La columna de Tamara Agnic: “Rezago anticorrupción en el mundo municipal”

Un reciente informe de la Contraloría General de la República evidenció que el 58% de las unidades de control interno de las municipalidades del país funciona con menos de tres personas. El estudio da cuenta de que, del total de municipios, 81 cuentan con un solo funcionario destinado a estas tareas, mientras que solo 35 tienen más de 10 trabajadores en estas labores. Este tema es en extremo relevante puesto que, si bien los presupuestos de estas instituciones varían dependiendo del tamaño de la comuna, son cifras significativas que van desde los $3 mil millones a los $500 mil millones.

La Fiscalía tiene abiertas más de 640 causas por delitos de corrupción contra alcaldes y funcionarios municipales de todos los sectores políticos. Ninguno se salva. En este contexto, las diferencias en el número de personal destinado al control presupuestario son menos relevantes que la falta de autonomía e independencia de quienes cumplen estas funciones. No basta con aumentar la dotación si los fiscalizadores dependen directamente del alcalde de turno. Para que el control sea efectivo, es fundamental contar con un sistema sólido que garantice que estos funcionarios puedan actuar sin presiones políticas ni temor a represalias.

El número de personas destinadas a la fiscalización es importante, pero más lo es su capacidad y experticia. Por ello, es clave que estos equipos reciban capacitación y perfeccionamiento permanente, y que cuenten con autonomía y protección para ejercer su labor sin interferencias. Esto exige una revisión del estatuto administrativo, pues, en la práctica, los equipos municipales dependen de la autoridad comunal, lo que los expone a posibles conflictos de intereses o presiones indebidas.

Que no haya suficientes manos para fiscalizar grandes presupuestos en los municipios refleja el rezago en la gestión pública local. Si bien las comunas con más recursos han invertido en sistemas digitales de administración y cuentan con más personal, el problema de fondo es la falta de una gobernanza anticorrupción efectiva. Un punto crítico en este sentido es el rol del Concejo Municipal. En teoría, los concejales tienen la responsabilidad de fiscalizar la gestión del alcalde, pero en la práctica, esta función muchas veces queda diluida en lealtades partidarias. Algunos actúan como una oposición sistemática cuando el alcalde es de otro partido, mientras que otros operan como meros validadores cuando son correligionarios. Esta visión reduccionista de la política municipal impide un control efectivo y debilita la transparencia. Es fundamental que los concejales asuman su rol con seriedad y comprendan que su deber es con la ciudadanía, no con los cálculos políticos.

Los municipios tienen una enorme responsabilidad en la administración de recursos y en la provisión de servicios esenciales para el correcto funcionamiento del país. Es urgente modernizar los sistemas de control municipal para romper con la inercia que ha permitido la repetición de malas prácticas durante años.

En rigor, ningún sistema de control y vigilancia es infalible. Por ello, más allá de normas y estructuras -siendo relevantes- es imprescindible que prime la ética y la integridad de quienes manejan los recursos que pertenecen a todos los chilenos. Las normativas y los mecanismos de control son esenciales, pero sin personas íntegras y comprometidas con el bien común, cualquier sistema, por sofisticado que sea, terminará siendo ineficaz. En última instancia, la verdadera lucha contra la corrupción no se gana solo con estructuras, sino con valores.

*La autora de la columna es socia y presidenta de Eticolabora