La columna de Javier Vega: “Los costos laborales de la negociación previsional”

Una de las críticas que ha levantado el proyecto de reforma de pensiones es la presión sobre los costos de las empresas, que implica el alza en las cotizaciones a cargo del empleador. El aumento de 7 puntos en las cotizaciones previsionales no será inocuo en materia laboral, aun cuando el proyecto considere un período de gradualidad relativamente largo.

El mercado laboral está lejos de estar en una condición sana. El desempleo ha estado persistentemente, por sobre el 8% -con una tasa de desocupación de mujeres del 9%-, la informalidad -pese a caer en el margen- se mantiene alta en torno al 27% y la creación de nuevos empleos ha venido decayendo significativamente.

Los costos laborales han venido en aumento en Chile. El salario mínimo tuvo un incremento significativo, llegando a los $500 mil en julio del año pasado, un alza de más de 20% real en dos años. Esto ha tenido un impacto negativo en el empleo -tal como ha alertado el Banco Central- sobre todo en los segmentos de empresas con una mayor proporción de trabajadores de baja calificación. Se suman, además, la reducción de la jornada semanal a 40 horas, la Ley Karin -que trae asociados una serie de costos indirectos-, la Ley de inclusión laboral, más un marco regulatorio bastante rígido con altos costos de despido.

La cuestión central es si es viable seguir postergando la discusión sobre el sistema previsional para evitar efectos adicionales en el mercado laboral. Sin embargo, prolongar la falta de solución en materia de pensiones puede transformarse en una auténtica bomba de tiempo, con consecuencias fiscales y políticas impredecibles. Además, los aportes previsionales generan externalidades positivas significativas: no solo reducen la carga fiscal futura, sino que también refuerzan el mercado de capitales, incrementan los niveles de ahorro y, en consecuencia, dinamizan la inversión.

De aprobarse la reforma será imperativo evitar proyectos que presionen aún más los costos laborales, lo que se ve cuesta arriba en un periodo electoral. Actualmente hay iniciativas en el Congreso que promueven la contratación de jóvenes sin experiencia. Otros que le otorgan permiso especial al trabajador por muerte de mascota, por cumpleaños, algunos le entregan mayor poder a la Dirección del Trabajo y la suma sigue. Además, se mantiene la disposición del Ejecutivo de avanzar en un proyecto de negociación ramal que trae asociado una enorme presión de costos, sobre todo para las pymes.

Pero además se requiere una agenda de flexibilidad laboral. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han alertado sobre los altos costos de despido que tiene Chile, los cuales rigidizan el mercado laboral chileno y desalientan la contratación y la movilidad de los trabajadores.

El alza en las cotizaciones previsionales es un esfuerzo ineludible, pero que viene a transparentar otros costos laborales innecesarios que se requiere eliminar o acotar. Mientras en el mundo avanza la adopción de múltiples tareas de la inteligencia artificial y se automatizan procesos, en Chile seguimos con un mercado laboral pensado en el siglo pasado, rígido y costoso, una combinación que relega a los trabajadores a una posición muy desfavorable.

*El autor de la columna es socio de Mirada Externa