Este miércoles el ministro de Justicia, Luis Cordero, cuestionó nuevamente la decisión del juez Daniel Urrutia de conceder visitas y videollamadas a reos de alta peligrosidad. La trama suma una nueva polémica, tras revelarse que el magistrado comparte abogado con uno de los 13 reclusos que benefició.
Se trataría de Carlos Quezada Orozco, abogado defensor del colombiano Rafael Marín Vielma. Este último fue condenado a 15 años de prisión por tráfico de drogas y, además, fue a quien el juez Urrutia le concedió una “visita íntima” con su pareja. Según un reportaje de Ex-Ante, Quezada no solo es un antiguo conocido de Urrutia, sino que también es su abogado personal, y lo ha representado en diversas querellas y denuncias que ha presentado por amenazas y calumnias en su contra.
Consultado al respecto, el ministro Cordero partió señalando -en diálogo con Radio Universo- que “por la responsabilidad del cargo que tengo, y como tenemos una disputa pendiente respecto a la resolución judicial, lo que a mí más me importa es garantizar la máxima seguridad del establecimiento”. En ese sentido, reiteró la postura que ya ha dado a conocer el Ejecutivo: “Algunas de esas comunicaciones permitidas son precisamente las que se buscan evitar en la máxima seguridad, que es tener contacto con otros”.
Si bien quiso evitar que “esto sea una disputa con un juez con nombre y apellido”, el secretario de Estado sostuvo que “la nota a la que usted hace referencia, es una nota que, al menos, pone en riesgo la condición de independencia” judicial que se le exige a los jueces.
Eventual conflicto de interés
Ante el hecho de que Urrutia tenga el mismo abogado que uno de los reos que benefició, Cordero indicó que “para evaluar en concreto un caso de conflicto de interés, yo creo que es conveniente tener todos los antecedentes”.
No obstante, aseguró que “es evidente que hay un principio que podría generar una hipótesis de conflicto de interés, pero es conveniente que lo despeje tanto el juez Urrutia como su abogado”.
“A mí me parece inconveniente, por el contexto en el que estamos y por la naturaleza de la función jurisdiccional”, agregó.
Según la autoridad, el atributo central de la función jurisdiccional es la independencia judicial, “y eso es lo que justifica que le reconozcamos la independencia y que le reconozcamos la inamovilidad a un juez”. Por ello, dijo, “los estándares que le exigimos a los jueces para el desempeño de su nivel jurisdiccional deben ser mayores o superiores a las de cualquier otro funcionario público”.