Diputado pide indagar “conflicto de interés” del director del Trabajo en regulación a aplicaciones de delivery

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28 DE MARZO 2020/TEMUCO A pocas horas de la cuarentena total, las calles de Temuco se encuentran con grandes aglomeraciones para realizar compras en farmacias, supermercados y trámites bancarios. en la fotografia delivery en moto. Pedidos Ya FOTO: ROCIO CUMINAO ROJAS/AGENCIAUNO

El parlamentario UDI Jorge Alessandri solicitó oficiar a la Contraloría por un eventual conflicto de interés del director nacional del Trabajo, Pablo Zenteno (PC), en fiscalización a empresas de delivery, dado que prestó servicios jurídicos hasta diciembre de 2021 a un conjunto de repartidores que reclamaban el reconocimiento de una relación laboral con Pedidos Ya.


Por medio de un oficio, el diputado Jorge Alessandri (UDI) solicitó a la Cámara de Diputados oficiar a la Contraloría General de la República (CGR) para que indague un eventual conflicto de interés del director del Trabajo, Pablo Zenteno (PC).

En su presentación, el parlamentario gremialista sostuvo que el jefe de la Dirección del Trabajo (DT) prestó servicios jurídicos hasta diciembre de 2021 a un conjunto de repartidores que reclamaban el reconocimiento de una relación laboral con la plataforma digital Pedidos Ya.

Según el mismo escrito, las pretensiones fueron rechazadas por los Tribunales del Trabajo y la Corte de Apelaciones de Santiago.

Sin embargo, una vez que asumió en su cargo, Zenteno emitió el Dictamen N° 1831/39 que “Fija el sentido y alcance de la Ley N° 21.431 sobre trabajadores de Plataformas Digitales”.

El escrito de Alessandri consignó que el dictamen, en extrema síntesis, identifica una serie de indicios de laboralidad en la regulación de los trabajadores independientes en dicho cuerpo normativo. Su aplicación implica una severa limitación en la operación de la regulación de los trabajadores independientes, al identificar respecto de ellos relaciones de subordinación y dependencia.

“El dictamen en cuestión comparte, en su núcleo, los razonamientos jurídicos hechos valer por don Pablo Zenteno en las gestiones judiciales individualizadas”, planteó el documento al que tuvo acceso Pulso.

“No puede descartarse que el interés jurídico hecho valer por don Pablo Zenteno ante los Tribunales de Justicia en el marco de la prestación de servicios profesionales, puedan ser sostenidos nuevamente por los mismos interesados teniendo como respaldo administrativo el Dictamen N° 1831/39. Es decir, existe una oportunidad para las personas representadas anteriormente por el Director del Trabajo de aprovechar el contenido de dicho Dictamen y obtener la consecución del interés jurídico originalmente pretendido o uno similar”, agregó el diputado en el requerimiento.

En efecto, según el parlamentario, a pesar de la existencia de este potencial conflicto de interés Zenteno asumió como director del Trabajo sin informarlo, y no se abstuvo de emitir el Dictamen N° 1831/39. Tampoco informó oportunamente los motivos por los cuales tal potencial conflicto de interés podía no verificarse en su caso, habilitándolo para emitir el Dictamen N° 1831/39.

A fin de esclarecer la existencia de “un potencial conflicto de interés o la infracción al principio de probidad por falta de la debida imparcialidad” en la emisión del Dictamen N° 1831/39 por parte del director del Trabajo, Pablo Zenteno, el diputado solicitó a la Contraloría remitir a la Cámara de Diputados aclaraciones a una serie de consultas.

Se trata básicamente de cuatro consultas: si, a juicio de esta Contraloría, los hechos descritos constituyen un conflicto de interés, a lo menos potencial.

Al mismo tiempo inquirió si Zenteno carecía de la suficiente imparcialidad para emitir el Dictamen N° 1831/39 y si él debió abstenerse de intervenir en la emisión de dicha normativa.

Por último, también preguntó si “Zenteno incurre en responsabilidad administrativa por infracción de los principios de probidad, imparcialidad y del deber de abstención”.

Diputado y DT

Pulso contactó al diputado Jorge Alessandri sobre el caso, quien respondió que “el director del Trabajo claramente se extralimita y va mucho más allá de lo que la propia ley reguló, al establecer hipótesis no contempladas en la ley, lo cual, además, se nubla con el rol que cumplió él como abogado particular en causas laborales, lo cual evidentemente lo inhabilita de un juicio imparcial a la hora de fijar la normativa administrativa”.

Por su parte, desde la Dirección del Trabajo señalaron que “una vez que sea requerido por la Contraloría General de la República, el director del Trabajo emitirá su respuesta a dicho órgano”.

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