Aunque desde julio de 2021 que no realiza ningún comentario, en la red social X (exTwitter) Carlos Parada Abate usa el nombre @liquidadorChile y se presenta como “Personal & Corporate Restructuring and Insolvency team”, es decir, “equipo de Reestructuración e Insolvencia Personal y Corporativa”. Y en la página web CP Legal, en el bufete que fundó, aún se presenta como : “Destacado y reconocido abogado”.

El abogado de la Universidad Católica y magíster en Economía, quien hasta hace unos años era invitado como especialista en quiebras a seminarios universitarios, probablemente haya terminado sus días como un experto en esta área. Ayer, la magistrada titular del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Araya, leyó los fundamentos de la sentencia que lo condena a 541 días de reclusión menor en su grado medio (sustituida por remisión condicional de la pena, por lo que queda bajo la supervisión del Centro de Reinserción Social Santiago Oriente), sumado a una multa de $7 millones, y a tres años y un día de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos, en un procedimiento judicial abreviado. Esto, por dos delitos de negociación incompatible en las quiebras de la Universidad del Pacífico y de las empresas del fugado Alberto Chang, en las que el acusado figuró como liquidador.

La historia judicial de Parada, que antes figuraba como síndico de quiebras y luego como liquidador, comenzó en julio del 2019, cuando el abogado Samuel Donoso, en representación de los empresarios Alfonso Boñar y Juan Carlos Olcay, se querelló por delitos reiterados de falsificación de instrumento público en contra del receptor judicial Claudio Cortés por la liquidación forzosa de la Universidad del Pacífico que llevaba adelante Carlos Parada. Con el avance del proceso, se fueron agregando querellas por negociación incompatible y otros delitos asociados a su calidad de liquidador por parte de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) y del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La Fiscalía Metropolitana Oriente fue la encargada de indagar las supuestas irregularidades en el proceso de liquidación de la universidad, cerrada en 2022 por una grave crisis financiera que arrastraba al menos desde 2015. Allí, el fiscal de Alta Complejidad Felipe Sepúlveda lo acusó de ser un “demandante clandestino” y de armar un esquema que habría permitido los delitos de asociación ilícita, estafa y eventual lavado de activos. Asimismo, descubrió que habría aprobado millonarios créditos en su calidad de liquidador. Por este caso, el tribunal, como medida cautelar, decretó su arresto domiciliario y arraigo, pero después fue enviado a prisión preventiva durante 24 días a fines del 2021, días que serán abonados a su condena. Eso sí, estuvo 15 días en el Área Ambulatoria de Salud (ASA) del centro penitenciario Santiago 1 por protocolo covid-19, luego de que, según sus abogados, sufriera una descompensación cardiaca.

Pero Parada, en paralelo a su labor en la universidad, fue liquidador de las empresas de Alberto Chang. Y en ese caso, varias víctimas del empresario financiero fugado en Malta se querellaron en contra de Parada acusándolo de desviar dineros obtenidos con los remates de bienes de Chang a su patrimonio personal, mediante triangulaciones con cuentas de otras personas o sociedades, y de haber beneficiado a ciertos acreedores o a cercanos a su familia en desmedro de otros afectados. De hecho, hasta hoy se desconoce el destino de millonarios fondos provenientes de tales subastas en Chile y el extranjero.

En julio del 2022, la Superir solicitó ante el 15° Juzgado Civil de Santiago la remoción del liquidador en el caso Chang, por administración negligente respecto a los bienes incautados, tras confirmar las irregularidades en el manejo de los fondos de la reorganización del empresario chileno acusado por estafa, lavado de activos e infracción a la Ley de Bancos. Y al mes siguiente, la superintendencia excluyó a Parada de la nómina de liquidadores, por lo que impidió, por la vía administrativa, de que volviera a ejercer ese cargo en procesos de reorganización.

Las acusaciones de la superintendencia se centraron en el proceso de la casa de estudios, que era propiedad de la familia Ortúzar Muñoz, donde Parada estructuró un esquema junto a un grupo de cercanos, para solicitar y decretar la liquidación forzosa de la Universidad del Pacífico y ser designado él como liquidador concursal en el proceso. Según la indagación de la fiscalía, lo hecho por Parada permitió otorgar ventajas indebidas a dos firmas acreedoras: las sociedades Inmobiliaria Paseo San Damián S.A. y Abundancia SpA que, coincidentemente, tenían como accionista y eran representadas por Alfonso Vásquez Parker, amigo personal de Parada. A la primera, el abogado el aprobó un crédito de $7.400 millones y a la segunda, le entregó préstamos improcedentes y de manera dolosa por $250 millones, según detectó el CDE, lo que fue en directo perjuicio de los demás acreedores y de la propia empresa deudora.