El ex CEO de Primus Capital, Francisco Coeymans, quien será formalizado el próximo 3 de abril por los presuntos delitos de administración desleal, estafa, falsificación de instrumento privado, lavado de activos, asociación ilícita, espionaje informático y acceso ilícito a un sistema computacional, presentó un requerimiento de insolubilidad constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC).

Para el ejecutivo, la solicitud de formalización que planteó el Ministerio Público vulnera una serie de garantías constitucionales que establece la Carta Magna y solicita suspender el proceso penal.

En su presentación Coeymans sostuvo que la Fiscalía anunció que lo formalizará por “delitos reiterados y consumados de administración desleal del artículo 470 N° 11, en relación al artículo 467 inciso final, ambos del Código Penal”.

Sin embargo, a su juicio, “el artículo 470 nº 11 del Código Penal está descrito en términos tan amplios y vagos que no da cumplimiento a la garantía de la lex certa, lo que afecta también el derecho a una defensa técnica y debido proceso, vulnerándose lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 incisos 1,2, 6 y 9″.

El ejecutivo también cuestionó duramente la actuación de la Fiscalía, deslizando que filtra información a los medios de comunicación y que pedirá su prisión preventiva de manera inconstitucional.

“El Ministerio Público ha llevado adelante una investigación cuyos resultados han sido comunicados por la prensa, incluso respecto de piezas en reserva, pero lo que es más grave, y justifica la presentación de este requerimiento, es que se formalizará al Sr. Coeymans (imputado/requirente), por delitos cuya aplicación por parte del tribunal generarán un efecto inconstitucional”, acotó el recurso patrocinado por la abogada Ximena Risco.

“Como ha sido la tónica de esta causa, el Ministerio Público ha informado por los medios que solicitará la prisión preventiva del señor Coeymans, lo que se ve respaldado en su escrito de solicitud de formalización, que expone ‘que se estima que la audiencia de formalización solicitada tendrá una duración superior al promedio de esta clase de audiencias’”, consignó el mismo escrito, que cuenta con 25 páginas.

“Al formular esta petición, el juez de fondo deberá aplicar el artículo 140 letra c) del Código Procesal Penal, para ponderar si la libertad del Sr. Coeymans constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando el nuevo criterio, completamente subjetivo y emocional, referido a la gravedad del hecho, recientemente incorporado a la legislación procesal, totalmente atentatorio de la racionalidad exigible a un proceso judicial, garantizada por nuestra Constitución”, añadió.

También detalló el traspaso de su casa en Lo Barnechea a su excónyuge, cumpliendo una orden judicial del Primer Juzgado de Familia de Santiago.

Este caso comenzó cuando en marzo de 2023 Primus Capital informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el hallazgo de una serie de operaciones respaldadas con cheques falsos. Según la empresa, el exgerente general y el exgerente comercial, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, respectivamente, llevaron adelante un esquema defraudatorio al interior de la empresa, el que provocó cuantiosos perjuicios.

Según cercanos a la operación del factoring, los daños provocados por la presunta estafa ascienden a más de $100.000 millones.

Al ser apartados de la compañía, los exejecutivos presentaron demandas laborales, aduciendo un autodespido y exigiendo el pago de $2.500 millones en indemnizaciones. En sus acciones judiciales denunciaron que el propio controlador de Primus, el empresario Raimundo Valenzuela, conocía de las operaciones que hoy son sindicadas como truculentas e ilícitas.

En el marco de este proceso, la defensa del factoring, encabezada Domingo Eyzaguirre, socio de Dmey Abogados, adjuntó a la causa el informe forense que encomendó la empresa a la auditora KPMG. El documento, al que tuvo acceso Pulso, realiza un pormenorizado análisis del caso y aborda no sólo la trama del origen de los cheques cuestionados, sino que también los millonarios traspasos a empresas creadas en un día.

La auditora obtuvo información sobre la incorporación en la cartera vigente de la compañía de clientes sin inicio de actividades económicas y de las autorizaciones de excepciones de manera anómala, junto con los vínculos societarios y personales entre los beneficiarios finales de los fondos y los altos ejecutivos de la compañía, causando un perjuicio económico a la cartera de Primus Capital al respaldar sus operaciones con la entrega de 213 cheques cuestionados que, según el informe pericial, suman un total de $9.408 millones.

A través del Servicio de Impuestos Internos, KPMG pudo corroborar que 42 de los 55 clientes cuestionados comenzaron a operar con Primus Capital sin tener registrado el inicio de actividades económicas, es decir, estas empresas no estaban formalizadas con todos los permisos necesarios para operar. Incluso, cuatro clientes operaron con una diferencia de más de 300 días transcurridos entre la fecha de su primera operación con Primus y la fecha de inicio de actividades económicas.