La columna de Tamara Agnic: “Los jinetes del apocalipsis”

En las últimas semanas, hemos sido testigos de decisiones que parecen sacadas de un manual sobre cómo debilitar los controles contra la corrupción. Primero, la suspensión de la aplicación de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Luego, el cierre de la oficina que supervisaba a Wall Street. Y ahora, la suspensión de la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa para ciudadanos y empresas estadounidenses. A mi juicio, tres golpes certeros a la integridad corporativa y a la lucha contra la corrupción a nivel global.

Las justificaciones han sido variadas: que la regulación es excesiva, que los costos de cumplimiento son altos, que el mercado debe autorregularse. Pero la pregunta es inevitable: ¿Qué tipo de mensaje se está enviando con estas decisiones? Porque cuando las reglas dejan de aplicarse, el riesgo no es solo que aumenten los abusos, sino que la corrupción se normalice como parte del sistema.

Esto no solo beneficia a quienes buscan operar sin restricciones, sino que abre un terreno fértil para el crimen organizado y el lavado de activos. En un mundo sin reglas, los delincuentes económicos tienen vía libre para seguir ampliando su poderío, moviendo dinero sin restricciones, infiltrándose en sectores estratégicos y distorsionando mercados enteros. La lucha contra la corrupción no es solo un tema de cumplimiento corporativo: es un tema de seguridad nacional y también global.

Pero hay algo más preocupante aún: la señal geopolítica que estas decisiones envían al mundo. Estados Unidos ha sido históricamente un referente en materia de cumplimiento, imponiendo sanciones millonarias a empresas que violaban la FCPA en cualquier parte del planeta. Su debilitamiento deja un vacío enorme en la supervisión de los mercados y en el estándar global de integridad. Si la potencia que ha liderado la lucha contra la corrupción decide dar un paso atrás, ¿Qué incentivo real queda para que otros países sigan avanzando en esta dirección?

La historia nos ha mostrado, una y otra vez, que cuando la corrupción avanza sin control y las reglas del juego se relajan, los costos los pagan mayoritariamente las personas comunes, no tan solo los poderosos. La eliminación de normas clave como la FCPA, la supervisión de Wall Street y la transparencia corporativa no es solo un retroceso regulatorio: es una señal de que los valores que sostienen la integridad global están en riesgo.

La pregunta ya no es quiénes impulsan estas medidas, sino quiénes van a resistirlas. Porque aquí veremos la diferencia entre quienes hacían lo correcto por convicción y quienes solo cumplían para evitar sanciones. La integridad no puede ser una moda ni una estrategia comercial: es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier sociedad.

Hoy, más que nunca, es momento de tomar posición. No podemos resignarnos a que el mundo se convierta en un terreno donde el más fuerte impone sus reglas y donde la corrupción y el crimen organizado sean vistos como males menores. La ética no es negociable. Y es nuestra responsabilidad no solo protegerla, sino fortalecerla, para que jamás se convierta en una reliquia de museo, sino en el cimiento de nuestra y de cualquier sociedad que aspira a un futuro sostenible.

*La autora de la columna es socia y presidenta de Eticolabora