“Vengo en agradecer la reunión sostenida con usted y su equipo el pasado 24 de noviembre, en la cual tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes nuestra visión respecto al futuro de la industria del litio en el país y queremos, a través de esta carta, reiterar nuestra posición respecto a esta materia”.

Así comienza la carta, fechada el 30 de noviembre, que envió el presidente del Grupo Errázuriz, Francisco Javier Errázuriz Ovalle, al vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), José Miguel Benavente para solicitar la apertura de una licitación de las pertenencias que SQM opera actualmente en el Salar de Atacama, cuyo plazo de término es 2030.

“Proponemos formalmente que Corfo llame a una licitación internacional para la renovación del contrato que vence el año 2030, que contemple los siguientes requisitos para asegurar la adecuada defensa de los intereses del país y la obtención de la máxima renta posible, que es una obligación por parte del Estado frente a un recurso no renovable”, acotó la misiva.

En el mismo documento, Errázuriz -hijo del ex senador y candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz Talavera y quien asumió la presidencia del grupo de empresas de la familia tras el deterioro en la salud de su padre-, explicó que el llamado a licitación y adjudicación debe ser llevado a cabo con plazos suficientes para que, cualquiera sea el adjudicatario, pueda tramitar los permisos ambientales, consulta indígena y desarrollar la infraestructura necesaria para comenzar a operar en 2030.

En esa lógica, Corfo debe exigir “estándares medioambientales de clase mundial y el uso de tecnología de extracción directa y máxima recuperación de salmuera. Además del uso de agua de mar, energía renovables y otros”, planteó.

Asimismo, según Errázuriz, la próxima licitación debe considerar “el porcentaje de la producción destinada a la agregación de valor en Chile por parte de la empresa adjudicataria o transferencia a precio preferencial al Estado para el desarrollo de encadenamientos productivos”.

“Se hace imperativo una señal clara, por parte de Corfo, que le asegure al país que las formas de hacer negocios a la que algunos estaban acostumbrados llegaron a su fin y de aquí en adelante el interés del país y la transparencia serán los ejes rectores”, añadió la carta.

La misiva también fue dirigida directamente a los miembros del consejo directivo de Corfo, instancia que es presidida por el ministro de Economía, Nicolás Grau e integrada por sus pares de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; Ciencia y Tecnología, Silvia Diaz; Hacienda, Mario Marcel; Agricultura, Esteban Valenzuela; Desarrollo Social, Giorgio Jackson; Minería, Marcela Hernando, así como también al subsecretario de la misma cartera, Willy Kracht.

A fin de argumentar que es necesario que el Estado de Chile lleve adelante una licitación que ponga fin a la administración de las concesiones mineras de SQM en el Salar de Atacama, el presidente del Grupo Errázuriz enumeró el historial de conflictos que ha mantenido la minera no metálica.

“Resultaría francamente inentendible que la campaña comunicacional emprendida por SQM haga olvidar el historial de incumplimientos contractuales que han generado pérdidas sustanciales al patrimonio de todos los chilenos. A lo anterior, se suma su acreditada participación en el financiamiento ilegal de la política, que corrompió todo el sistema y elevó sustancialmente el descrédito del mundo público. Más aún, hasta el día de hoy SQM no ha pagado al Estado de Chile los royalties mineros correspondiente a su operación, lo que ha obligado al Servicio de Impuestos Internos a iniciar acciones legales para exigir su cumplimiento”, destacó el empresario.

Según Errázuriz, lo anterior no ha sido un obstáculo para que autoridades nacionales reciban periódicamente, desde hace meses, a ejecutivos de SQM quienes, públicamente, señalan que buscan negociar una renovación anticipada del contrato que tiene vigente con Corfo. “Columnas de opinión, auspicios de seminarios, declaraciones de ex autoridades que eran contrarias a SQM, pero que ahora parecen haber cambiado de opinión, se alinean en torno al objetivo manifiesto de dicha empresa de mantener, mediante trato directo, el contrato más allá del año 2030″.

El ejecutivo recuerda que SQM es la empresa de mayor valor en Chile, con una capitalización bursátil cercana a los US$ 28 mil millones, y deja cerca de US$ 3 mil millones al año en las arcas fiscales. “Estas cifras impresionantes no se explican por el desarrollo tecnológico de la empresa ni por el valor agregado de sus productos, sino simplemente por ser la adjudicataria de un contrato para explotar litio en el Salar de Atacama”, asegura.

A juicio de Errázuriz Ovalle, Argentina está dando pasos agigantados para poner en marcha una industria del litio con presencia de grandes actores internacionales y, por su parte, en el ámbito local SQM está implementando una intensa campaña comunicacional y de lobby para lograr renovar, en forma anticipada y directa, el contrato que tiene con Corfo.

“El litio puede ser la herramienta necesaria para que el país alcance el anhelado desarrollo, pero también puede ser un caso más de intento fallido, como hemos tenido varios en nuestra historia”, añadió. En el mismo documento sostuvo que “la electromovilidad, el almacenamiento eléctrico a gran escala y el desarrollo sostenido de las energías renovables, pero intermitentes, colocan al litio, y por consiguiente a Chile, en la delantera para aprovechar este ciclo económico”, consignó.

Sin embargo, “la ausencia aún de un mayor detalle y concreción por parte de las autoridades de gobierno sobre la política nacional de desarrollo del litio, más allá de las orientaciones globales anunciadas hasta ahora, puede significar que quedamos fuera de los procesos productivos liderados por las grandes empresas tecnológicas”

Según él, en el último año el Estado de Chile ha dado señales contradictorias y confusas a todo inversionista que ha tenido la intención de desarrollar la industria del litio en el país. “El país llevó a cabo una licitación en la que concurrieron grandes empresas internacionales para dejarla sin efecto solo meses después”, recuerda. En esa licitación, el grupo Errázuriz ganó una de las cuotas, por la que ofreció US$ 60 millones.

Posteriormente, durante octubre, el ministro de Minería subrogante informó a dos inversionistas extranjeros que sometió a tramitación la solicitud de Codelco para excluirlos del Salar de Maricunga, recuerda Errázuriz.

Junto a la empresa de Singapur, Simbalik, el grupo Errázuriz, que participa en el negocio de la minería no metálica desde hace más de tres décadas, tiene un proyecto en el Salar de Maricunga.