La columna de Matías Concha: “El pacto psicológico detrás de la inversión”
"Para avanzar, se requiere generar pactos duraderos y si tenemos el gran activo que es una convergencia transversal sobre la prioridad del crecimiento, llegó la hora de reaccionar con el cómo y dar, desde cada orilla, las señales adecuadas para promover confianza y generar un ambiente propicio para la inversión".
Al objeto de mejorar la calidad de vida de las personas, en todo país existe un pacto implícito entre inversionista y Estado basado en la confianza que, en función de cómo se implemente, genera prosperidad o estancamiento. En este pacto psicológico entre inversionista y Estado, el rol del sector privado es impulsar el desarrollo de una serie de iniciativas en un marco de libertad mientras el rol del Estado es de promover los límites a nivel de certeza jurídica y seguridad que permitan promover una inversión sostenible en sociedad.
En virtud de este acuerdo, Chile recauda un 27% perpetuo de las utilidades como socio preferente y con el resto de la utilidad cada compañía define cuánto reparte como dividendo o reinvierte. Si el Estado a través del tiempo no puede cumplir con mantener la seguridad, otorgar certeza y retroceder en materia de competitividad tributaria, se afecta un vínculo intangible que explica en gran parte la caída de la inversión en el último decenio.
Para superar las desconfianzas, no requerimos de voluntarismos, sino de entender la naturaleza de este pacto basado en un intangible de forma tal de generar las condiciones habilitantes para promover la inversión en una histórica encrucijada de desacuerdos. Si se perpetúa la dinámica que genera un crecimiento tendencial de un 1,8% no va a mejorar la calidad de vida de las personas ni con un gobierno de derecha, de centro ni de izquierda. Para avanzar, se requiere generar pactos duraderos y si tenemos el gran activo que es una convergencia transversal sobre la prioridad del crecimiento, llegó la hora de reaccionar con el cómo y dar, desde cada orilla, las señales adecuadas para promover confianza y generar un ambiente propicio para la inversión.
Urge dar las señales adecuadas para que luego de más de 10 años de desencuentros tengamos el piso para avanzar en los factores habilitantes y estructurales para promover crecimiento. Es fundamental entender la relevancia y consecuencia de un buen acuerdo en temas como una reforma al sistema electoral, al de seguridad, al tributario y en pensiones, que contribuya al mercado de capitales y a la estabilidad social.
Se requiere dar una señal para avanzar en un no temprano y, si existe un proceso largo, que la institucionalidad toma importantes resguardos, avanzar para finalmente otorgar un sí definitivo. En ese contexto, existe una dinámica de intervenciones del mundo de la política que se inició con Barrancones y tiene en entredicho al proyecto Dominga. Si la política no toma posición y valida lo planteado por la institucionalidad ambiental y sus tribunales, da una señal que contribuye a fortalecer la confianza.
Si bien se habla de proyectos de mejora a la permisología, hay que crear conciencia de que los dos proyectos en curso mejoran el contexto, pero no van a mover la brújula al nivel de lo que se requiere. Un punto clave tiene que ver con fortalecer la norma y disminuir la discrecionalidad. A modo de ejemplo, el servicio de evaluación ambiental ha generado 96 guías, de las cuales 34 ya no se encuentran activas, todo lo cual, si bien ha tenido un espíritu orientador, ha derivado en definiciones sin un proceso reglado, que puede traducirse en definiciones que pueden tener sesgos relevantes, afectando nuevamente las confianzas y las certezas que toda inversión requiere.
En suma, estamos en una encrucijada de desencuentros y desconfianzas que minan un pacto sicológico entre inversionista y Estado, afectando fuertemente la capacidad que Chile tiene para salir adelante. Si queremos romper esa dinámica, la única manera de fortalecer la confianza es que la institucionalidad salga fortalecida con señales fuertes en materia de los grandes acuerdos para promover el crecimiento, todo lo cual vaya acompañado de estrategias para reducir la discrecionalidad fortaleciendo la aplicación de normas ambientales, reduciendo interpretaciones político-circunstanciales y armonizando los criterios de aprobación presentes en muchos servicios.
*El autor de la columna es consejero Sofofa
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