En medio de la reunión de comité político ampliado de este lunes, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, expresó un sentir que fue consensuado por el resto de los presentes. Cuando el parlamentario tomó la palabra, cuestionó la forma en la que se legisló durante la semana pasada en el Congreso en materia de seguridad, tras el triple asesinato a carabineros cometidos en Cañete durante la madrugada del pasado sábado 27 de abril.

“La semana recién pasada era el momento del despliegue de las capacidades operativas del Estado. Ver a la ministra del Interior, a los subsecretarios, al fiscal nacional en las comisiones legislativas... Me parece que hay una especie de desconexión desde nuestro sector”, dijo Quintana, al salir del habitual encuentro al que concurren los principales ministros del gabinete del Presidente Gabriel Boric y los presidentes de los partidos del oficialismo.

En esa línea, que ya había esbozado Quintana en entrevista con La Tercera, el parlamentario por La Araucanía reafirmó que “hubo una cierta desconexión de una parte del mundo político de no entender que la semana pasada era el momento de mostrar las capacidades operativas. (...). Espero que reflexionemos de esto también, porque si bien hubo unos proyectos de ley aprobados, ninguno de estos tiene impacto hoy día, en la realidad de Cañete. No era el momento de legislar”.

La semana a la que alude Quintana era distrital en la Cámara y regional en el Senado (así se les dice a los días en donde el mundo congresista debe concentrar sus trabajos en sus comunas) y quedó marcada por distintos enfrentamientos y fuertes tensiones entre parlamentarios de oposición y del oficialismo, pese a que proyectos como el de Regla del Uso de la Fuerza (RUF), el que crea el Ministerio de Seguridad o la Ley Antiterrorista hayan salido de su estancamiento legislativo.

Al enfocar la discusión política en las paredes del Congreso, en Valparaíso, el timonel del PPD cuestionó que se impidiera un accionar más fuerte en la la Macrozona Sur. La idea la planteó este lunes ante la presencia de los jefes de cartera Carolina Tohá (Interior), Álvaro Elizalde (Segpres) y Jeannette Jara (Trabajo). Además, en la cita también estuvieron los timoneles Diego Ibáñez (Convergencia Social) y Juan Carlos Urzúa (Partido Liberal).

Sobre los dichos de Quintana, este último ahondó que “para nosotros el Congreso es un actor con déficit atencional. Toda vez que hay un incidente se ponen a legislar corriendo respecto de cosas que se vienen discutiendo hace mucho tiempo y lo señaló clarito la ministra Tohá con las RUF. Ahora que sintieron que esto tiene cámaras se pusieron a legislar rapidito con esto”.

“Es un análisis que tenemos los partidos, independiente de comentarlo o no en el comité político. (...). Es un análisis que ya tenemos hecho y todos los actores debemos ponernos al servicio de eso. En el comité fueron muchos temas, pero nos quedamos con la frase de la ministra en el Congreso″, dijo en la misma línea el presidente del PL.

La línea crítica que compartieron los ministros y presidentes de partido se había hecho también durante la semana pasada, cuando distintos parlamentarios indicaron en el Congreso de que se debía evitar legislar a “matacaballo”.

La agenda de seguridad seguirá en el debate político de las próximas semanas. Esta realidad fue asumida y planteada a los partidos el pasado viernes por el propio jefe de asesores del Segundo Piso del gobierno, Miguel Crispi (RD).

El propio Presidente Boric ha debido recular en su relato de cara a su próxima cuenta pública y se ha desligado de figuras que en el estallido social fueron emblemáticas para cierto sector de la izquierda, como la imagen del “Perro Matapacos” a la que el Mandatario tildó la semana pasada de “ofensiva y denigrante”.

Los costos de la crisis de seguridad han sido reflejados en la popularidad del Jefe de Estado, quien este domingo, según Cadem, llegó al 24%: el mínimo desde que Boric asumió en La Moneda.

En este contexto, la izquierda ha buscado dar un paso al frente en materia de seguridad. Uno de los casos que han salido a defender es el de la muerte de hace 10 días del conscripto militar en Putre, Franco Vargas. En su familia han apuntado contra el Ejército ante esta situación, culpando a dicha rama de las Fuerzas Armadas del deceso joven de 18 años.

Ante el caso, el diputado Gonzalo Winter (CS) solicitó la creación de una comisión investigadora, mientras que este martes la senadora Fabiola Campillai y la parlamentaria Lorena Fríes (CS) recibirán en el Congreso a los familiares de Franco Vargas y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) junto al Comité para la Prevención de la Tortura.