Ante el 9º Juzgado Civil de Santiago, la constructora Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV), que lleva adelante un proceso de liquidación voluntaria reveló sus últimos balances, los cuales detallan la delicada situación financiera que enfrenta.

Según los documentos adjuntados al 31 de agosto de 2022, la compañía mantiene deudas con acreedores financieros por $7.653 millones (16,8%). El listado es encabezado por Banco Santander, con $3.576 millones (7,9%) de capital de trabajo, y le siguen BancoEstado, Banco de Chile e Itaú Corpbanca, cuyos créditos representan 9% del total de pasivos, con $4.077 millones.

Mientras que los acreedores no bancarios suman créditos por $14.414 millones. En este grupo el mayor acreedor es el Fondo de Inversión Privado Vanstrust CVV II, con $6.551 millones (14,6%); Factoring Baninter S.A, con $1.521 millones (3,3%); Latam Trade Capital S.A., con $1.134 millones (2,5%), y Cumplo Chile S.A., con $202 millones (0,4%).

Se trata de cifras millonarias que develan la magnitud del proceso de liquidación de la compañía, que acusó una serie de problemas debido a la pandemia y los pagos pendientes que debió efectuar el Fisco de Chile. En efecto, la compañía asesorada por el estudio de abogados que encabeza Nelson Contador, apuntó a la “burocracia de los mandantes públicos, en especial del MOP, para gestionar pagos, fracasando los intentos de solución extrajudiciales”.

En el mismo documento presentado, CVV sostuvo que desmovilizará más de 30 obras y despedirá a 2.500 personas: “Esta es la más dolorosa y significativa decisión adoptada por la empresa, por su amplia y reconocida trayectoria, así como también por el gran impacto que esto provoca en sus colaboradores, proveedores, subcontratos, clientes y comunidad”.

Pero los compromisos impagos con acreedores financieros y no bancarios no es el único problema que enfrenta la compañía. En uno de los anexos acompañados al tribunal, la empresa también detalló sus conflictos judiciales.

El litigio con el monto más alto de cuantía es el que mantiene a la fecha con el Fisco de Chile y el Gobierno Regional de Arica y Parinacota por la construcción del Complejo Fronterizo Chungará. En este proceso la compañía acusa perjuicios por $19.993 millones y se trata de una demanda de incumplimiento de contrato. Actualmente el proceso continúa en etapa de probatorio y el 8 de septiembre de 2020 la demandada presentó sus descargos al 2° Juzgado Civil de Arica.

El segundo flanco abierto con el Estado también es una demanda de CVV por incumplimiento de contrato, pero esta vez en Concepción y por obras al Estadio Ester Roa.

Ante el 1° Juzgado Civil de Concepción, la constructora demandó a la Municipalidad de Concepción, al Gobierno Regional del Biobío y al Instituto Nacional del Deporte, acusando un perjuicio de $18.807 millones. En el proceso se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el pasado 20 de septiembre CVV solicitó se dicte el auto de prueba.

Entre los documentos entregados al tribunal también figura un listado con 2.658 trabajadores, los cuales de acuerdo a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento cobran relevancia, debido a que serían los primeros en recibir los beneficios del remate de los bienes en caso de existir deudas laborales.

En suma, los perjuicios que demanda Claro, Vicuña y Valenzuela al Fisco suman casi $40.000 millones. Se trata de un monto relevante, si considera que los pasivos totales de la constructora ascienden a $44.000 millones.

La sociedad también reveló que en su caja cuenta con fondos por $1.084 millones.

En otro de los anexos adjuntados a la causa, CVV además entregó el inventario de todos los bienes de la sociedad, detallando el lugar donde se encuentran, y de los gravámenes que los afectan.

En su presentación efectuada al tribunal, la compañía aseguró poseer activos por $76.115 millones y $51.625 millones corresponden a clientes de la sociedad con facturas, avances de obras y retenciones. A modo de ejemplo, el listado es encabezado por Sociedad Concesionaria Aeropuerto Diego Aracena S.A. ($12.028 millones); el Ministerio de Obras Públicas ($10.983 millones) y Celulosa Arauco y Constitución S.A ($8.579 millones).

“Un caso que no se debe dejar de mencionar es la obra del aeropuerto Diego Aracena de Iquique, contrato con la concesionaria Diego Aracena, propiedad APORT S.A., que CVV desarrolla desde fines de 2017. En este contrato la empresa ha enfrentado un conjunto de interferencias producto de solicitudes de la DGAC, hallazgos arqueológicos que han dejado paralizadas obras que a la fecha de hoy no han tenido solución. Además, CVV ha ejecutado un cantidad no menor de solicitudes de obras adicionales formalizadas por la inspección fiscal de la Dirección General de Concesiones, obras que han sido presentadas a la sociedad concesionaria para su cobro a la Dirección General de Concesiones y que ésta, aun teniendo la obligación de trasladar los reclamos, no lo ha hecho”, acusó la compañía en su presentación.

Desde Arauco explicaron que CVV realizó trabajos en el acceso vial de MAPA, proyecto de celulosa en la región del Biobío, y que el monto consignado no corresponde a una deuda, sino que es una retención efectuada en línea con lo dispuesto por el artículo 183 del Código del Trabajo, que busca el resguardo del pago de las obligaciones laborales de la constructora.

Por otro lado, la sociedad solicitó dejar fuera de la quiebra una serie de inmuebles y maquinarias, las cuales hoy están principalmente en manos de la banca, como Scotiabank Chile y Banco de Crédito e Inversiones. Aquí figuran: una pavimentadora, una fresadora, dos motoniveladoras, una excavadora Caterpillar y cuatro camiones tolva ubicados en Antofagasta.

Dentro de los bienes que pide excluir de la liquidación están las oficinas centrales de la compañía ubicadas en Alonso de Córdova 4355 Piso 5, comuna de Vitacura, cuyo propietario es Cronos Inversiones Inmobiliarias SpA.

Además de las oficinas ubicadas en la Autopista Concepción a Talcahuano 8696, Of 704 en el Edificio Bio Bio Centro. El inmueble es arrendado a la Constructora e Inmobiliaria Monte K2 S.A.