Columna de Matías Concha: “De la permisología al ordenamiento ambiental”

“Hoy en Chile nos estamos quedando atrás porque nuestro sistema de permisos es incoherente, es irracional”, manifestaba el presidente Boric en relación a la permisología como una actividad que requiere de una urgente agilización y modernización. Si bien existe una amplia transversalidad en el diagnóstico y este desafío ha sido abordado sin éxito por varias administraciones en el pasado, la clave está en el abordarlo como una política de estado que vaya continuamente robusteciendo nuestra institucionalidad ambiental y sectorial.

Es destacable la urgencia que ha puesto el ejecutivo en modernizar la ley 19.300 de bases generales de medio ambiente y en agilizar la evaluación de servicios no ambientales o PAS (Permisos Ambientales Sectoriales), lo cual es un muy buen punto de partida. Ahora bien, al momento de evaluar las propuestas que serán sometidas al escrutinio público, es fundamental poder sopesarlas con el motivo por el cual fueron creadas, vale decir, que el principio rector sea la de poder agilizar la tramitación manteniendo los niveles de resguardo ambiental y no lo contrario. Ahora bien, para que la iniciativa logre perdurar, paralelamente se requiere de dos apoyos fundamentales: Por un lado, el desarrollo de un fortalecimiento de los planes reguladores y normativa que permita reducir espacio de discrecionalidad al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y por otro un incentivo a dotar de referencias a este último para otorgarle seguridad y certidumbre.

Mientras los planes de Ordenamiento territorial o Zonificación Costera no puedan implementarse, resultará difícil poder armonizar una propuesta de desarrollo y toda la discrecionalidad vuelve a sobrecargar al SEA. En cualquier escenario, una construcción de un marco de ordenamiento territorial y marítimo fundado en un principio de sostenibilidad es un pilar fundamental para priorizar con urgencia en estos momentos.

Con relación a la normativa, es importante destacar el ejemplo del avance en materia de control a las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, materializada en regular los niveles de benceno en aire que permitiría normar a las estaciones de servicio sin la discrecionalidad de una evaluación ambiental. En esta línea de fortalecimiento normativo paralelo, existen cinco espacios en donde se pueden lograr importantes avances: Primero, por medio de un centro de referencias de emisiones atmosféricas que norme y fije criterios de aseguramiento y control de calidad a las mediciones de emisiones, elevando de paso la confiabilidad de la información.

Segundo, dotando de institucionalidad a la normativa de agua y descargas con su impacto en muchas bahías y cuencas. Tercero, facilitando la circularidad industrial por medio de la promoción de tipología que promueva valorizar y evitar que materiales completamente reusables terminen en vertederos. Cuarto, fortaleciendo la institucionalidad que resguarde el capital natural y lo armonice con la legislación vigente sin entrar en una adicional espiral de bloqueos y de parálisis de inversión. Finalmente, si en este marco de promoción de inversión verde se promueve un “fast track” de los proyectos que ambientalmente generan una fuerte externalidad positiva (Litio, hidrógeno verde, cobre, tierras raras y otros), se puede lograr un importante avance.

Si bien es fundamental avanzar con una modernización de la ley 19.300 y del sistema de Permisos no ambientales, la clave no está solamente en mejorar la eficiencia de un determinado Servicio o repartición pública, sino en subir su estándar. Mientras la incoherencia y dudas de la permisología actual sólo nos encadenan con el subdesarrollo, necesitamos mejorar su eficiencia, pero al mismo tiempo elevar los estándares y normativas que promuevan y atraigan aquella fuerte inversión que permita lograr las transformaciones clave que Chile merece.