Crónica Estéreo: 8M: La justicia y la igualdad de género

Ciudad Juárez, México. Noviembre de 2001.

En dos días, se encuentran ocho cuerpos de mujeres asesinadas en una plantación de algodón.

Sólo ocho casos de las miles de mujeres asesinadas en esa ciudad, que se transformaría en la brutal capital del femicidio y en una de las ciudades más peligrosas de América Latina.

Pero esas ocho mujeres del llamado “Caso del campo algodonero” dejaron un legado insospechado.

Dos personas fueron detenidas y acusadas de ser los asesinos, y las víctimas fueron identificadas por las autoridades sin practicar exámenes forenses, sólo en base a lo declarado por los imputados. Pronto se denunció una maniobra de encubrimiento, con los supuestos criminales siendo torturados para obtener las confesiones. Uno de los imputados murió en prisión. Casi cinco años después, tras del trabajo de forenses extranjeros, se concluiría que tres de las víctimas identificadas por las autoridades no correspondían a su real identidad.

Como ocurriría con el general de los femicidios del lugar -y como pasa en varios lugares del mundo- las familias de las mujeres desaparecidas se encontraron con el maltrato y la negligencia de las autoridades locales, que desestimaban las denuncias basados en prejuicios. Decían, por ejemplo, que seguramente las jóvenes habían escapado, probablemente con sus novios.

En 2002, el caso llegó a la Comisión y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El trabajo de varias organizaciones de apoyo a las mujeres fue construyendo un caso contundente contra el gobierno mexicano y el del estado local. La sentencia llegaría en diciembre de 2009, condenando a México y ordenando una serie de acciones reparatorias para las víctimas.

El caso motivó cambios legislativos importantes en México -donde por primera vez se tipificó el femicidio- y tuvo consecuencias en el resto del continente. El fallo indicó a los estados una serie de guías para prevenir la violencia de este tipo y la manera en que se deben investigar estos casos. En Chile, el Poder Judicial también acusó recibo.

La abogada Soledad Granados es directora de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no discriminación del Poder Judicial. Conversamos con ella sobre el trabajo de la Justicia chilena para subsanar sesgos y desigualdades y sobre el significado, las implicanci as y los principales mitos en torno a la administración de justicia con perspectiva de género.