Hace unos días, se hizo conocido el relato de una joven, estudiante de Educación Física, que contaba su experiencia de práctica en un colegio de Lo Barnechea. Mediante un video de Tik Tok, la docente se sinceró respecto a los maltratos que sufría por parte de sus estudiantes de séptimo básico, haciendo un llamado a los padres a educar a sus hijos para que ellos y ellas no sigan replicando estas conductas:
“Cuando estamos haciendo las actividades, no las hacen. Juegan, se van, conversan, se quedan acostadas (...) Y yo les he explicado miles de veces que el respeto es lo más importante, no solo porque soy su profesora, sino porque soy una persona. No sé si lo dije, pero también se burlan de mí: entre ellas se secretean, me miran y se ríen”, confesó.
Tras la viralización de su experiencia, Akalia -nombre de pila de la profesora- fue despedida con la siguiente condición: no acercarse más al establecimiento. Sin embargo, su historia, con más de 23 mil comentarios, resonó especialmente en los docentes, quienes comentaron tener experiencias similares en las salas de clases. “Ay, te entiendo tanto. En un curso, cada vez que iba a abrir la boca para decir algo, se ponían a cantar. Fue horrible. Salía llorando todos los días!!”, le replicó una usuaria.
Para los directores, la convivencia escolar ha sido uno de los desafíos prioritarios a abordar tras el retorno a la presencialidad post pandemia. Según el Monitoreo de Establecimientos de Educación en Pandemia 2023, un sondeo elaborado por Escuela de Gobierno UC, el Instituto de Sociología UC y el CIAE de la Universidad de Chile; en abril, los establecimientos no contaron con el 11% de los docentes necesarios para su adecuado funcionamiento. ¿La razón? Las licencias médicas, especialmente las de salud mental que representaron un 21% de dichos permisos (segunda causa, antecedidas por las generales).
Sin embargo, este tipo de situaciones de violencia -y sus posteriores consecuencias en términos de salud- no solo se han desencadenado en el ámbito educativo. De acuerdo al último informe realizado por la Mutual de Seguridad, en 2022, las denuncias por violencia y agresión en el trabajo llegaron a su peak desde que se tiene registro (con 9.300 denuncias), superando incluso las cifras anteriores a la pandemia, que en su peor momento alcanzaron los 8.700 casos.
Los establecimientos no contaron con el 11% de los docentes necesarios para su adecuado funcionamiento. ¿La razón? Las licencias médicas, especialmente las de salud mental que representaron un 21% de dichos permisos
¿Cómo afecta el desenvolverse cerca de 8 horas diarias en un espacio violento? ¿De qué manera impacta esto en la salud física y mental? Al parecer, mucho más de lo que pensamos. Solo como dato: según información de la Superintendencia de Seguridad Social publicada en 2022, de un 100% de las enfermedades profesionales, un 67% corresponde a salud mental.
La doctora en Salud Pública y académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, Elisa Ansoleaga -quien se ha dedicado a investigar esta área-, sostiene que la violencia en el trabajo es un fenómeno aún muy presente, a pesar de los avances en términos discursivos para generar sociedades más respetuosas. “Algunos autores, incluso, han hablado de una epidemia de violencia en el trabajo. Y esto se manifiesta mediante conductas que no se consideran razonables, a través de las cuales se degrada la integridad física o psíquica de una persona”, indica y agrega: “Con los cambios en el tejido social, en Chile estamos enfrentando problemas en el ejercicio de la autoridad. Y ahí donde no se puede ejercer esa autoridad es donde surge la violencia como manera de responder. Hay que pensar que las organizaciones reproducen los patrones de comportamiento del conjunto más amplio de la sociedad”.
Como consecuencia, la psicóloga Daniela Campos, jefa técnica de Riesgos Psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad; indica que las personas podrían manifestar desde síntomas ansiosos y depresivos, hasta problemas de sueño o incluso dolencias gastrointestinales. “Eso sin contar que la exposición a la violencia afecta las relaciones interpersonales, el bienestar familiar y la calidad de vida en general. Por eso la relevancia de que las organizaciones se involucren en el cuidado de la salud mental de quienes trabajan. Son ellas quienes tienen la responsabilidad de no exponer a sus trabajadores/as a agentes de riesgo psicosocial, como el acoso laboral o la sobrecarga, previniendo de esta forma el estrés en el trabajo”, dice.
El informe de la Mutual de Seguridad, además, revela que existe un sesgo de género en materia de violencia. Y es que, de acuerdo al sondeo, las denuncias de agresiones realizadas por mujeres se han duplicado en los últimos 10 años, pasando de 2.000 anuales en 2011, a más de 3.800 en 2022. “Esto se explica por dos cosas. Primero, una de las condicionantes clave para que exista violencia es la asimetría de poder. Y en general, las mujeres tenemos menor poder en la sociedad y por tanto, en las organizaciones. Eso nos deja más expuestas a ser víctimas de violencia en el trabajo”, indica y sigue: “Además, en la distribución de roles, los trabajos que han sido ocupados históricamente por mujeres son más estresantes. Por ejemplo, en salud, un 80% de quienes trabajan son mujeres y es el sector donde hay más violencia en el trabajo. Entonces, coincide que las áreas que tienen más estresores, es donde justamente se emplean más trabajadoras. Son ocupaciones que están absolutamente feminizadas”.
Daniela Campos también alude a que existe una sobrerrepresentación femenina en los empleos precarizados y mal remunerados; lo que afecta aún más la salud mental de las mujeres. Además, indica que la distribución desigual entre vida/trabajo, donde se le carga más el peso a las trabajadoras; también aumentan ese estrés y tensión.
Ambas especialistas, sin embargo, ven con buenos ojos los resultados de este sondeo, ya que indican que las denuncias dan cuenta que hoy existe una mayor conciencia de los derechos por parte de los y las trabajadoras. Que la violencia, entonces, ya no es vista como algo ‘normal’ dentro de los espacios laborales. ¿Pero cómo avanzar hacia espacios más seguros? Elisa Ansoleaga apunta a la prevención, no solo desde las organizaciones, sino también a nivel social. En ese sentido, destaca avances a nivel país como la ratificación, por parte de Chile, del Convenio 190 de la OIT, el primer tratado internacional que aborda la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y que entrega un marco común para que los países actúen en pos de ambientes laborales seguros, respetuosos y dignos.
Sin embargo, la especialista también sugiere que, en el caso de tener un hecho de violencia en el trabajo, las instituciones actúen a nivel sistémico. “No hay que personalizar el conflicto y decir que esto alude a características individuales. La invitación, desde la evidencia actual, es a mirar las dimensiones organizacionales que permiten, o que no limitan, que esto ocurra. Hay que ampliar el lente y ver el problema de manera más integral. Por lo tanto, son las empresas, las organizaciones y los colegios (en el caso de la profesora, por ejemplo) quienes deben tomar medidas para identificar, prevenir y eliminar esto”.
