Esta noche, la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que ya se realizó la total revisión de los casos de pensiones de gracia en el marco del estallido social, siendo 27 el número final de beneficios que serán revocados.
La ministra había señalado el pasado 28 de enero que eran 25 las pensiones que iban a ser invalidadas y que otras iban a ser sometidas a revisión, proceso que finalmente concluyó.
El gobierno manejaba un catastro interno que establecía que de las 418 personas que recibieron pensiones entre el 14 de enero y 2 de diciembre de 2022, 69 tenían antecedentes penales.
De acuerdo a un informe de Contraloría, 58 beneficiarios contaban con condenas, incluidos delitos como estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.
“Respecto de estos casos, los 69 casos donde había antecedentes penales, ya se hizo la revisión completa, pasó por la comisión, chequeo y en definitiva el Presidente de la República, que tuvo la palabra final”, especificó la jefa de gabinete.
Según la secretaria de Estado, de ese total, 21 corresponden a pensiones asignadas durante el gobierno del Presidente Boric, mientras que seis fueron otorgadas durante la administración de Piñera.
Tohá reiteró que, en paralelo, el Jefe de Estado encomendó la revisión de las 18 mil pensiones de gracia existentes. “Como este problema se originaba porque no se consideraban los antecedentes penales, todas las demás pensiones de gracia que hay, que las hay por múltiples razones, como por ejemplo los portuarios, o distintas causas, también se van a revisar, para ver si hay situaciones análogas que ameriten una medida de este tipo”, destacó la ministra.
La titular de Interior indicó que este proceso será “más lento” debido a la cantidad de beneficiarios.
