En un oficio dirigido al ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) cuestionó la contratación por parte de la Seremi de Salud de la Araucanía del periodista Pascual Pichún Collonao, condenado por incendio y hermano de Juan Pichún, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
En este sentido, los legisladores, encabezados por su jefe de bancada, Andrés Longton, emplazaron al titular de la Segpres a explicar si este tipo de acciones son parte del “estándar moral” de la actual administración al cual se refirió Jackson durante una transmisión en Twitch, situación que abrió un nuevo flanco de conflicto al interior del oficialismo.
En esa ocasión, el secretario de Estado aseguró que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”.
En su oficio, los diputados de RN recordaron que en esa misma conversación, el ministro Jackson sostuvo que “este tipo de conflictos de interés, que en algunos casos extremos pueden derivar en corrupción derechamente y en otras formas más sofisticadas de corrupción, como el tráfico de influencias o como las puertas giratorias (…), yo diría que, en nuestra generación, o al menos si es que nosotros llegáramos a ver algo parecido en nuestra administración, esos se van a ir cagando. Eso no puede pasar”.
Asimismo, Longton -junto a Frank Sauerbaum, José Miguel Castro, Miguel Mellado, Camila Flores y Paula Labra- señala en el texto que “ambas frases dejan a la vista las virtudes morales del secretario de Estado, lo que, sin embargo, colisiona con noticias que hemos conocido recientemente, y que involucran a funcionarios gubernamentales”.
En este sentido, destacaton que “el gobierno cuenta entre sus filas con Pascual Pichún Collonao, condenado por el delito de incendio, crimen por el cual fue detenido en 2010, tras mantenerse prófugo de la justicia en Argentina. La nueva contratación de la Administración del Presidente Gabriel Boric Font es, a su vez, hermano de uno de los voceros de la Coordinadora Arauco-Malleco, cuyo líder (Héctor Llaitul) ha desafiado públicamente al Estado de Chile”.
En relación con esto, solicitaron al titular de la Segpres que “nos precise e informe si el estándar moral al que se refería en sus afirmaciones, y que distinguen a la nueva generación de servidores públicos, considera la condena por crímenes, particularmente por delitos que ponen en riesgo la vida y la integridad física de las personas”.
De forma paralela, el diputado Longton ahondó sobre el tema mediante un video, en el cual señala que la contratación de Pichún Collonao “deja en evidencia la complicidad y simpatía que tiene este gobierno con los grupos radicales, terroristas, que han sembrado el terror en la Macrozona Sur, y por eso la demora en las querellas. Yo quisiera saber si estos son los estándares éticos y morales que aludía el ministro Jackson al referirse a la generación que le tocó gobernar”, cuestionó el legislador.
Oficio de Chile Vamos al Minsal
Con anterioridad en la jornada, parlamentarios de Chile Vamos indicaron que oficiaron al Ministerio de Salud por la contraración de Pichún.
En este sentido, el diputado RN Miguel Mellado sostuvo que “hemos oficiado al Ministerio de Salud por la contratación de Pascual Pichún en la Seremi de Salud de La Araucanía. Pascual fue sentenciado el 2003 por ataques incendiarios en La Araucanía y nosotros no sabemos cuáles son las circunstancias en las cuales fue contratado, si efectivamente cumple los criterios por los cuales el cargo fue creado, si este este concurso fue público o es un concurso a dedo, o si efectivamente cumplió la pena que corresponde”.
Por su parte, el jefe de bancada de la UDI, el diputado Jorge Alessandri, sostuvo que “la Seremía de Salud de La Araucanía acaba de revelar que ha contratado a una persona condenada a cinco años por el delito de incendio, que estuvo prófugo en Argentina por quemar un camión de una forestal en La Araucanía. Hoy, funcionario de gobierno, además hermano de un vocero de la CAM”.
“No cabe más que preguntarle a la ministra de salud Begoña Yarza si está de acuerdo con esta contratación, si la visó y si cuando el gobierno decía a que no iba a perseguir ideas, esto significaba contratar a todos los parientes directos de los miembros de la CAM, esos que llaman a atentados terroristas, esos que llaman a a quemar, esos que estuvieran detrás de muchas muertes. La ministra se tiene que pronunciar y los chilenos tenemos que luchar porque los recursos fiscales se usen en beneficio de todos y no de los violentos”, cerró.