La columna de Tamara Agnic: “Tras los delitos silenciosos”

¿Alguien podría desconocer la importancia de mantener sólidas nuestras instituciones democráticas? Las acusaciones de que la política chilena estaría financiada por el narcotráfico, que han surgido en diversas ocasiones sin aportar evidencia concreta, socavan la confianza pública sin una base creíble. Sin investigaciones formales que respalden estas afirmaciones, tales declaraciones solo contribuyen a erosionar la reputación de la política y, en última instancia, la confianza en la democracia misma. Es crucial que cualquier denuncia se maneje con el debido cuidado para no debilitar las instituciones que sustentan nuestra sociedad.

Pero, por otro lado, sí debemos admitir que la actividad del crimen organizado en Chile ha experimentado un marcado incremento desde 2021. Entre 2022 y 2023, el Índice Global de Criminalidad Organizada de Chile alcanzó los 5,18 puntos, 0,58 más que en comparación con 2021; la tasa de homicidios se incrementó un 32% en 2022 en comparación con el año anterior, mientras que delitos como los secuestros subieron 68% y las extorsiones un 129% entre 2021 y 2022, esto según diversos datos de la Fiscalía y estudios del Instituto Libertad y Desarrollo.

Es difícil atrapar al crimen organizado si no se tienen herramientas que permitan identificar la ruta del dinero y los recursos que utilizan las bandas para financiar sus organizaciones. Y mientras se discute si hay o no financiamiento narco a la política, aún no es posible lograr un acercamiento en torno a temas como la flexibilización del secreto bancario que es, por un lado, una de las herramientas esenciales para detectar la actividad de delincuentes como los narcotraficantes y, por otro, la evolución natural a la que deben propender los sistemas preventivos y de persecución de delitos silenciosos.

Nuestro sistema preventivo descansa en el reporte que “sujetos obligados” deben comunicar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cada vez que haya operaciones anómalas. Lo relevante es que los Reportes de Operaciones Sospechosas que los bancos envían a la UAF hace ya 20 años incluyen información que está contenida en el secreto bancario; en todo este periodo, no se conoce que haya habido un uso abusivo ni inapropiado de esta información que es ciertamente sensible.

De hecho, es muy probable que quienes se oponen a modificar los protocolos del secreto no sepan que este sistema ya opera hace mucho tiempo y que esa data está efectivamente en manos de un organismo estatal. Pero la robustez del sistema ha permitido no solo su correcta utilización, sino que ha viabilizado la identificación de esquemas de corrupción de alto impacto público.

Una modificación al actual mecanismo no implica que la información de políticos, altos ejecutivos, directivos de empresas o ciudadanos comunes estará a libre disposición de funcionarios del gobierno de turno como se ha asegurado. En la práctica la UAF ya cuenta en parte con esas facultades, lo cual es una garantía de que, al dotar a los organismos de la suficiente independencia, capacidad y perfil técnico, se puede operar sin riesgos a vulnerar la privacidad de ciudadanos que no tienen nada que temer porque nada malo hacen.

Si no se cortan los flujos de dinero de las bandas criminales y de corruptos, el delito seguirá proliferando y consolidándose y eso sí se puede demostrar: las cifras están hace años a la vista.

*La autora de la columna es presidenta de Chile Transparente y de Eticolabora