El retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado que afectan a presos del estallido social anunciaron esta tarde los Ministerios del Interior y de Justicia del futuro gobierno de Gabriel Boric, además de la conformación de una mesa de reparación para las víctimas de DD.HH.
Luego de un trabajo conjunto de las nuevas autoridades, las ministras entrantes Izkia Siches y Marcela Ríos dieran a conocer durante esta jornada la medida, una de las primeras de la administración que asume este 11 de marzo.
El retiro inmediato de estas querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE), presentadas en el marco de la movilización social de octubre de 2019, corresponde al cumplimiento de una una promesa plasmada en el programa de gobierno entrante, y busca que la Ley de Seguridad del Estado “no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada”, según el comunicado entregado por las mencionadas secretarías de Estado.
En el mismo documento se indica, además, que se conformará una mesa de reparación para las víctimas de violación de Derechos Humanos que estará a cargo de la próxima subsecretaria, Haydee Oberreuter.
Por otra parte, se indicó que desde el Ministerio de Economía se apoyará a micro, pequeños y medianos comerciantes de sectores afectados en el contexto de las manifestaciones sociales, quienes sufrieron de forma directa daños severos en sus fuentes de trabajo.
Como parte de la agenda de recuperación inclusiva, se destinarán recursos para reactivar los barrios y espacios afectados, asegurando así que vuelvan a estar disponibles para emprender.
En la parte final del comunicado de las futuras autoridades ministeriales, se puntualiza que “para el gobierno del Presidente electo Gabriel Boric es importante la voluntad política de reconstruir confianzas, y avanzar hacia la paz social”.
Interior deja de ser querellante
Según analistas, que el gobierno decida retirar estas querellas no significa que los imputados queden libres y los tribunales levanten o cambien la cautelar de prisión preventiva en los casos en que corresponda. El único efecto inmediato que tiene es que el gobierno, es decir el Ministerio del Interior, deja de ser parte querellante en estas causas judiciales.
Las otras consecuencias van a variar dependiendo de cada causa y de los delitos imputados. El abogado penalista Jaime Winter lo explica así: “Retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado puede tener distintos efectos. En los casos en que solo se imputa un delito de dicha Ley y no hay otro delito común, el efecto práctico es que la causa se termina. Si había alguien en prisión preventiva, queda libre”.
Conocedores de las causas por ilícitos vinculados al estallido social aseguran que ese escenario es el más improbable debido a que todos los imputados están siendo indagados por la Fiscalía por delitos comunes como robo con intimidación, delitos de armas o de incendio. Todos son ilícitos que, además, tienen penas muy altas, más aún si el imputado no cumple con la atenuante de irreprochable conducta anterior.
“En la mayoría de los casos, sin embargo, hay otros delitos que se les atribuyen a los imputados. En la práctica, retirando la querella en esos casos la investigación sigue adelante, pero generalmente la pena probable pasa a ser menor y al ser menor la pena probable puede que no se den los requisitos para una prisión preventiva”, agrega Winter.
Sea cual sea el caso, lo cierto es que ningún efecto es inmediato. Los defensores de los imputados deberán pedir una audiencia de revisión de medidas cautelares al juzgado de garantía respectivo. El juez deberá fijar una audiencia y en esa instancia discutir el nuevo panorama procesal para ver si el tribunal modifica la cautelar en los casos de los imputados en prisión preventiva. Esta decisión siempre es apelable ante la corte de apelaciones de cada jurisdicción.
