Contraloría detecta irregularidades por casi $500 millones en planes de empleo ejecutados en pandemia y gobierno pide auditar IFE Laboral

Tras una exhaustiva auditoría a planes de empleo lanzados durante la etapa más dura de la pandemia, la Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades y fallas en gestión por casi $ 500 millones en planes de empleo que otorgaron subsidios a empresas por la contratación de mano de obra desde septiembre de 2020 a junio de 2021, según reveló un reciente informe realizado por el organismo al que Pulso PM tuvo acceso.

La auditoría del ente fiscalizador liderado por Jorge Bermúdez cuestiona algunos procedimientos y controles de las líneas “Contrata” y “Regresa” de los planes de Emergencia Laboral Reactivación Covid-19 que fueron ejecutados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Las principales observaciones efectuadas en ambas fiscalizaciones se relacionan con la falta de control y supervisión en los requisitos de acceso, concesión y mantención de este beneficio, el que fue lanzado a fines de 2020 en un intento por aminorar los efectos de las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus.

La revisión de la Contraloría a ambos planes de empleo tomó como muestra tres meses (desde diciembre 2020 a febrero 2021), tras lo cual se logró detectar irregularidades como la entrega de subsidios a empresas que no cumplían las condiciones de acceso, que declararon trabajadores ya fallecidos, con licencia médica o a mayores de 100 años, entre otros casos.

Mientras el plan “Regresa” efectuó pagos totales a 21.327 empresas que obtuvieron la bonificación a la retención por $100 mil millones, la línea “Contrata” generó pagos a 71.327 empresas beneficiadas por la bonificación a la contratación por la suma total de $226 mil millones, describe el informe.

Frente a los complejos resultados de esta auditoría, el Ministerio del Trabajo resaltó la importancia de asegurar la transparencia en la entrega de beneficios y la eficiente gestión administrativa y técnica de cada uno de los servicios que se relacionan con la cartera. “Dado que los alcances y observaciones levantadas por la CGR son de la más alta prioridad, se solicitó al Sence evacuar un plan de acción para subsanar a la brevedad estos hallazgos. Dados estos antecedentes, es que este Ministerio ha estimado pertinente y necesario solicitar al Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez, una auditoría urgente al IFE Laboral y al Subsidio Protege, ambos también parte del Programa de Formación en el Puesto de Trabajo del Sence”, afirmó el Ministerio del Trabajo, de quien depende el Sence, tras ser consultado por Pulso acerca del resultado de la auditoría de la Contraloría.

El informe emanado en abril pasado por el organismo fiscalizador detectó diversas desprolijidades en torno a los registros de desembolsos del beneficio y en lo relativo a la información sobre las sociedades involucradas en el proceso.

En relación a la línea de empleo “Regresa”, la Contraloría comprobó que el Sence pagó en exceso un total de $342 millones a 4.624 empresas por trabajadores que se encontraban con licencia médica, lo que -repara el informe- no se ajusta a la normativa vigente. “En caso de que se identifique un trabajador con licencia, correspondía suspender el beneficio a la respectiva empresa”, afirma el informe de la Contraloría.

En el caso de la línea de empleo “Contrata”, se verificó que el Sence también realizó pagos en exceso por un total de $114 millones, por bonificaciones del subsidio a la contratación a empresas cuyos trabajadores se encontraban incapacitados por licencia médica en el período de uno o más días durante diciembre de 2020 a febrero de 2021.

Para el mismo plan de empleo, el organismo fiscalizador constató que el Sence pagó a los correspondientes empleadores un total de $ 4.864.484, por 31 trabajadores causantes del beneficio que al 1 de septiembre de 2020 tendrían entre 101 y 158 años, “sin existir constancia de acciones emprendidas por ese servicio para cerciorarse de que tales casos correspondieran a personas vivas y que cumplieran, efectivamente, los requisitos para acceder al subsidio por parte de las empresas beneficiarias”.

En el informe final de la Contraloría para la misma línea de empleo “Contrata”, se constató que 53 trabajadores se encontraban fallecidos a la fecha de concesión del beneficio. Pese a esto, “Sence pagó a las empresas que los presentaron como contratados la suma de $ 7.388.983, monto que incluye los subsidios de los meses de diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021″, concluye el organismo fiscalizador.