Enfrentando la verdadera precariedad laboral

En un momento clave de nuestra historia, las ayudas de emergencia fluyen gracias a un país que cuenta con ahorros, pero este tipo de medidas ¿serán circunstanciales o permanentes? En concreto, el estado aumenta su carga este 2021 en un 22% en relación al año anterior, lo cual va a elevar la deuda pública a un 36% del PIB que debería converger (en los mejores casos) al 50% del PIB en el mediano plazo, lo cual implica que los gastos los van a pagar las futuras generaciones en forma permanente.

Ahora bien, sin un claro consenso que promueva la inversión, ¿qué política pública va a permitir que la solución sea sustentable? En este momento incluso se argumenta que reduciendo las horas en forma obligatoria se va a mejorar la productividad, pero ¿cómo?

Para que la mejora en la calidad de vida de las personas sea permanente, no se mejora su condición por decreto, sino que se construye en el tiempo. Chile requiere de más y mejores sueldos, pero este espejismo no se logra a costa de atentar contra la sustentabilidad fiscal endeudando la casa hasta que no se sostenga o reduciendo voluntariosamente las horas del empleo formal sin mejorar la productividad y atacar la verdadera precariedad de la informalidad.

La mejora en productividad es un imperativo ético que mejora los salarios fomentando políticas de inversión y crecimiento con énfasis en la colaboración e innovación. Ese camino puede potenciarse por medio de la adopción de mejoras en transformación digital, capacitando, potenciando el rol del teletrabajo en espacios de valor, tomando decisiones basadas en evidencia o mejorando los espacios de vinculación y compromiso con nuestros trabajadores entre otros.

Paralelamente, un sistema que se encuentra en un ambiente fiscalizado puede amplificar muchas veces el potencial de desarrollo de una persona al que encuentra en un ambiente informal, en donde su renta y calidad de vida mejora por el solo hecho de estar en un entorno propicio y protegido.

Sin incentivos que promuevan la formalidad, la inversión, tecnología y herramientas, son ineficaces en incluir al 26,2% de la fuerza laboral activa (según el INE) que queda condenado a no contar ni con protección social ni con capacidad de generar ahorros. Si a esto sumamos la informalidad de las economías criminales (robo de madera, peces, cables o narcotráfico) que socavan al estado de derecho, tenemos el surgimiento de un verdadero flagelo que debemos revertir a nivel de prioridad nacional.

A diferencia de avalar una política voluntarista de reducción de horario formales o mejora de ingresos universales a costa de reducir ahorros y endeudar la casa, necesitamos mirar hacia adelante por medio de una solución más profunda y permanente. El desafío de mejorar la productividad y atacar la informalidad no solamente permite lograr mejorar los sueldos, pensiones y seguridad social, sino legitimar una verdadera y sostenible mejora en la calidad de vida de las personas.

* Matías Concha Berthet, Consejero SOFOFA.