Argentina echa mano a su vieja caja de herramientas y congela desde hoy más de 1.400 precios para intentar contener la inflación

La galopante inflación que ha caracterizado a la economía argentina en los últimos años, se ha intentado combatir, sin éxito, con herramientas económicas poco ortodoxas, las que incluso fueron utilizadas por el expresidente Mauricio Macri, quien aunque había renegado de ellas las implementó en 2019, año en el que más tarde perdería las elecciones frente al actual mandatario Alberto Fernández.

No es de extrañar que este último, menos comprometido con las tradicionales reglas de una economía de mercado, decidiera sacar la artillería pesada ante una nueva escalada de la inflación, que en septiembre anotó un salto interanual de 52,5%, desatando masivas protestas en el país.

De esta manera, en un comunicado de ayer por la tarde la Secretaría de Comercio Interior del país establecía la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional”.

“Puse una resolución arriba de la mesa y estoy dispuesto a cumplirla”, indicó Roberto Feletti, quien encabeza la mencionada secretaría, asegurando además que “en donde no se cumpla, vamos a exigir que bajen el precio”.

El congelamiento, que según la autoridad debe considerarse como una ampliación del programa en curso “precios cuidados”, estará en vigencia por 90 días. En el largo listado de los bienes que cubre la medida se cuentan, con la empresa que asociada que los produce y el valor en el que quedan fijados, diversos tipos de alimentos, productos de limpieza y aseo personal. Por ejemplo, “leche en Polvo Entera La Serenisima 200g” queda congelada en 101,25 pesos argentinos ($ 826,71); el “desodorante Deo Protect & Care Fem Nivea 150ml”, en 130; y el “limpiador Mulituso de Vidrios Repuesto Economico Cif 450 Ml”, en 22,05.

Llama la atención, que entre los bienes considerados incluso se cuenten 92 bebidas alcohólicas, específicamente, 43 variedades de vino, 23 de cerveza, 17 clase de aperitivos, 5 tipos de licores, 5 de fernet, 2 champagnes y 1 coñac.

Por supuesto, la determinación de la Casa Rosada no fue bien recibida por el sector privado, más aún considerando las poco amables palabras de Feletti, quien reprochó que “hay sectores de la cúpula empresarial que no son conscientes de sus privilegios”.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de Productos Alimenticios (Copal), que agrupa a 14.500 empresas y 35 cámaras de la industria, se manifestó en contra del congelamiento, al asegurar que “no sirve en ningún lugar del mundo”. Además, sostuvo que “frente a la amenaza de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y las manifestaciones sobre codicia, hay que reconocer que la industria no es la causa sino que sufre sus consecuencias”.

Momentos antes del anuncia, Copal informaba que había decido cortar el dialogo que sostenían con el gobierno. “No están garantizadas las condiciones para conciliar”, señaló Funes de la Rioja, asegurando que la Secretaría de Comercio “no tuvo en cuenta” sus contrapropuestas.

Por su parte, Gustavo Lazzari, de la Cámara de Chacinados (productos hecho en base de carne), sostuvo que este nuevo control de precios “va a fracasar”, debido tanto a que “el aumento de precios es la consecuencia de la emisión monetaria”, como a las dificultades para implementarlo, dado que “hay más 270 mil puntos de venta de alimentos, 15 mil empresas productoras y los supermercados comercializan tan solo el 30% de los alimentos”.

En tanto, Juan Airoldes, presidente de la Unión de Industriales Fidereros (Uifra), otra cámara que integra Copal, alertó en conversación con el diario local Ámbito que “las empresas pueden perder plata por el producto que les quede congelado, las más grandes lo pueden bancar, pero si pones las mismas condiciones para todos, a la pyme le haces mucho daño, presionando a las grandes terminan condicionando a todas”.

Queda de manifiesto así el desencuentro entre empresarios y gobierno, que dista del acuerdo que se logró en abril de 2019 cuando Macri tomó una medida similar, con el respaldo de los sectores afectados. “Seguimos convencidos de que para reducir la inflación a largo plazo, y terminar con este problema que hemos tenido durante 75 años, son indispensables cambios profundos. Sin embargo, en el corto plazo, estamos tomando medidas para proteger a los argentinos en esta etapa de transición”, señaló en ese momento la administración Macri.