La columna de Tamara Agnic: “Hasta el último whatsapp”

Una de las esquirlas inesperadas y más preocupantes del caso Audio, la formalización contra el abogado Luis Hermosilla. Es la supuesta red de tráfico de influencias que, según su defensa, podría involucrar a jueces, magistrados, fiscales, ministros y políticos. Si bien estas afirmaciones no se han comprobado, la Fiscalía inició indagatorias contra un fiscal regional y no se han descartado otras líneas de investigación, en la medida en que los persecutores accedan a más material del celular.

Lo que subyace, a las insinuaciones de la defensa de Hermosilla, es que, detrás de los nombramientos de muchos de los cargos de todo el sistema de justicia, habría un complejo, inevitable e insalvable mecanismo de influencias indebidas, del cual es prácticamente imposible librarse y que escapa a una sola persona o grupo de personas.

La Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile hace unos días emitió una declaración en la que señalaba que el actual régimen de nombramientos de jueces y juezas y otras autoridades del ámbito judicial es incompatible con un Estado democrático de derecho. Se arguye que el actual mecanismo, permite o facilita conductas “paralelas” a las reglas legales y que llevaría a eventuales relaciones impropias entre autoridades y operadores al intervenir en las designaciones de cargos.

Como se sabe, la endogamia es una práctica reproductiva altamente peligrosa que provoca la degradación biológica y una serie de fallas funcionales orgánicas. Lo mismo aplica para la política, la institucionalidad y las relaciones entre entidades públicas y privadas. Hay otra forma de hablar de modo más directo de este tipo de situaciones espurias: corrupción.

El gran punto de debate es que el sistema político, económico e institucional de Chile desde sus cimientos ha sido incumbente en sus mecanismos de formación, integración, nombramientos y modificación de sus facultades y potestades. No se puede pretender que las actuaciones y la gestión de entidades que tienen a su cargo responsabilidades tan altas y relevantes queden bajo supervisión y control de los propios involucrados, no al menos mientras no haya cambios culturales profundos a nivel ciudadano y en las elites.

Países como Estados Unidos o China tienen duras penas para delitos de corrupción, una estrategia de disuasión que no parece ser lo que Chile quiere imponer, aunque la reciente entrada en vigor de Ley 21.595 implantó y elevó de manera relevante las sanciones por conductas ilícitas en el mundo público y privado.

No obstante, es urgente que el sistema de nombramientos de autoridades judiciales, políticas e incluso económicas, incluyendo al Fiscal Nacional, los consejeros de ADP, el Contralor General de la República y prácticamente todos los altos cargos de la administración del Estado, sea sometido a una profunda revisión para impedir que sea un campo de opacidad por donde las influencias indebidas se cuelen para dañar la integridad de la democracia y el Estado de derecho. No es necesario esperar al último WhatsApp para empezar a enmendar lo que sea necesario cambiar.