La columna de Tamara Agnic: “Crónica de una tragedia anunciada”

El ya prácticamente indesmentible fraude electoral en las elecciones presidenciales de Venezuela a manos del régimen de Nicolás Maduro es una tragedia que se venía anunciando hace meses. El sabotaje a la oposición para impedirle inscribir candidaturas, las amenazas de violencia si el gobernante no era reelegido y la hostilidad hacia los organismos y países que venían pidiendo máxima transparencia en el proceso eleccionario, eran todas señales que apuntaban a que la actual administración no tenía intenciones de dejar el poder.

Ya van varias víctimas fatales y otros tantos heridos y apresados en estos días de protestas de parte de la población que pide que se muestre evidencia que respalde el supuesto triunfo de Maduro. Este lamentable escenario vuelve a recordarnos lo relevante que es la mantención y aseguramiento de la independencia de las instituciones republicanas y de qué tan fácil es caer en las redes de la corrupción institucional si no se siguen esquemas, directrices y protocolos claros y públicos de gobernanza.

Lo que ocurre en Venezuela, es que los tribunales, la fiscalía, las fuerzas armadas y el propio órgano electoral son funcionarios cooptados o controlados por el poder político, lo que contraviene cualquier criterio base en materia de separación e independencia en el Estado y sus instituciones, transparencia de la gestión pública y responsabilidad administrativa.

Tal y como operan hoy las entidades supuestamente garantes del cumplimiento de la ley, lo que se ve es un abandono de los deberes de imparcialidad y de conducción bajo estándares básicos de ética y probidad.

Hasta ahora, hay dos escenarios que parecen ser inevitables: Maduro no aceptará que perdió la elección y se aferró al poder con todos los medios, y segundo, los casi 8 millones de venezolanos que partieron como efecto de la crisis social, no van a volver a su patria, y se podría alentar una nueva oleada migratoria. Hay que recordar que el PIB per cápita de Venezuela era de poco más de US$ 12 mil En el último año de mandato de Hugo Chávez, mientras que maduro lo llevó a un mínimo de US$ 1.566 en 2020, con una recuperación a US$ 3 mil en 2024.

La democracia es una condición base para el crecimiento, la prosperidad y el desarrollo de las naciones y atentar de manera tan burda y flagrante contra la libertad, solo traerá más padecimientos a un pueblo que manifestó claramente que no quería más chavismo. El atropello a la institucionalidad solo trae el recrudecimiento de males sociales como el abuso funcionario, la corrupción, vínculos indeseados entre el Estado y el crimen organizado o el empobrecimiento de la población, todas cosas que han ocurrido bajo el mandato de quien no es capaz de mostrar una sola evidencia de que la elección fue limpia.

Chile debe aprender de la tragedia venezolana. La democracia y la independencia institucional son esenciales para el desarrollo y la prosperidad. No debemos caer en la desidia ni en el escepticismo hacia nuestras instituciones; es nuestro deber protegerlas y fortalecernos para evitar un destino similar. De nada sirve tomar una actitud pasiva o denostar la reputación de las instituciones insistiendo en que “todos son corruptos”. Esto solo contribuye al inmovilismo y la desidia frente al deber de cuidar la democracia.

Lo ocurrido el domingo 28 de julio no fue otra cosa que el funeral de lo que quedaba de democracia en Venezuela y una demostración de cuánto importaba el poder por el poder para el personaje que ha hecho ocupación forzada del Palacio de Miraflores. Si queremos evitar un destino similar, debemos activarnos y comprometernos con la defensa de nuestros valores democráticos y republicanos.

*La autora de la columna es presidenta de Chile Transparente y Eticolabora