Solamente habían pasado unas horas tras el funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera, cuando su exministra de Educación, Marcela Cubillos, emplazó al Presidente Gabriel Boric.
“Presidente Gabriel Boric dijo que ‘las querellas fueron más allá de lo justo y razonable’ (...) Pida entonces que se retiren las querellas con las que se persigue a autoridades del gobierno del presidente Piñera. Vienen todas de su sector. Ejerza liderazgo y demuestre que habló en serio”, señaló a través de su cuenta de X.
Su petición se dio después de que el Mandatario asegurara en su discurso en el Salón de Honor de la sede del Congreso en Santiago que “durante el gobierno de Piñera, las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”, deslizando una fuerte autocrítica al rol que ejercieron como oposición durante la segunda administración del fallecido exmandatario.
En Chile Vamos -si bien agradecieron el tono del discurso- esperan que el mea culpa del Mandatario no quede solamente en palabras, sino que se concrete en hechos, a través del retiro de las querellas interpuestas contra las exautoridades del gobierno de Piñera, en el contexto del estallido social y años después en el marco del control de la pandemia del Covid-19. Algo que, además de Cubillos, se sumaron presidentes de partido y parlamentarios de la coalición de derecha.
Consultado por La Tercera, el timonel de RN, Rodrigo Galilea, también apuntó en la misma línea. “Tanto desde el punto de vista del derecho penal, pero sobre todo desde el punto de vista de coherencia con todo lo sucedido y lo que se ha expresado los últimos días, debieran retirarse todas las querellas que alguna vez fueron presentadas contra el Presidente Piñera y sus colaboradores. Me parece que es lo mínimo que puede esperarse en estas circunstancias”, aseguró el senador.
En la UDI, por su parte, el presidente de la colectividad, Javier Macaya, fue más allá y señaló que, junto con hacer un llamado para retirar todas las querellas, “desde la UDI pedimos que el Ejecutivo haga una agenda legislativa con todos los proyectos emblemáticos del gobierno de Sebastián Piñera que quedaron trabados por la deshonestidad de la izquierda no democrática cuando fueron oposición. Lo mismo que hicieron con el fast track de seguridad, pero ahora más amplio”.
“Eso abriría un puente de colaboración y una señal clara de cambio de actitud (...) eso es pasar de los dichos a hechos concretos”, agregó el senador. El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) se sumó al llamado y dijo que “si bien valoramos sinceramente el mea culpa del Presidente Boric respecto de la forma brutal en que hicieron oposición, debe materializarse en el retiro de querellas contra los exministros y altos mandos de Carabineros”.
El senador Iván Moreira (UDI), por su parte, valoró las palabras del mandatario y respecto al retiro de las querellas señaló que “lo debe evaluar el Presidente y lo veo complejo por el chantaje del PC y de la izquierda radical que se declararía en rebeldía”.
Lo mismo cree el senador de Evópoli y exministro de las Culturas durante el primer gobierno de Piñera, Luciano Cruz-Coke, quien instó al Presidente a “hacer carne sus palabras, que no queden en mera palabrería. Que ahora con todos los antecedentes, con el arrepentimiento sobre la mesa y con la afirmación de que Piñera siempre usó métodos democráticos, ahora pasemos a la acción (...) por supuesto que tiene que retirar las querellas o hacer lo posible por lograrlo”.
Las palabras de Boric no solo provocaron reacciones en la oposición, sino que también le abrió un flanco al interior del propio oficialismo, sobre todo en el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).
Mientras que, según fuentes de Revolución Democrática (RD), en el FA preocupa que se intente “limpiar” el liderazgo del exmandatario, algo con lo que “el Ejecutivo ha sido excesivamente transigente”, en el PC, la diputada Carmen Hertz aseguró que “no comparte en absoluto” que la entonces oposición haya ido más allá de lo “justo y razonable”, e insistió en que el expresidente Piñera fue “el responsable político institucional de las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, de más de 400 traumas oculares”.