Consumidores y empleo fiscal hacen su estreno en el debate constitucional

La comisión de Sistemas de Justicias y Órganos Autónomos, la primera que sometió normativas a la votación del pleno, esta semana comienza a ahondar en nuevas temáticas. Mañana martes, en su sesión número 41, se presentarán una iniciativa sobre empleo fiscal y otras dos en el ámbito de la defensa de los consumidores.

Las tres iniciativas, junto a varias otras referidas al Ministerio Público, Notarías y Conservador de Bienes Raíces, serán votadas más tarde en general y particular por la misma comisión, para luego avanzar a la deliberación en el pleno.

El de este martes se trata, entonces, del primer paso que darán en la Convención Constituyente iniciativas como la que propone la creación de un órgano autónomo de empleo fiscal, el que cuenta con el patrocinio de nueve convencionales de Pueblo Constituyente y de escaños reservados.

En el detalle de su articulado se plantea que este órgano, cuya organización, administración y dotación sería determinado por una ley Orgánica Constitucional, será “descentralizado, sin fines de lucro y con patrimonio propio” y estará “encargado de la contratación y fiscalización del personal en la función pública dentro de las dependencias fiscales”, los cuales actualmente totalizan más de medio millón de trabajadores.

Bajo la consideración de que, muchas veces la contratación opera como “pagadores de favores políticos”, el objetivo es “erradicar esta mala práctica y hacer del sistema público una organización transparente, meritocrática y de cara a la ciudadanía”, según señala la justificación de la propuesta.

Así, otro artículo señala que esta nueva institución, que de aprobarse tendría un plazo de dos años para entrar en funcionamiento, deberá “velar por la probidad y transparencia de los procesos de selección y provisión de los cargos a empleos públicos”, así como “fiscalizar las condiciones laborales de todos los funcionarios públicos del país, cualquiera sea su forma de contratación, incluyendo el personal contratado a honorarios”.

Según se especifica, actualmente estos asuntos se abordan en la Ley 19.882, pero consideran que es necesario dar “un paso hacia adelante” con la creación de este nuevo órgano autónomo, “controlando las horas extras y limitando o evitando a los operadores políticos en el servicio público”.

En materia de consumidores, las dos propuestas apuntan a un nuevo formato para su defensa, dejando atrás al actual Sernac, que se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de Economía.

Según se lee en la justificación de la normativa patrocinada por diez convencionales del Frente Amplio, Chile Digno y Pueblos Originarios, la mencionada cartera de gobierno tiene como objetivo primordial “mantener un óptimo funcionamiento de la economía del país, incentivar el emprendimiento y generar estabilidad. Al tener dentro de su cartera al SERNAC el Ministerio tiene claros incentivos para relajar la fiscalización y dar flexibilidad a los proveedores a fin de que las empresas aparezcan con buenos balances a fin de año”.

Ente otras cosas, por ello proponen la creación de “un organismo autónomo, jerarquizado y desconcentrado cuyo principal objetivo es la protección de las personas en su rol de consumidores de bienes y servicios, asegurando su participación equitativa en dignidad y derechos”.

En función de lo anterior, a la nueva institución le corresponderá “la realización de acciones de información y educación tendientes a difundir los derechos y deberes del consumidor, así como dar cumplimiento a las normas y políticas publicas relacionadas con la materia, asegurando en todo momento igualdad en el trato a los distintos actores del procedimiento”.

Además, el órgano “velará por el debido acceso a la Justicia mediante el ejercicio de las acciones, tanto individuales como colectivas de los consumidores” y cuando se trate de “casos de relevancia pública en que sean gravemente comprometidos los derechos al consumidor, el SERNAC deberá hacerse parte de los procedimientos judiciales o administrativos ya iniciados”.

La otra propuesta, respaldada por doce convencionales de Pueblo Constituyente y Pueblos Originarios, crea la Defensoría de las Personas Consumidoras y Usuarias, que no tendría un carácter autónomo consignado en la Constitución, sino que será delimitada por una ley.

De todas maneras, en el articulado se específica que dicha legislación “contemplará los mecanismos para medir los niveles de satisfacción de los usuarios respecto de la oferta de bienes y servicios, una institucionalidad adecuada, suficiente y eficaz para proteger los derechos de los consumidores, incluyendo los sistemas de reparación e indemnización correspondientes, y establecerá las conductas y sanciones necesarias para protegerlos, así como los tribunales competentes para conocer de estas materias”.

En esa misma iniciativa de norma constitucional se indica que “la Constitución reconoce el derecho de las personas consumidores y usuarias a acceder a bienes y servicios de calidad, a un marco de respeto, prontitud, y acceso a la información oportuna, explícita y en lenguaje claro”.

Adicionalmente, destaca que “el Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas usuarias con ocasión de la negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos a su cargo, y por la carencia de servicios públicos sean estos proveídos directamente por él o por entidades privadas en aquellos casos en que la Constitución y las leyes así lo permitan”.