José Luis Daza detalla a inversionistas que costo del programa de Kast llega a 2,55% del PIB e indica sus fuentes de financiamiento

Luego de reunirse el lunes con Nicolás Grau, asesor económico de Gabriel Boric, inversionistas de JP Morgan tuvieron una cita este martes con José Luis Daza, asesor económico de José Antonio Kast, quien les detalló que el costo del programa de su candidato a La Moneda es de 2,55% del PIB en estado estacionario, a partir de 2025, equivalente a US$7.650 millones.

Según da cuenta en la presentación, que en la jornada de este miércoles también expuso en un encuentro con LarrainVial, la mayor parte de ese monto se explica por la medida que busca un “avance progresivo hacia la pensión mínima universal para todas las personas mayores de la edad de jubilación”. Esto tendría un costo de 0,6% del PIB o US$1.800 millones. “Ningún jubilado ganará una pensión por debajo del umbral de pobreza”, le indicó a los mencionados inversionistas.

Otra partida relevante es el pago del gobierno a “todas las contribuciones a la seguridad social y salud de los trabajadores que perciban un salario mínimo de hasta CLP 500.000 (régimen decreciente) Esto equivale a un aumento del 24% del salario mínimo”. Específicamente, el costo de esta medida representa el 0,55% del PIB o US$1.650 millones.

También son importantes los US$1.200 millones (0,4% del PIB) que se destinaran tanto a “vivienda social” como al “apoyo universal para el cuidado de niños (preescolar)”, mientras que otros ítems de gasto social consideran US$2.400 millones o 0,8% del PIB.

El total de este gasto social, que es tres veces más grande que el plan Build Back Better de Joe Biden como parte del PIB, según sostuvo Daza en su presentación, fue destacado como “efectivo”, porque “los recursos fluyen directamente hacia los desfavorecidos”; “eficiente”, porque “fomenta la formalización del mercado laboral. Sin nueva burocracia”; y como “responsable”, porque es “totalmente financiado en estado estacionario”.

Respecto a este último punto, la presentación también entrega una lista de detalles. Los recursos se obtendrían principalmente del crecimiento, que aportará US$3.000 millones, equivalentes al 1% del PIB, y de la reasignación de gasto público, con US$1.800 millones o 0,6% del PIB.

También serán relevantes los US$1.200 millones (0,4% del PIB) que se obtendrán de la eliminación de exención de impuestos, y los US$900 millones (0,3% el PIB), cada uno, que provendrían tanto de la reducción de evasión de impuestos como del incremento de la eficiencia del sector público. Con todo, para el estado estacionario a partir de 2025 se contaría con un financiamiento de US$7.800 millones, según explicó Daza a los inversionistas de JP Morgan, primero, y de LarrainVial después.

En materia de pensiones el economista detalló a sus dos audiencias que Kast robustecerá el sistema con un “esfuerzo integral para incorporar población al trabajo formal para incentivar contribuciones constantes a su cuenta de ahorro personal”.

Adicionalmente, se propone fortalecer “el componente de ahorro privado del sistema, aumentando las contribuciones al 14% de los sueldos y salarios brutos”, mientras que depositarán un millón de pesos “en una cuenta de cada bebé nacido en Chile”, dinero que se “consolidará después de que la persona haya contribuido durante 140 meses a su cuenta de pensión”. Finalmente, en esta materia, indicó que se eliminará “la exclusividad de las AFP en el manejo de cuentas de pensiones”, abriendo “el sistema a otros jugadores”.

Por otra parte, Daza explicó cuales son los principales objetivos del programa económico del candidato del Partido Republicano. En ese marco manifestó que los tres pilares son “solvencia, eficiencia y equidad para impulsar la inversión y el crecimiento, reducir drásticamente la pobreza y fundamentar la legitimidad social en un modelo económicamente sostenible”.

Se suma como metas la restauración de “la posición de Chile como una de las economías más dinámicas y de más rápido crecimiento”, “eliminar la pobreza durante la próxima década, mejorar la distribución del ingreso y aumentar significativamente la movilidad social” y “restaurar la senda de solvencia fiscal”, punto que “no es negociable”, según el asesor, dado que permitiría “hacer permanente el progreso social”.

Por otra parte, se propone “incrementar el apoyo a los pobres mediante la transferencia directa de recursos”, “resolver las necesidades de pensiones a corto y largo plazo” y “crear un entorno regulatorio atractivo y ferozmente competitivo para atraer inversiones”.