La Inteligencia Artificial (IA) ya es considerada el eslabón central de la nueva revolución industrial, y su irrupción en la última década caló hondo en el sistema socioeconómico que nos afecta como humanos, en nuestras relaciones personales y quehacer diario. La visión común que existe de la tecnología de uso transversal es que su expansión afectaría principalmente a los empleos menos calificados. Pero para el académico de la Universidad de Chile y experto en IA, Néstor Becerra, el paradigma de su implementación está creciendo hasta involucrarse en labores consideradas de valor agregado, existiendo profesiones como la medicina que cuentan con calidez artificial.

Becerra recuerda la anécdota de una gira que realizó a Estados Unidos con la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) en 2018, donde en una de las visitas a Silicon Valley, un abogado de un reconocido bufete santiaguino le contó que frente al avance de estas herramientas, como son el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), sistema de aprendizaje automático que almacena palabras y formas en que se combinan para analizar datos, podría reducir de 10 a 5 profesionales su oficina, ya que la tecnología es tal que pueden revisar documentos con rapidez y alto grado de análisis.

El académico ve en ese recuerdo la urgencia de presentar una propuesta para visualizar la situación local. Misma visión comparte Guido Guirardi, senador y presidente de la Comisión de Ideas de Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, describiendo que la Inteligencia Artificial crece de un año a otro a un ritmo 100 veces más rápido. Citando a Raymond Kurzweil, fundador de la Singularity University y  jefe de Ingeniería de Google, Girardi enfatiza que en 2045 la IA va a ser mil millones de veces más potente, frente al desarrollo de los seres humanos: “Es un escenario cambiante, por lo que tiene que haber un sistema de gobernanza y un chasis institucional”.

Contemplando este panorama, fue en agosto de 2019 que el Ministerio de Ciencias anunció la elaboración del plan de acción nacional de Inteligencia Artificial. La iniciativa, proveniente de un trabajo de varios meses en la Comisión Desafíos del Futuro, que culminó con la entrega del documento llamado “Inteligencia Artificial Para Chile: La Urgencia de Desarrollar una Estrategia”, busca definir los parámetros a considerar que requiere esta tecnología con una mirada propia del país.

Así lo entiende el Ministro de Ciencias y Tecnología Andrés Couve, al ver que la revolución tecnológica y la transformación digital avanzan vertiginosamente: “Necesitamos establecer lineamientos, medidas e incentivos apropiados para conducir al país hacia un desarrollo exitoso y armonioso de la IA, sacando el mayor provecho de su potencial en beneficio de la ciudadanía”.

Hoy son más de 27 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido o China, que ya cuentan con una estrategia sobre IA, mientras que en la región, México, Brasil y Colombia han desarrollado sus políticas. En Chile, comenzaron a evaluarse diferentes propuestas a finales de 2019, cuando se nombró al comité de expertos. Representantes de la academia, la industria y la sociedad civil contribuyeron a su elaboración, a través de un proceso participativo para diseñar la hoja de ruta y que, tras diversas discusiones, se definieron tres grandes ejes pensados a implantarse en un plazo de 10 años.

El primer eje son los “Factores habilitantes”, que implica la infraestructura que va a permitir el desarrollo en IA. “Es muy distinto realizar todo en la nube, a tener infraestructura local que permita a los científicos y desarrolladores probar su algoritmo en terreno”, describe María José Escobar, Seremi de Ciencias Macrozona Centro y académica de la Universidad Técnica Federico Santa María.

El segundo eje se enfoca en “Desarrollo y adopción”, que busca definir las acciones para adoptar la IA en nuestro quehacer. Según Escobar, en este punto se vislumbra la “oportunidad” de diversificar los rubros económicos del país y la posibilidad de crear nuevas industrias que enriquezcan y den posibilidades de reconversión laboral.

“En el eje también recae en que la sociedad completa se sienta beneficiada por esta diversificación económica” asegura la seremi, indicando que en este punto será necesario contar con profesionales capacitados, por lo que uno de sus objetivos será ampliar la formación continua, para la creación de nuevos puestos de trabajo con las competencias necesarias. Uno de los objetivos a abordar será la digitalización a temprana edad, para que las nuevas generaciones cuenten con competencias digitales, que permitan hacer más fácil la futura transición, impactando en todos los niveles educacionales.

