El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió este miércoles a los nuevos antecedentes del megafraude tributario, dado que durante las últimas horas se dio a conocer que uno de los 55 detenidos hizo una autodenuncia que el Servicio de Impuestos Internos no tradujo como querella.
El fraude “más grande de la historia” es investigado por la Fiscalía por la defraudación de cerca de $240 mil millones con la utilización de empresas de “papel” que operaron entre 2014 y 2020, y que emitieron 100 mil facturas ilegales.
Durante las últimas horas surgió un nuevo antecedente para este caso. Galvarino Corral -uno de los 55 involucrados en el megafraude- en 2018 realizó una autodenuncia respecto a delitos económicos ante la Fiscalía Metropolitana Oriente. “Vengo a denunciar mi posible participación en unos hechos que podrían calificarse como ilícitos relativos a ser cómplice en la facilitación de facturas ideológicamente falsas para bajar la carga impositiva de algunas empresas”, señaló en aquella ocasión.
En ese momento, el ente persecutor derivó los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos. Pero debido a que el SII no presentó una querella y archivó el caso, el Ministerio Público no pudo iniciar una investigación de delitos tributarios.
En ese sentido y frente a las dudas de porqué el SII no se querelló, el jefe de Justicia declaró que se trata de un debate antiguo. “La discusión es si en el caso de este tipo de delitos es necesario o no la querella del servicio impuesto interno. Probablemente una de las investigaciones que está actualmente desarrollándose, el servicio finalmente se querelló, de hecho es la razón por la cual ha permitido desbaratar este fraude, pero durante la indagatoria será conveniente apreciar si existió otro antecedente distinto a esa autodenuncia, que llevó a eso y si además el único motivo para archivar era que no existía querella del SII”, dijo Cordero.
El ministro además agregó que un motivo para no haberse querellado “puede ser que la fiscalización hubiera sido insuficiente. Creo que durante la investigación podrá levantarse suficiente evidencia para poder comprobar si fue un caso de negligencia, si fue un caso que los antecedentes no estaban completamente disponibles”.
Dado el actuar del SII, Cordero señaló que “es comprensible reabrir la discusión si tiene lógica mantener el monopolio de la querella en el caso del servicio impuesto interno. Los querellantes institucionales en este tipo de casos suele ser un debate complejo y creo que este caso nuevamente puede servir de ejemplo para esa discusión”.
Finalmente, consultado por si estos procedimientos podrían ser modificados, Cordero respondió: “En el caso del proyecto de ley de delitos económicos, este fue un tema que fue objeto de discusión nuevamente. El acuerdo que existió en ese momento, ahora en marzo cuando lo terminamos de discutir en el Senado, con el Senado en particular y también con la Cámara durante el primer trámite, es que una vez que despacháramos delito económico, volver a observar el caso de hipótesis de querellantes institucionales y ese es el compromiso que asumió el Ejecutivo conjuntamente con el Senado y la Cámara”.