“No conozco a ninguna mujer para quien su cuerpo no sea un problema fundamental”, dice la intelectual y feminista estadounidense Adrienne Rich en su libro Nacemos de mujer: La maternidad como experiencia e institución. Y es también la frase con la que comienzan las conclusiones de la Primera Encuesta Nacional Sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica en Chile 2019–2020, realizada por la Colectiva Contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica.
En ella, las investigadoras Stella Salinero, Carmen García, Thania Guzmán, Daniela Vargas y Manuel Cárdenas entrevistaron a 4,552 personas cuyo sexo asignado al nacer fuera de mujer, mayores de 18 años, que hayan asistido alguna vez a atención ginecológica en Chile y que se encuentren residiendo en el país desde hace al menos seis meses. Las edades de las entrevistadas fluctuaron entre 18 y 82 años, el 98.5% es de nacionalidad chilena y el 1.5% extranjera. Además, el 15.5% se siente parte de algún pueblo originario, el 4% se considera afrodescendiente y el 55.5% tiene hijas o hijos.
Lo primero que se deduce después de este trabajo es que “en ginecología, los malos tratos y la violencia, la sensación de vulnerabilidad, la medicalización y la patologización de procesos naturales son parte de la experiencia común de muchas usuarias de estos servicios, y se han asociado con graves consecuencias para la salud. Otra importante consecuencia del abuso en el contexto de la atención de salud ginecológica es que las consultas no se realicen en los tiempos esperados, que se postergue importantes exámenes rutinarios o que definitivamente se abandone la atención ginecológica”, cuenta Stella Salinero.
Cuando hablan de violencia ginecológica, se refieren a todas aquellas prácticas realizadas por integrantes del equipo de salud que pueden implicar una atención o tratamiento deshumanizado, el uso de procedimientos innecesarios o intencionalmente dolorosos, el abuso de medicación, la transformación de procesos naturales en patológicos, la denegación de información o tratamiento, cuestiones todas ellas que pueden derivar en la pérdida de autonomía y/o capacidad de tomar decisiones libremente sobre nuestros cuerpos y sexualidad. “Estas prácticas pueden llegar a ser más evidentes cuando las personas no se adscriben al modelo binario de género y sus mandatos. Los resultados que presentamos son sumamente preocupantes y nos muestran cómo la descalificación, la humillación y diversas expresiones de violencia, constituyen prácticas comunes en el sistemas público y privado de salud chileno”, agrega.
Y así lo muestran las cifras. Un 67% de mujeres considera que ha vivido violencia ginecológica y un 79% violencia obstétrica. En el primer caso el desglose es el siguiente: Un 21.4% de la muestra afirma que el personal de salud juzgaba sus prácticas sexuales o se refería a ellas en tono moralizante; un 33.8% siente que sus consultas o preguntas no eran apropiadamente atendidas por el personal de salud; un 17.6% ha tenido que escuchar comentarios inapropiados de índole sexual referidos a su cuerpo o sus genitales; el 17.8% recibió comentarios impertinentes referidos a su físico, vestimenta o higiene; un 26% recibió retos o amenazas por parte del personal que atendió su consulta ginecológica; el 37.3% se sintió infantilizada por el personal al realizar consultas sobre su salud ginecológica; el 17.1% afirma que le realizaron tactos o “tocaciones” inapropiadas dado el motivo de su consulta y que le sintieron sentir vulnerada su intimidad; un 20% afirma que el personal de salud le realizó procedimientos que le causaron intencionalmente dolor; un 7.2% reporta que se le solicitó desnudarse sin que eso guardara relación con los motivos de su consulta; el 9.1% siente que fue víctima de violencia sexual por parte del médico o de algún integrante del equipo médico de salud; y el 20.8% afirma que se le medicó sin tener claridad de qué modo dichos medicamentos pueden tener utilidad en su salud ginecológica.
Cuando se trata de violencia obstétrica, el 52.27% de la muestra dice que han tenido alguna vez un parto y el 44.73% afirma que durante las semanas previas o durante el parto no se le pidió firmar consentimiento informado. Entre quienes firmaron consentimiento, un 36.94% consideran que este no era claro y un 46.84% dice que tuvo que hacerlo durante el trabajo de parto. Además, el 44.9% de las participantes dicen que alguna vez las trataron con sobrenombres o diminutivos como mamita, gordita, entre otros, o como si fuera incapaz de comprender los procesos por los que estaba atravesando; el 48.2% se sintió infantilizada o anulada por el equipo médico como si fuera incapaz de tomar decisiones sobre lo que le ocurría antes, durante y/o después del parto; un 42.8% fue criticada por expresar sus emociones como llorar o gritar de dolor durante el trabajo de parto; el 41.7% reporta que no pudo manifestar sus miedos o inquietudes pues no le respondían o lo hacían de mala manera; un 45.9% manifiesta que le realizaron procedimientos sin pedir su consentimiento o sin explicar por qué eran necesarios; el 36.4% informa que la obligaron a mantenerse acostada boca arriba a pesar de manifestar su incomodidad; un 37.7% fue obligada a mantenerse en cama impidiéndole caminar o buscar otras posiciones según sus necesidades; a un 28.6% se le prohibió estar acompañada por alguien de su confianza; un 24.9% informa que se le impidió el contacto inmediato con su hija o hijo recién nacido antes de que se lo llevaran a control neonatológico; un 14.7% reporta que después del parto le hicieron sentir que no había estado a la altura de lo que se esperaba de ella; un 46.6% informa que la experiencia de parto la hizo sentir vulnerable, culpable o insegura en algún sentido; y al 10.2% se le negó la posibilidad de utilizar algún dispositivo o realizar algún procedimiento de control de la natalidad como DIU, ligadura de trompas, entre otros, mientras que al 7.7% se le obligó utilizar alguno de estos dispositivos.
Según Salinero, esta es una situación compleja, porque muchas de estas mujeres declararon que después de vivir experiencias como estas no volvieron a atenderse en servicios de ginecología y un alto porcentaje sólo volvió a hacerlo con motivo de un embarazo. “Muchas de las experiencias reportadas parecen derivar de un trato jerárquico y autoritario por parte de los equipos de salud, así como de la normalización de abuso de poder por parte de muchas usuarias. Dicha asimetría de poder se hace evidente en prácticas tan comunes como no responder preguntas de las participantes, hacerlas sentir infantilizadas, retarlas o juzgar sus prácticas sexuales. De hecho, muchas reportan que la violencia que han sufrido deriva justamente de sus quejas frente a dichas experiencias, por ejemplo, haciendo que los procedimientos resulten intencionalmente dolorosos”, explica.
Agrega que una mención aparte merece el tema del abuso “sin violencia o intimidación, pero sin que medie consentimiento, como también la violencia sexual en la atención ginecológica. Dichas experiencia van desde la expresión de comentarios de índole sexual referidos a sus genitales o su cuerpo, pasando por tener que desnudarse sin que aquello tuviera relación con el motivo de consulta, recibir “tocaciones”, hasta la violencia sexual”.
Por eso “es fundamental promover protocolos de atención que sean conocidos por quienes acuden a la consulta, fomentar prácticas de denuncia de la violencia ginecológica y obstétrica, así como la sensibilización de las y los integrantes de equipos de salud en la necesidad de realizar prácticas cuidadosas y respetuosas, manteniendo simetría en el trato. Del mismo modo, la promoción de un modelo de salud no medicalizado, de prácticas de exploración y autoconocimiento de nuestros cuerpos resulta fundamental, en tanto no se produzcan dichos cambios institucionales”, concluye Stella.