El último eje es “Ética, aspectos normativos e impactos sociales y económicos”. En palabras del ministro Couve, esta Política contendrá por primera vez, un conjunto de recomendaciones en el marco de la ética, los estándares y la regulación, para mirar esta tecnología de forma integral, que se oriente en beneficio de las personas. “Es algo que como país no habíamos hecho antes, y definirlo como un ámbito prioritario es un elemento que distingue a nuestra Política en relación a otros países”, asegura. Luego agrega: “Sabemos que las personas temen perder su empleo a causa de la inteligencia artificial y la automatización, pero el desarrollo de esta tecnología no significa el fin de esos trabajos, significa que muchos se modificarán y que también se crearán nuevas oportunidades”.

Para Néstor Becerra, quien también fue parte del comité asesor que definió los ejes, se trató de llegar a un equilibrio, ya que algunos países le han dado énfasis a solo un punto de los 3 diseñados en el borrador. “Mi sensación es que para que esto sea exitoso habría que darle bastante énfasis a lo que es ‘desarrollo y adopción’ sin descuidar el tema ético y regulatorio. Los factores habilitantes van a hacerse si o si, como se ve con la adopción del 5G en 2022”.

El proceso que ha definido la Política Nacional de IA contó en un inicio con mesas autoconvocadas en diversos puntos del país, donde participaron 1.300 personas de la academia y el sector privado, que nutrieron los lineamientos generales. Al igual que muchas instancias, el trabajo de elaboración de la Política fue impactado por la contingencia sanitaria, lo que exigió modificar las metodologías participativas, creando diversos webinars durante 2020 para “garantizar una participación lo más amplia y activa posible”, relata el ministro Couve.

En diciembre pasado, se presentó un borrador oficial junto a una consulta pública, recibiendo más de 200 respuestas, de las cuales un 60% proviene de la academia y 20% de empresas. El ministro Andrés Couve dice que la Política se encuentra actualmente incorporando los comentarios de la consulta, que terminó durante enero; revisión que se está llevando a cabo por el Equipo Futuro del Ministerio de Ciencia, junto con el Comité de Expertos y el Comité Interministerial.

El desarrollo de la Política Nacional ha permitido también entablar relaciones internacionales con otras naciones que impulsan estrategias similares. La seremi María José Escobar es parte del comité chileno que conversa con la Agenda de Cooperación Digital de la ONU y la red de expertos en IA de la OCDE, donde buscan cómo coordinar y cooperar con las distintas entidades involucradas en el desarrollo, gobernanza y uso de la IA alrededor del mundo. “Es una excelente oportunidad para incluir opiniones dentro de esta guía de referencia, lo cual nos deja posicionados y conectados”, cuenta.

“Este 2021 proyectamos lanzar la Política”, asegura el ministro de Ciencias, pese a que las acciones concretas aún no son públicas. Se espera que en abril se discutan las últimas opiniones de la consulta pública, para así presentar el plan de acción, según detalló también la seremi Escobar.

Su instalación implica una serie de desafíos, principalmente enfocados en regulación y financiamiento, sobre todo pensando que el Presupuesto de la Nación 2021 tuvo diversos ajustes, y una reducción a los programas del Ministerio. Actualmente, la inversión a todas las ciencias en relación con el PIB es cerca de 0,4%, y expertos como Andrea Rodríguez, profesora titular de la Universidad de Concepción y parte del Instituto Milenio de Datos de Fundamento de Datos, creen que que el gasto en I+D siempre es una inversión necesaria, por lo que la Política requerirá en este caso del apoyo de privados.

“Creo que Chile va a tener que pensar cuáles son las áreas estratégicas donde como Estado va a apoyar y buscar la interacción con la empresa privada. También hay que buscar que otros sectores puedan acoplarse a hacer más desarrollo de IA sin descuidar otros aspectos de la ciencia”, apunta.

Néstor Becerra, de la Universidad de Chile, también cuestiona cómo será potenciar la disciplina sin perjudicar a las otras, aunque cree relevante levantar estos temas a un año del inicio de la pandemia en el país. “Con la situación que vivimos nos dimos cuenta de que no éramos capaces de hacer ventiladores mecánicos o producir vacunas. El país genera una dependencia de proveedores extranjeros con respecto al producto tecnológico, que puede funcionar bien en muchos casos, pero cuando aparecen problemas, debemos estar preparados”.

Mientras se espera la publicación oficial de la Política Nacional, empresas de servicios tecnológicos como Marsh o McKinsey visualizan que la inteligencia artificial podría generar hasta 3 mil millones de dólares en valor comercial y 6.200 millones de horas de productividad en todo el mundo durante 2021. Chile está ad portas de enfrentar lo que será una revolución de productividad transformadora para la región, siendo su estrategia la que vendrá a acelerar una nueva etapa en el país.