La columna de Tamara Agnic: “El riesgo invisible del cambio climático”

En las últimas semanas hemos sido testigos de marejadas anormales, que han causado tragedias humanas, daños significativos a la infraestructura y alteraciones en el paisaje costero de diversas localidades en Chile. Estos eventos no son hechos aislados, sino manifestaciones concretas del impacto del cambio climático, una crisis que está transformando todos los ámbitos de la vida social y económica del país.

Más allá de las pérdidas humanas y de infraestructura, el cambio climático está generando un nuevo conjunto de riesgos, entre ellos la corrupción. Según el estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “El costo de la inacción frente al cambio climático en Chile (2019)”, no actuar podría alcanzar los US$ 4.120 millones hacia mediados de siglo, equivalente al 1,46% del Producto interno bruto (PIB) de ese año. Este escenario exige no solo medidas ambientales, sino también un marco de integridad para prevenir abusos y garantizar un desarrollo sostenible.

En el mismo informe se indica que, en el agro se proyectan pérdidas de cultivos de hasta un 25% en maíz, trigo y uva hacia 2050 o mayores costos por riego en las zonas que requieran mayor adaptación tecnológica. La minería tendrá que incurrir en mayores costos para acceder al agua y debido a mayor regulación ambiental; algo parecido a lo que se producirá en otros sectores como turismo, pesca, transporte e infraestructura y energía. Sin embargo, cualquier esfuerzo de adaptación o inversión podría verse comprometido si no se controla la corrupción en los procesos regulatorios.

A este escenario, habrá que agregar al análisis de riesgos todo lo que tiene que ver con el impacto de la corrupción en lo referido al otorgamiento de permisos y autorizaciones para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto de inversión. El gobierno está impulsando una iniciativa para reducir los plazos de tramitación de permisos sectoriales de entre un 30% a un 70%, de acuerdo con el Ministerio de Economía, aspecto que ha sido celebrado transversalmente.

Hay que cuidar que en ese proceso se resguarden de manera exhaustiva los principios de probidad y combate a la corrupción al menos por un par de razones evidentes. Por un lado, debido al cambio climático hoy no se puede permitir el desarrollo de inversiones -independientemente de su tamaño- en cualquier sitio y a cualquier costo. A la vista están las imágenes de edificios al borde de socavones, infraestructura arrastrada por aluviones o costaneras que se las han llevado las mareas. En ese entendido, el sector público debe considerar siempre el bien común, el resguardo de la vida y la propiedad de las personas a la hora de entregar autorizaciones para proyectos productivos.

La corrupción también encuentra terreno fértil en los tiempos de tramitación prolongados, donde pueden surgir casos de cohecho para acelerar aprobaciones. Esto debiera quedar despejado en la ley dejando claros los plazos, los silencios administrativos que pudieran aplicarse y los requisitos para las aprobaciones. Así, un permiso de edificación debiera demandar idénticas tramitaciones en cualquier municipio donde se realice, impidiendo así cualquier intento de corromper el sistema para conseguir “apurar” alguna certificación.

*La autora de la columna es socia y presidenta de Eticolabora