Un camino inconcluso y una esperanza

Francisca Junemann

La elaboración de una nueva Constitución –la que deberá ser aceptada o no a finales de este año por la ciudadanía– es nuestro segundo intento de un proceso que debiésemos, con ahínco, sacar adelante con acuerdos transversales




Chile está atravesando un momento trascendente de su historia para lograr un marco habilitante de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. La elaboración de una nueva Constitución –la que deberá ser aceptada o no a finales de este año por la ciudadanía– es nuestro segundo intento de un proceso que debiésemos, con ahínco, sacar adelante con acuerdos transversales, luego del destacable esfuerzo de la Comisión Experta por lograr una estructura común, aunando en un texto distintas miradas, transando y cediendo.

Ahora, el Consejo Constitucional elegido por elección popular, tiene en sus manos fortalecer lo logrado; mejorarlo, empeorarlo, o bien, destruirlo.

Clave en este anteproyecto de nueva Constitución es el artículo 4.2 que señala: “La ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos y promoverá su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres”.

También el artículo 16.3 del anteproyecto, el cual consagra “el derecho a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley y a la no discriminación. Ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Se prohíbe toda forma de discriminación directa e indirecta. Para que este derecho se realice, el Estado deberá adoptar las medidas apropiadas y los ajustes razonables que sean necesarios”.

Si bien la Constitución vigente consagra la igualdad ante la ley de hombres y mujeres y precisa que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, no establece el deber del Estado de adoptar medidas ni ajustes. Se limita a señalar que la Constitución asegura esta igualdad. Y es aquí, creo, donde puede estar la esperanza.

Transformar leyes civiles como la inhabilitante sociedad conyugal y laboral o como el excluyente derecho a sala cuna son insoslayables –junto con los cambios culturales que irán de la mano– en este camino hacia la igualdad de derechos y oportunidades.

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