El Servicio Electoral (Servel) será ahora el foco que desde la UDI usarán para arremeter contra la fundación Democracia Viva, ligada a RD y a la diputada Catalina Pérez. Luego de que la oposición usara vías judiciales -como querellas y denuncias en la fiscalía- o administrativas -en la Contraloría- ahora el foco del gremialismo será pedir que se investigue si acaso el uso de esta fundación fue apuntando a la campaña de las elecciones parlamentarias del 2025.
Por eso es que un grupo de diputados gremialistas -entre ellos el subjefe de bancada, Juan Antonio Coloma, Cristián Labbé y Christian Moreira- enviarán un oficio directamente al Servel este próximo miércoles. En el escrito, pedirán que se investigue esta última arista, luego de que se descubriera que la fundación Democracia Viva recibió $426 millones por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Dicha fundación adquirió su personalidad jurídica unos días antes de la llegada de Gabriel Boric al poder. Además que uno de sus fundadores, el ingeniero Daniel Andrade, es pareja de la diputada Pérez, y en ese momento el seremi que dio los proyectos era Carlos Contreras, quien trabajó como jefe de gabinete de la parlamentaria. El caso generó que la justicia se pusiera a investigar, y que el mismo gobierno criticara la operación.
Por ello es que en el oficio de los gremialistas solicitan al Servel “informar sobre posibles irregularidades en el cumplimiento de las normas relativas a los plazos, forma y oportunidad para efectuar campañas electorales, a raíz del caso de la Fundación Democracia Viva y su vinculación con la diputada Catalina Pérez”.
En esa línea, es que agregan que “el caso no solo es cuestionable desde un punto de vista ético y político, sino que también por eventuales irregularidades en el uso de los recursos públicos asignados considerando dos elementos que generan incertidumbre en términos electorales”.
Uno de estos puntos, mencionan los diputados, es que todos los aludidos -Pérez, Andrade y Contreras- militan en RD y que la trama de todo el asunto se produce en Antofagasta, región de la cual la diputada es representante. “Estimamos que dicho vínculo personal, político y territorial podría estar dando cuenta de una situación irregular al existir la duda razonable respecto a si parte de los montos adjudicados fueron o están siendo utilizados con fines propagandísticos y electorales a favor de la parlamentaria”, dice el oficio.
Por ello, se concluye que “de ser efectivo, el caso no solo constituiría una infracción en materia de probidad, sino que también dejaría de manifiesto eventuales irregularidades en el cumplimiento de la oportunidad, las formas y el plazo legal para efectuar campañas electorales, por cuanto cualquier gestión de la fundación con tal objetivo sería totalmente ilegal y extemporánea, conforme a lo previsto en la ley Nº18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios”.
En esa línea, es que los gremialistas apuntan a cuestionar si dichas operaciones tendrían foco en las próximas elecciones parlamentarias que corresponden al 2025. “Nos asiste la legitima duda de que todo el equipo que conforma la Fundación Democracia Viva, junto con el exseremi de Vivienda y Urbanismo, todos vinculados estrechamente a la diputada Catalina Pérez, hayan realizado o estén desarrollando con recursos públicos, ya sea en forma directa o indirecta, actividades u obras de dudosa legitimidad en favor de ésta y con foco en las próximas elecciones parlamentarias, adelantándose, en consecuencia, a los plazos legales para efectuar propaganda electoral, lo que no solo muestra la intención de obtener un beneficio en contravención a la ley, sino que también genera una desventaja en perjuicio de otros candidatos”, dice el oficio.
