La columna de Matías Concha: “Desamarrando el veto permisológico”

Martin Luther King Jr decía que en la vida todo se reduce a que: “Todos estamos atrapados en una red, cosidos en una sola prenda del destino en donde lo que afecta a uno, afecta a todos indirectamente”. Si en sociedad estamos en una red conectada con un delicado ambiente de desconfianza en las instituciones y política en general, tenemos un desafío enorme al momento de dejar de lado la crítica y avanzar en las mejores propuestas de bien común. Ahora bien, ¿Qué instituciones son las que en este momento más pueden contribuir a mejorar el contexto de confianza en general? y a nivel particular, ¿Cómo institucionalmente priorizar aquellas iniciativas con una adecuada y oportuna evaluación?

Es fundamental reivindicar el rol de las personas y sector privado como verdaderos motores de las transformaciones que nuestra sociedad requiere y en esa dinámica, poder encontrar el espacio para que aquellas mejoras se evalúen y activen a tiempo. Es más, si se analiza el Barómetro de Confianza hasta el 2023 (cuya versión 2024 se debería hacer pública el próximo 21 de octubre) se percibe un fuerte aumento en la confianza de las empresas como motores de admiración por sobre ONG´s, gobierno, empresas públicas, sindicatos, congreso y políticos. Existe una percepción en las personas que valora a las empresas por su aporte efectivo al desarrollo, por canalizar tangiblemente la modernización de gran parte de las mejoras en calidad de vida y asimismo por entregar condiciones más formales y estables que benefician de mejor forma a las personas, los trabajadores y sus familias.

Ahora bien, ¿Por qué si hay un bien superior de mejora en la calidad de vida de las personas en sociedad, creamos lentamente un sistema de una atomizada era permisológica de veto? Si un bien protegido particular o sectorial es levantado, ¿hasta qué punto se evalúa como una paralización versus evaluarlo, mitigarlo o compensarlo para una aprobación general? Casos como los de Aclara en tierras raras, Colbún y Rucatayo en materia de energía en Antofagasta y Osorno respectivamente, el by pass de Castro en Chiloé y de Coquimbo. Además del calvario de los megaproyectos en Magallanes, son casos que nos deberían llamar a la reflexión no porque un proyecto no cumple con una condición, sino por el absurdo a que hemos llegado en donde el sujeto protegido queda atomizado, con poder de veto y sin vinculación con un ordenamiento de bien común.

Según el ranking EPI de la Universidad de Columbia y Yale que, ordena la sostenibilidad en función de variables de cambio climático, salud y biodiversidad, los países con mejores indicadores son los que más promueven y no detienen la inversión que lleve adelante las grandes transformaciones con un adecuado marco normativo que la sostenga. Para llevar a cabo el desafío, si bien la autoridad plantea cambios que van en la dirección correcta en materia de mejorar el proceso con concesiones marítimas y hallazgos arqueológicos, la solución institucional de fondo es contar con un SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) autónomo, técnico con un objetivo claro de sostenibilidad y esté sometida al escrutinio público por ese cumplimiento. Este debate - que está siendo discutido en la reforma a la ley 19.300 - plantea que el SEA tenga facultades para evaluar y proponer caminos a nivel ambiental, económico y social y que entregue una licencia para operar con una propuesta que permita articular el bien superior por sobre vetos sectoriales. Por mucho que exista un comité revisor de otro departamento, si no se prioriza la gobernanza autónoma con un objetivo claro de sostenibilidad, el problema subyacente continúa en una dinámica de fragmentación y atomización ambiental sin un claro vínculo a priorizar el camino de bien común.

Como decía Luther King Jr., estamos efectivamente en una red en donde lo que afecta a algunos afecta a todos. En un momento clave para promover la inversión, al momento de promover las transformaciones que mejoran la calidad de vida de las personas, más allá de caer en una era del veto a los actores que mejor pueden canalizar una solución confiable, necesitamos fortalecer una institucionalidad autónoma evaluadora que efectivamente priorice y articule el mejor camino para la construcción del bien común.

*El autor de la columna es consejero de Sofofa.