Vecinos invisibles

Vas caminando por la calle y de pronto, ves a una persona ahí. La mayoría de las veces tiene a su lado objetos y pertenencias que nos hacen sospechar que, parte de su día y noche, lo pasa exactamente en ese lugar en el que estás transitando. Lleva alguna cobija, que imaginas la usa para sentarse sobre ella y para abrigarse; quizás también veas alguna caja, que imaginas la usa para guardar esos sencillos objetos que ha ido obteniendo con el paso del tiempo; ves envases de comida, algún tarro en conserva, alguna olla y alguna cuchara oxidada, que imaginas usa para alimentarse de lo que va obteniendo de la calle.

En el momento en que te cruzas con esa persona, no quedas indiferente. Algo sucede. Las reacciones pueden ser muy distintas; compasión, preocupación, incomodidad e, incluso, miedo. Decir que todos somos solidarios con una persona en esta situación, sería negar la realidad que ellos viven día a día. Porque ellos deben luchar contra prejuicios, estigmas y barreras para obtener derechos que se suponen para todos. Pese a que es un grupo que da cuenta que en la sociedad actual el techo no está garantizado, son personas que han estado por años invisibilizados.

El último registro que se tiene de cuántas personas están en situación de calle es de 2011. Esto da las primeras luces de la complejidad del tema, tanto para cuantificar y perfilar esta población como para generar políticas públicas que permitan llegar a ellos con beneficios que efectivamente les ayuden a conseguir una mejor calidad de vida. Este registro habla de un universo en Chile de cerca de 12.000 personas en situación de calle. De esas personas, un 84% son hombres y un 16% mujeres, y tienen en promedio 44 años.

En 2017, por primera vez, fueron considerados dentro del Censo, pero sólo se consideró a quienes se encontraron ese día en la vía pública —dejando fuera los albergues, las residencias compartidas y varias formas de habitabilidad que han estado surgiendo en el último tiempo— con un total aproximado de seis mil personas. Actualmente, el Gobierno habla de que existen entre 15.000 y 20.000 personas en situación de calle, de acuerdo a cifras estimadas que se derivan de cruces de datos de programas del Estado y registro de grandes organizaciones. Karina Soto, jefa de la Oficina Nacional de Calle, explica que en la historia de este tipo de problemas, no es extraño que la data sea de 2011. "Para las poblaciones móviles del mundo, no existe ninguna medición censal porque la gente se mueve. Las poblaciones móviles se miden con otras herramientas. No es que el Estado no sepa, por supuesto que sabemos, lo que pasa es que no sabemos lo que hay hoy".

Soto también hace hincapié en que las políticas sociales no se pueden dirigir a la población en su conjunto, dado que es heterogénea. "La persona en situación de calle no es una categoría antropológica, porque hay muchos grupos que han vivido sistemas de exclusión muy duras. Te encuentras con mujeres que han fracasado en su proceso de migración en el país, con adultos mayores que tienen enfermedades crónicas y con trabajadores de la construcción, por ejemplo, que tuvieron algún accidente y quedaron sin trabajo".

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En el catastro de 2011 se dieron algunas pistas que permiten conocer un poco más de cerca a este grupo. Se habla en el informe de que las personas en situación de calle se alimentan dos veces al día, la mayoría de la ropa que usan es regalada o recogida, y que un tercio de las personas carga sus pertenencias donde sea que vaya durante el día. La principal razón que dieron los encuestados para explicar su situación, fue que habían tenido problemas con su familia. Otra explicación es el consumo de alcohol y dificultades económicas.

De acuerdo a la Oficina Nacional de Calle, y que coincide con la encuesta de hace nueve años, es que cerca de un 80% de las personas que viven en la calle son hombres de mediana edad, que trabajan. Dentro de las ocupaciones más frecuentes está la venta ambulante, los servicios de aseo de la vía pública, estacionado de autos, cartoneo, trabajo agrícola y construcción. Un aspecto que sí ha cambiado en los últimos seis años, es el aumento de personas de distintas nacionalidades. Si en 2013 se hablaba de un 5%, hoy esa cifra es más de un 14%. Y sigue los mismos patrones de la migración en Chile; son personas de Colombia, Haití y Venezuela que han fracasado en su proceso de integración.

Los menores que son parte de esta población es un tema que preocupa. Se sabe que una de cada tres personas en situación de calle proviene del Sename, y el estudio de 2011 indicó que se habían encontrado 742 niños y adolescentes en esta situación. La Ficha de Protección Social y del Servicio Nacional de Menores estimó que 2.207 niños, niñas y adolescentes habían pasado por una situación de calle durante el año 2010. Es por eso que el Gobierno está trabajando en un catastro de menores que permita tener una caracterización territorial, un número más preciso, e identificar las dinámicas que los niños tienen para tomar decisiones de apoyo.

"La situación de calle aparece en la sociedad cuando hay un vacío en las políticas públicas, y en Chile se ha trabajado la política de infancia desde principios del Siglo XX, por lo tanto no es lo mayoritario. Nos tenemos que preguntar dónde no hay política pública y eso ocurre en hombres de mediana edad que trabajan", dice Soto. "Chile ha hecho avances sustantivos. El primer presupuesto asignado para la política de personas en situación de calle fue recién hace 12 años. Sin embargo, se ha hecho un trabajo serio en todos los gobiernos y hoy manejamos casi US$ 20 millones en programas".

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Los estigmas y el desconocimiento que recaen sobre este grupo son algunos de los aspectos más difíciles con los que deben lidiar. Si están en la calle viven el peligro constante de que un vecino llame al municipio para quejarse y se tome la decisión de sacarlos. Este procedimiento la mayoría de las veces viene de la mano con el uso de violencia. Incluso es común ver cómo los sacan mojando sus cosas y obligándolos a partir de cero en otro lugar.

Hace 19 años que la corporación Nuestra Casa trabaja la habitabilidad. Primero a través de una residencia solidaria y, hace siete años, por medio del modelo de Casas Compartidas. Este modelo busca replicar un modelo familiar con mayor autocontrol de quienes viven en ella y sin que su estadía esté condicionada al comportamiento. "La idea es responsabilizar a las personas, por ejemplo, la casa es cofinanciada con ellos y cada uno aporta dinero de su presupuesto a la vivienda", dice la directora de Nuestra Casa, Isabel Lacalle. Los montos varían desde 1.500 a 4.000 pesos diarios.

Nuestra Casa tiene tres espacios en Santiago. El mayor está en el Barrio Yungay, donde viven 34 personas. Aunque estén hace casi dos décadas, no han dejado de ser un vecino incómodo. "La gente quiere apoyar a las personas en situación de calle, pero cuando se ponen afuera de tu casa o edificio, les empiezan a molestar. Lo que pasa con los vecinos es muy fuerte; hay quienes nos apoyan, pero también hay un grupo que nos considera el vecino indeseado, y eso es muy egoísta", cuenta Lacalle. "Nos tildan de que tenemos tráfico de droga, o no nos dejan botar la basura en los contenedores que tenemos cerca. Están siempre buscando algún problema para que nos vayamos". Es por eso que solo en la residencia de Yungay tienen un cartel que puede dar alguna pista de quiénes viven ahí, y en las otras dos optaron por no colgar nada y mantener un bajo perfil para evitar que los vecinos molesten a las personas que residen en estas casas. "La gente se siente insegura y se empeña en llenarse de más prejuicios antes de acercarse y conocernos", comenta Lacalle.