La columna de Matías Concha: “Del ordenamiento territorial a la práctica”

Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. En esa línea, Aristóteles manifestaba que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino básicamente en la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Dicho de otra forma, de nada sirve una idea bien intencionada si esta no se desarrolla considerando las restricciones y condiciones del entorno en el cual se desenvuelve.

Durante los últimos años hemos visto cómo, en un contexto de regionalización, grandes iniciativas han generado importantes acuerdos conceptuales, pero debido a indefiniciones, desconocimientos o problemas en su implementación, se genera un estatus quo que bloquea la inversión y lentamente compromete la actual y futura calidad de vida de muchos compatriotas.

Quizá el mayor desafío a corregir en materia de certeza jurídica regional es el entorno para construir un ordenamiento territorial en un marco de regionalización práctica y efectiva. En esta línea, más allá de los planes de ordenamiento territorial (PROTs) y planes intercomunales que requiere de estándares y definiciones claves y cuentan con importantes retrasos a lo largo del territorio nacional, surgen una serie de iniciativas paralelas que pueden ayudar bastante como el combate la informalidad, una actualización de la Ley Lafkenche o el aprovechamiento de terrenos fiscales que no pueden ser desarrollados.

En concreto, no hay manera de poder dar certeza jurídica si el marco para desenvolverse se enmarca en un ambiente de informalidad. En esta materia, si lo que se busca es lograr un buen ordenamiento, se requiere un fuerte impulso y fomento a la formalidad a nivel de erradicar las tomas y resguardar la propiedad privada. En línea paralela, si se habla de reforma tributaria, fuera de fomentar el crecimiento como imperativo principal, es esencial priorizar efectivos incentivos a la contratación formal ahora.

En paralelo, a 16 años de la aplicación de la Ley Lafkenche, se han abierto verdaderos vacíos legales que generan parálisis en la inversión costera. Más allá de seguir con la dinámica de oposición transversal de solicitudes a lo largo de gran parte de nuestro territorio, se puede rescatar el espíritu original de la ley. Esto se puede hacer planteando un proyecto de convergencia modificando límites para restringir tanto la superficie como la proporcionalidad por número de personas, reduciendo extensos tiempos que sí afectan a derechos vigentes o generando un adecuado proceso de consulta. En pocas palabras, necesitamos avanzar en un esquema que armonice el fomento de las costumbres de nuestros pueblos originarios con el desarrollo integral de las regiones que implique no continuar con una dinámica de bloqueo o parálisis continua de la inversión.

Otro tema de ordenamiento tiene que ver con la incapacidad para poder explotar formalmente terrenos fiscales en la macrozona norte del país, que llegan a un nivel del 70% y 80% de la superficie. En este contexto de terrenos privados limitados se puede avanzar por medio de un engorroso proceso en el que prácticamente se impide la transferencia y se generan condiciones propicias para la proliferación de tomas. En esta materia, es importante dar un impulso al desarrollo de la iniciativa de inversión privada que requiere del resguardo de un título de dominio para llevarse a cabo.

En pocas palabras, cada región está en camino a definir su ordenamiento que debe ceñirse por estándares y criterios generales. Si bien el principal foco es estructurarlo mediante un plan de ordenamiento territorial idóneo, el gran desafío no está en una gran definición teórica, sino en apoyar en paralelo una adecuada implementación de la (o las) iniciativa(s) de ley que sí puedan transversalmente generar la mejor base para la aplicación práctica y efectiva de la regionalización.