El diputado socialista Jaime Naranjo, quien estuvo presente en la firma e ingreso del libelo acusatorio contra el Presidente Sebastián Piñera, será el parlamentario responsable de defender la Acusación Constitucional que imputa al Mandatario.
Un anuncio que llega un día antes de su discusión y votación en la sala de la Cámara, la que tendrá lugar el lunes 8 de noviembre. “Actuaremos con la mayor seriedad y responsabilidad. Hemos diseñado una estrategia que nos va garantizar que tendremos los votos para ganar la Acusación Constitucional y decir ‘basta’ a la impunidad”, dijo Naranjo.
Una tramitación que sigue su curso tras la recomendación negativa por parte de la comisión revisora, instancia que -conformada por Maya Fernández (PS) como presidenta, Florcita Alarcón (Ind.), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.)- fue rechazada por 2 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Sin embargo, no es el único debate priorizado en tabla, ya que el día martes 9 se deliberará en torno a la solicitud del gobierno para prorrogar el estado de excepción constitucional en las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía; y la de Arauco en el Biobío. Esto porque la Constitución establece que dicha solicitud debe ser visada dentro de los cinco días siguientes a su presentación (el proyecto fue ingresado este jueves al Parlamento), por lo que de no ser votada el martes se entendería aprobada automáticamente.
A esto se suma el caso positivo de Covid-19 reportado por el diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ya que él y el diputado Giorgio Jackson -declarado contacto estrecho-, no pueden acudir a la Cámara a votar producto de las disposiciones de la autoridad sanitaria.
Una situación que complica a la oposición ya que podrían no conseguir los votos necesarios para continuar con la acusación y rechazar la prórroga al estado de excepción. Fue así como durante las últimas horas del día jueves surgieron una serie de ideas para intentar “salvar” la acusación. Una de ellas fue planteada por el diputado PS, Jaime Naranjo y que denominó como “ley Lázaro”.
“La sala puede sesionar dos, tres, cuatro, cinco o hasta 10 días. Y perfectamente un parlamentario puede estar hablando 48 horas u 72 horas hasta que los enfermos caminen”, dijo el legislador según consignó La Tercera PM.
La mañana de este domingo, en conversación con CNN Chile, el diputado independiente y parte del pacto Apruebo Dignidad, Marcelo Díaz, explicó: “Nosotros planteamos el jueves la posibilidad de aplicar el voto telemático, nuestra interpretación jurídica es que era posible, pero la mesa de la Cámara dijo que no, y aceptamos eso. Pero también vemos triquiñuelas de parte de la derecha para tratar de impedir que tengamos los votos, porque en paralelo ingresó el requerimiento para extender el estado de excepción en la Macrozona Sur”, reclamó el parlamentario.
“Yo plantee formalmente que pudiésemos discutir eso mañana en una primera sesión desde las 10 de la mañana por unas 3 horas, y luego continuar con Acusación Constitucional, y se nos dijo que no. Y después resulta que hay un plazo para votar la prórroga que es el martes, entonces no nos deja más alternativa, toda vez que algunos creen que es razonable resolver por secretaria una AC, o que es razonable no generar condiciones para que un parlamentario vote cuando está impedido no porque no quiera ir, si no porque no puede”, añadió Díaz.
Por su parte el diputado Andrés Celis (RN), dijo también en conversación con CNN Chile, que “No hay ningún impedimento constitucional para que aquellos diputados que están en cuarentena preventiva lo puedan votar. Nadie te puede impedir el ingreso al Congreso -siendo diputado- porque debas cumplir cuarentena preventiva o porque no te hayas vacunado. Perfectamente podrían ir mañana a votar”.
A lo que luego añadió: “Respecto a la Acusación Constitucional, fue la misma oposición la que se apuró, cuando podrían haberla presentado hasta 6 meses después del término del gobierno. Se apuraron con meros fines electorales. Desconozco cómo van a votar los diputados de oposición. Se pueden llevar una sorpresa en el sentido de que más de un parlamentarios puede considerar que la Acusación no tiene asidero”, consideró Celis.
“La Cámara en vez de dar facilidades pone palitos en el camino”, criticó Marcelo Díaz. “No me parece óptimo que un parlamentarios tenga que hablar 12 horas para que todos puedan votar, pero es tan relevante la discusión de ambas cosas -la extensión del estado de excepción, que vamos a rechazar, y la AC- que vamos a ejercer todas las facultades que nos da el reglamentos para que ambas cosas se puedan discutir y votar con la presencia de todos”, sentenció el exvocero de gobierno de Michelle Bachelet, asegurando “Tenemos justo los 78 votos”.
Celis, en tanto, agregó: “Si quieren extender la votación están en su legítimo derecho, estamos en un Estado de derecho y eso es parte de las reglas del juego”.
La acción contra el Mandatario fue ingresada por diputados de oposición el pasado 13 de octubre a raíz de los hechos develados por la investigación periodística Pandora Papers, en la que se da cuenta de la compra venta del proyecto minero Dominga entre la familia Piñera-Morel y Carlos Alberto Délano por medio de una transacción en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
El texto acusatorio, que consta de 99 páginas, se funda en dos capítulos acusatorios: el primero por vulneración al “principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación” y el segundo por haber “comprometido gravemente el honor de la nación”.
Desde la semana pasada la comisión revisora recibió diversos invitados e invitadas a fin de escuchar los fundamentos, tanto a favor como en contra del libelo. Entre los expositores estuvieron abogados ambientalistas y penales, así como el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, la actual ministra de la cartera, Carolina Schmidt, el director del SII, Fernando Barraza, y el abogado defensor del Presidente, Jorge Gálvez.
Por otro lado, presentaron sus excusas para asistir el fiscal nacional, Jorge Abbott, el exfiscal Manuel Guerra y el contralor, Jorge Bérmudez.