Inusual periodo de alta inflación deja a los argentinos a la deriva

Cuando los precios suben lo suficientemente rápido durante el tiempo suficiente, los consumidores pueden perder el sentido de lo que deberían haber estado pagando.

Ese es un caso extremo de lo que se conoce en la jerga económica como “expectativas desancladas”, y en Argentina, esa es la realidad diaria.

Con una inflación de 58% y acelerándose, la economía de US$500.000 millones es un caso atípico incluso en un mundo donde los precios están aumentando en casi todas partes. No es solo un problema de la era de la pandemia: si bien las estadísticas históricas son sospechosas, Argentina no ha tenido una inflación de un solo dígito en al menos una década.

El resultado: a medida que los precios se disparan y se dispersan, la gente pierde la orientación. No es de extrañar, cuando un vuelo nacional de dos horas cuesta lo mismo que un mes de matrícula universitaria, o comprar un par de zapatillas equivale al pago mínimo mensual del seguro social, o un iPhone nuevo cuesta lo mismo o más que la mitad del alquiler promedio de un año.

Las etiquetas de precios también varían mucho de una tienda a otra, y monitorear los artículos esenciales diarios a las tarifas menos inasequibles es una pérdida de tiempo y energía para los argentinos que trabajan.

“Nadie sabe cuánto vale algo”, dice Federico Moll, director de investigación económica de la consultora EcoLatina en Buenos Aires. “Hablas con cualquier argentino de cierta edad y probablemente recuerde cuánto valían las cosas en la década del 90, hace 20 pico de años, pero no recuerdan cuánto valen las cosas ahora si comparas con el día anterior”, agrega.

Es probable que pocos países sufran un derrumbe en los precios de esta envergadura. Se necesitaron décadas de oscilaciones políticas y zigzags en la política económica para que Argentina llegara aquí. Una y otra vez los políticos no lograron mantener bajo control el gasto del gobierno, los banqueros centrales continuaron cambiando sus planes monetarios y el país sufrió una crisis monetaria en 2018 en medio de una huida más amplia de los mercados emergentes de alto riesgo.

No obstante, en medio de una ola de inflación global, hay algunas lecciones más amplias en la experiencia de Argentina. En primer lugar, una vez que los precios se disparan, puede resultar casi imposible volver a controlarlos. En segundo lugar, es probable que se acaben en el camino algunas carreras políticas.

Ahora es el presidente Alberto Fernández el que está en el banquillo, con índices de aprobación que se desploman a medida que los precios se disparan.

Su gobierno está públicamente en desacuerdo interno sobre cómo lidiar con la inflación. Este mes, la poderosa vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, criticó al equipo de Fernández por no lograr controlar los precios, y dijo que el último acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que los inversionistas consideran clave para que la economía se vuelva a encarrilar, no hará más que aumentar aún más los costos.

En la última señal de luchas internas por la inflación, el principal funcionario a cargo de los controles de precios, un partidario de Kirchner, renunció la semana pasada, citando discrepancias sobre “el sendero trazado y sobre las herramientas económicas seleccionadas”.

Los mayores precios internacionales de la energía han impedido que el banco central acumule sus reservas extranjeras netas, un aspecto clave del plan del gobierno para enfriar la inflación y anclar las expectativas este año, según un funcionario sénior que pidió no ser identificado debido a que se trata de conversaciones internas.

El aumento de los precios obligó al gobierno a pagar por importaciones de gas natural antes de lo esperado, lo que retrasó el fortalecimiento de las reservas por parte del banco central. En el programa del FMI, se pronosticaba originalmente que la inflación terminaría este año entre 38% y 48%, pero ahora se estima que se ubicará dentro de un rango que podría llegar al 60%, agregó el funcionario.

El Ministerio de Economía de Argentina no proporcionó comentarios.

Fernández, de centroizquierda, que está abierto a presentarse a la reelección el próximo año, no tiene que ir muy lejos para encontrar ejemplos aleccionadores. Pasando por la dictadura y la democracia, la inflación ha condenado a políticos argentinos de todas las tendencias.

Su antecesor inmediato, Mauricio Macri, llegó al poder en 2015 diciendo que una dosis de política proempresas pronto controlaría los precios. Cuatro años más tarde, con una inflación no muy lejos del máximo de 30 años actual, admitió que “pasaron cosas”, antes de ser dejar su cargo.

Argentinos como Dionisa Romero, conserje en un bloque de departamentos de Buenos Aires, ahora disparan contra la administración de Fernández.

“No hay controles, el gobierno nos abandonó, prácticamente”, dice Romero mientras compra comida y ropa escolar para su hija. Se supone que algunos productos están disponibles a precios regulados, pero Romero se queja de que no puede encontrarlos: “Vas al supermercado y tienes un precio, vas al chino [supermercados más pequeños] y hay otro”, dice.

Los economistas consideran que una clave para controlar la inflación es gestionar las expectativas de los precios futuros. Buena suerte con eso en Argentina, donde la gente apenas sabe lo que cuestan las cosas en este momento.

En la ciudad costera de Mar del Plata, en abril, la misma bolsa de granos de café costaba 200 pesos en una tienda y 500 pesos en otra, según la última encuesta anual de la Universidad FASTA. La brecha era más de tres veces mayor que en 2019, cuando la inflación general estuvo cerca de los niveles actuales.

Eso ilustra cómo una inflación más alta por más tiempo conduce a crecientes disparidades de precios, según Gabriel Coronello, profesor a cargo del proyecto, que envía encuestadores a 48 tiendas cada año para medir la misma canasta de alimentos básicos.

“Para que un consumidor elija todos estos productos al precio mínimo, uno tiene que ir a 16 locales en un día”, dice.

Dado que el costo de una canasta básica es una incógnita, los argentinos están luchando para proteger sus sueldos. En mayo, los sindicatos consiguieron aumentos que promediaron el 78% a una tasa anualizada, más del doble del ritmo del año pasado, y posiblemente más combustible para la inflación.

Fernández está a punto de dar otra sacudida al aumentar los precios de la electricidad el próximo mes, quizás la mayor osadía en el último programa del FMI con Argentina.

El gobierno gastó US$11.000 millones el año pasado para mantener sin cambios las facturas de servicios públicos. Ha prometido recortar esos subsidios. Inyectar menos dinero en la economía debería ayudar a enfriar la inflación a largo plazo. Pero los analistas esperan que, como resultado, las facturas de electricidad aumenten cerca de un 50% este año. La furia de los votantes por una política similar jugó un papel importante en la derrota de Macri en 2019, una de las razones por las que Kirchner ha criticado el nuevo acuerdo del FMI, al considerar que llevará a una derrota electoral.

Al mismo tiempo, Fernández ha incrementado otros desembolsos presupuestarios, ofreciendo nuevos pago de apoyo a los ingresos para 13,6 millones de argentinos de bajos ingresos y elevando el salario mínimo federal antes de lo previsto, una medida que tiene efectos colaterales para los programas de gasto social.

Las medidas que empujan en diferentes direcciones han sido un sello distintivo de la larga lucha de Argentina contra la inflación. Solo en los últimos cuatro años, por ejemplo, el banco central ha pasado de fijar metas de inflación con un tipo de cambio de flotación libre a no fijar metas bajo una tasa administrada con controles de capital. Ambos regímenes dejaron la inflación por encima del 50%.