Constitución: del gran experimento a la convergencia pendiente

En la parte final de marzo, el trabajo de la Convención Constituyente comienza a visibilizarse a través de sus preliminares definiciones. Es quizás en este instante, uno de los momentos claves y determinantes, en donde todavía queda algo de tiempo para hacer algunas reflexiones.

Antes que nada, si algo aprendimos durante los últimos años, es que la promoción de políticas públicas no es un Transantiago o un trabajo refundacional, en donde de la noche a la mañana se asume que un problema complejo se soluciona de raíz. El trabajo constitucional que nos convoca es evolutivo y requiere de continuos ajustes, pruebas y afinamientos con el trabajo legislativo.

En este sentido, sí es interesante ver que, para lograr una gran convergencia en el trabajo constitucional, se debe partir por las bases que generen grandes acuerdos, para en ese momento avanzar hacia el trabajo a nivel de deberes generales del Estado, garantías y finalmente deberes específicos. El trabajo de las comisiones a la fecha ha sido a la inversa, es decir, partir en el detalle sin considerar los grandes acuerdos.

En concreto, se ha avanzado con una alta implementación de deberes específicos, incluso con artículos que son materia de ley o regulación, lo cual hace que el trabajo de rechazo del pleno sea cercano al 80% (102 de los últimos 126 artículos presentados hasta el martes).

En este contexto, la construcción de bases de entendimiento e implementación a nivel de generar un entorno propicio para lograr el bien común se convierte en una quimera. Es preocupante que el valioso tiempo de trabajo de los constituyentes los sobreexponga a los detalles y haya poco o nada de tiempo para articular los principios generales de acuerdo que lo sostienen.

En perspectiva, la Constitución persigue el propósito de empoderar a las personas para contar con un marco que valide instituciones, que nos defienda de los distintos poderes en el tiempo. En esa línea, hay un punto fundamental que tiene que ver con promover la igualdad ante la ley y atacar la discriminación. En un contexto, en donde si en Chile hay un retraso en reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios y promover su cultura, es muy razonable convocar a un gran acuerdo con un marco robusto para desarrollarlo, pero en un país en donde la gran mayoría es fruto del mestizaje más allá de una suma de distintas etnias, abogar por sistemas paralelos, dotándolos un carácter de nación implica romper con una sana convivencia de diversidad, inclusión e igualdad ante la ley. Los grandes problemas que han llevado a guerras por parte del nazismo, de Rwanda y actualmente el conflicto en Ucrania, tienen raíces en dotar a etnias de sistemas diferenciados más allá de construir una gran nación que, promoviendo el desarrollo e inclusión de múltiples culturas, confluya hacia un bien común.

Ahora bien, si se comete un crimen como asesinato, violación, narcotráfico u otra atrocidad ¿Va a tener que juzgarlo un tribunal paralelo en donde un crimen eventualmente no tenga connotación de delito? ¿Dónde está el sentido común para defender la vida y los crímenes más atroces que nos defiendan ante la ley? Una cosa es reconocer y sentirse orgullosos de nuestros pueblos originarios, promoviendo una cultura, lengua y tradiciones, pero otra muy distinta es en nombre de distintas etnias, sembrar desigualdades y diferencias para institucionalizar la interpretación de delitos e ir en contra del gran entendimiento del alma colectiva que nos une como país.

Es importante reflexionar sobre lo que ha sido este trabajo, de forma de ver si el proceso pensado o los grandes principios emanados, puede llevarnos hacia la construcción de grandes acuerdos que sean sostenibles y perfectibles en el tiempo, o ser cómplices de un efímero gran experimento de división y discriminación de nuestra voluntad de vivir en comunidad. El proceso no está concluido, la edad de la inocencia concluyó y depende de cómo el proceso se corrija en estos 30 días o la ciudadanía avale las consecuencias de estos acuerdos, para que la implementación de este trabajo tenga sentido y sea sostenible en el tiempo.

*El autor de la columna es consejero de la Sofofa