron”.

Gonzalo se refiere a la obligación de ascendientes y descendientes de prestarse alimentos, que viene recogida en el artículo 143.2 del Código Civil. Por alimentos se entiende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Es decir, los hijos están obligados a prestar a sus padres asistencia cuando ellos mismos no se la pueden procurar.

Pero la judicialización es el último recurso para el equipo del Hospital de La Florida. “Hay familias que efectivamente tienen las condiciones para cuidar a sus adultos mayores. En esos casos sí podemos hablar de abandono y ahí apelamos a esas figuras legales. Hacemos un trabajo de vinculación, les hablamos y hasta les hemos hecho cariño a los hijos. Si a pesar de eso no entienden, pasamos a la instancia legal”, cuenta Maritza. Pero hay muchos otros casos en los que el proceso de judicialización puede terminar vulnerando a estas personas mayores. “Es distinto que una persona mayor ingrese por maltrato, por abuso, a que nosotros después en el transcurso de la atención detectemos negligencia en los cuidados o abandono”, agrega.

Carolina Castillo es Técnico Social y tiene mucha experiencia en este tipo de pacientes y en el contacto con sus familias. “Tenemos que saber qué hay detrás de cada paciente, conocer su historia y entender por qué llegan al punto de no querer hacerse responsables, qué pasó ahí. Muchas veces hay casos de personas mayores que fueron abusadores sexuales de sus propios hijos o de sus familiares; o que ejercieron violencia doméstica con sus parejas, hijos e hijas, y esa es la razón por la que ahora, esos hijos o hijas no quieren cuidar a sus padres. Nuestro trabajo es entender esas complejidades, no es solo llegar y legalizar”, dice. Maritza Ortega, complementa: “Eso es super normal. O mujeres que abandonaron a sus hijos y ahora que están en la etapa en la que dependen de otros, esos hijos no quieren hacerse cargo de ellas. Por más que lo diga la ley, nosotros no podemos obligar a alguien a hacerse cargo de un papá abusador, o de una mamá que los abandonó”.

En esos casos en que la judicialización no es la salida, se trabaja con la red vecinal: amigos o vecinos que se puedan hacer cargo. Francisca Labbé es la Jefa de turno en urgencias. “Es importante y necesario ver el contexto en el que vive la gente, más que buscar culpables. Por eso es que para mí esto debe partir antes; la prevención y el enfoque comunitario es el futuro”, dice. Mientras, el trabajo de los y las asistentes sociales es notable, ya parecen la PDI. “Cuando llega una persona a la urgencia los chicos hacen un trabajo de joyería, porque muchas veces no hay ningún antecedente de esa persona. Entonces buscan hasta por las redes sociales para encontrar a alguien. De hecho hace dos días un señor al que teníamos que darle el alta me dijo: ‘busque a mi hija que se llama de tal manera en Facebook’. Y la encontré y le mandé un mensaje. Todavía no me contesta”, cuenta Francisca.

“Es que el objetivo es darles un alta integral, no solo nos preocupamos del papeleo típico del alta, sino que nos aseguramos de que esa persona se vaya a un lugar donde estén las condiciones necesarias para vivir bien. Muchas veces las personas mayores llegan acá con diabetes avanzada y es porque nadie los lleva a sus controles, o los supervisa en la toma de medicamentos, entonces no los toman bien y empeoran”, agrega Denisse.

Una tercera opción son las casas de acogida, pero hay muy pocas, y son como albergues, no tienen las condiciones para una persona que viene saliendo de una hospitalización. O las camas sociosanitarias del Hospital San José de Maipo, que son 20 y siempre están ocupadas. En resumen, los dispositivos finales de salida para estas personas son pocos. De hecho a la señora María la postularon a todas las opciones de salida y llevan más de seis meses esperando. Y en todo este tiempo ha ido empeorando, pues ahora tiene una infección intrahospitalaria. Es que, a diferencia de lo que creen muchos de los familiares, “un hospital está lejos de ser el mejor lugar para una persona mayor”, reconoce Leiva.

“El riesgo que se corre cuando las personas mayores quedan hospitalizadas por sus condiciones sociales posterior a un alta clínica, es que se vuelvan a enfermar porque no están solos, no están aislados, los mueven constantemente de cama. Cuando hay una red familiar este es un atenuante que uno le dice a la familia, que acá no van a estar mejor; se adelgazan, se desorientan, se postran, les salen escaras, etc.”, complementa Maritza.

¿Quién se hace cargo?

Chile es unos los países latinoamericanos que ha experimentado un acelerado incremento de su población adulta mayor, esperándose que hacia el 2040, sobre un 20% de la población supere los 60 años y el 6% alcance los 80 años. Esta realidad exige un urgente replanteamiento de las políticas públicas que permitan dar respuestas a este escenario de envejecimiento poblacional.

“La realidad en el país es que hay personas que son añosas viviendo y cuidando a otras personas que son más añosas. Y no hay nadie que se haga cargo de ellos”, dice Denisse Pulgar. “Este es un punto esencial. Si nosotros ponemos esto en el típico esquema del iceberg, nosotros seríamos la punta que se ve fuera del agua. Pero más abajo, todo el resto de los dispositivos: el Estado, los privados, la sociedad civil, no están viendo a estas personas mayores”, agrega Gonzalo.

Si se miran los porcentajes de camas utilizadas por estos pacientes, se ve un número bajo, del 1 o 2%. Pero en términos de costos es alto porque un paciente que no es sociosanitario, en promedio está entre 7 u 8 días por cualquier patología básica; el paciente sociosanitario, en cambio, por parte baja se queda 30 días, en una cama que podría estar ocupando otra persona. El impacto es muy alto para los prestadores de salud.

“Este es un hospital público que tuvo que fortalecer el lado social, uno que muchas veces no está en otros lados donde hay enfermeros, matrones, pero no asistentes sociales. Nosotros miramos ambas caras de la moneda, la salud, pero también el lado social, y a eso es lo que deberíamos apuntar, no solo a nivel local sino que a nivel de salud pública, de Estado”, dice Patrichs Rosales. Y también –agrega Leiva– relevar el rol de las asistentes sociales dentro de los hospitales y centros de salud, porque son claves para una atención integral. “No sacamos nada con atender el problema de salud y enviar a las personas con indicaciones de cuidados, si no nos aseguramos que esos cuidados se van a llevar a cabo, de lo contrario esos son pacientes que van a volver”.

Como María, y otros, que cada cierto tiempo le piden al equipo que llamen a sus hijos. “¿Cómo le explicamos a una persona que nadie la quiere venir a buscar?”, dice Denisse. “No es fácil. Por mientras no nos queda más que contenerlos y esperar que esto alguna vez tenga solución”.