La columna de Matías Concha: “Del siniestro natural a la gestión de desastre”

Cuando Jean-Jacques Rousseau le escribió a Voltaire sobre el impacto del gran terremoto de Lisboa de 1755 y su impactante cifra de fallecidos, más de 100.000 personas, sumando los efectos en Portugal, España y Marruecos, su mayor comentario no fue sobre el siniestro natural, sino cómo una mala planificación generó un desastre amplificado y descomunal. De hecho, a pesar de que hoy tenemos muchos desastres naturales y el cambio climático acrecienta el impacto de estos riesgos, la unidad de gestión de desastre de las Naciones Unidas argumenta que, si bien existen eventos naturales fortuitos de alto poder destructivo, las catástrofes se generan cuando no se ataca el desastre de lo cotidiano, vale decir, el hacinamiento, informalidad, pobreza y ordenamiento como uno de los grandes desafíos a poder erradicar.

En el camino de la gestión de desastres, en Chile estamos transitando de una ex Onemi focalizada en emergencias a la promulgación el 2021 de una ley del Senapred, que básicamente busca focalizar su acción hacia las etapas preliminares de desastre, la mitigación y preparación. A nivel de política pública, este giro de la reacción a la prevención debe contar con todo nuestro apoyo y merece tomarse en serio a objeto de implementarse. Para fortalecerlo, existen cuatros conceptos que vale la pena destacar.

Primero, es importante levantar que todo programa público de evaluación de proyectos, asignación de recursos u ordenamiento territorial se ancle sobre un estándar de mitigación, ya que, al no ser considerado ese punto, puede inducir perpetuamente a que una bien intencionada ayuda sea responsable de magnificar desastres. Si en estos momentos se están canalizando planes de reconstrucción, ¿Cuánta reconstrucción está validada por un plan de mitigación de riesgos que impida perpetuar este problema en el tiempo?

En paralelo, por ley todos los municipios deberían tener sus planes de mitigación validados, que son la base para definir su ordenamiento, pero solo unos pocos municipios han priorizado este fundamental eslabón. En un año de elección de alcaldes y gobernadores, ¿Será priorizado en serio este tema a nivel comunal?

Segundo, el flagelo de la informalidad y tomas de terreno es dramático porque los instrumentos de política pública se anclan en ayudas que se gatillan rápidamente en un estado de derecho, pero si esa base se socava, el apoyo social se limita importantemente.

Tercero, desde el 2019, Chile cuenta con un organismo activo de base técnica amparado por las principales Universidades como el I-Trend que tiene el propósito de entregar la base científica para estructurar una institucionalidad de gestión de desastres. Esta institución maneja información, data, estándares y conocimiento que están disponibles, pero es subutilizada en relación al potencial que tiene.

Finalmente, el último incendio en la Región de Valparaíso volvió a mostrarnos que Chile es un país solidario y más allá de derivar inconexamente distintas ayudas, mostró que, cuando existe una coordinación en la cual el Senapred prioriza los requerimientos, como la maquinaria, apoyo y emergencia del sector privado, se puede activar un despliegue rápido, oportuno y efectivo para salir al paso de la emergencia y los urgentes apoyos que se puedan canalizar.

Independiente de no interrumpir el importante flujo de ayuda de emergencia en estos momentos, es hora de unirnos para activar una institucionalidad nacional efectiva de prevención de desastre. Habiendo transcurrido casi tres siglos después del comentario de Rousseau, debemos ser capaces de entender que los desastres naturales no existen y lo que realmente se debe erradicar es el desastre de la cotidianidad del hacinamiento, informalidad y ordenamiento sin estándares fundamentales de mitigación de riesgo.