El 44% de los estudiantes secundarios considera que lo más relevante para ser considerado dentro de la nueva constitución es la Educación de calidad como derecho. Esas son partes de las cifras que la consulta pública “Educación en la nueva Constitución: mi educación, mi opinión, mi Constitución” publicó esta semana, cuyos resultados fueron entregados por el Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa (CITSE) de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH).

La iniciativa, que releva la voz adolescente dentro del debate público sobre educación en el contexto de la Convención Constituyente, demuestra el apoyo mayoritario de los jóvenes en conseguir gratuidad en la educación con independencia de la capacidad de pago. Con un 22% de las preferencias, los estudiantes consideran que debe incluirse una “Educación equitativa, pluralista y democrática “(22%), mientras que un 32% se inclina por la opción “asegurar educación de calidad”, y un 29% por “promover respeto de NNA y educación no sexista y libre de prejuicios”.

“Actualmente, las y los jóvenes son agentes participantes y receptores directos de las condiciones y lineamientos con los que se formula la educación como un derecho fundamental en el país”, asegura Carolina Cuellar, investigadora del CITSE. La especialista recalcó que la consulta se enfocó en recoger los principales intereses y expectativas de estudiantes de enseñanza media en relación con distintos aspectos de la educación como derecho.

La iniciativa, desarrollada por el CITSE en conjunto a la Red de Investigadores en Educación Chilena (RIECH), el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (SUMMA), y el Centro de Justicia Educacional (CJE) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, puso énfasis en la percepción respecto de las condiciones de calidad, inclusión, equidad, participación, financiamiento y libertad de enseñanza que debieran verse reflejadas en la nueva Carta Magna.

Así también, el rol que el Estado, las y los estudiantes, sus familias y las comunidades educativas debiesen tener frente al proceso educativo, entre otros aspectos.

Frente a la consulta ¿Cómo se debe financiar la educación?, un 49% opta porque el financiamiento debe ser estatal, independiente de la capacidad de pago de estudiantes, y un 31% que el Estado debe financiar una parte y el resto lo aportan estudiantes según capacidad de pago.

Por otro lado, más de la mitad de las y los jóvenes encuestados (52%) considera que el derecho a la participación estudiantil en los establecimientos escolares debiese traducirse en “espacios para expresar opinión y decisiones tomadas en conjunto con autoridades”. Además, la mitad de los estudiantes participantes muestran una valoración transversal de la cultura y saberes de los pueblos originarios dentro la educación.

Macarena Hernández, del Centro de Justicia Educacional (CDJ) de la UC, puntualiza que la consulta “recupera la voz de un actor fundamental en la actual discusión pública respecto de cómo debe ser la educación. Creemos que son resultados consistentes y acordes con las demandas históricas en relación al tema”.

La consulta se realizó de manera pública, abierta, dirigida a estudiantes secundarios, a través de una plataforma de encuesta en línea, con preguntas cerradas de selección múltiple.

Frente a ello, Dante Castillo, director de Políticas y Prácticas Innovadoras del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (SUMMA), destaca que los resultados expresan los anhelos de avanzar “desde la educación como bien de consumo a un derecho social, a una educación no sexista que asegure espacios de diversidad, todos lineamientos que van en la lógica de los objetivos de nuestra organización”.

César Maldonado, miembro de la Red de Investigadores en Educación Chilena (RIECH), sentenció la importancia de la configuración de una nueva ciudadanía, “que pide opinar respecto de temas que los afectarán de manera directa, a ellos y a las generaciones más jóvenes”.