La columna de Tomás Rau: De economía, energía y el rol del Estado
Un apagón de más de nueve días es inaceptable. Las distribuidoras deben responder como exige la ley (y enfrentar incluso un potencial término de concesión) y mejorar el estándar de calidad de respuesta ante una situación como esta. Pero también es responsabilidad del regulador asegurar que las empresas mantengan y operen las redes de manera que se minimicen los riesgos de interrupciones y apagones, garantizando un suministro continuo y confiable.
El reciente apagón que dejó a miles de hogares en Chile sin energía eléctrica durante más de una semana ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos hacia las empresas de distribución eléctrica. El gobierno ha anunciado la revisión de la concesión en la Región Metropolitana a la empresa Enel, mientras que el ministro de Energía ha expresado que la participación estatal en la distribución de energía podría ser “más seguro” para la ciudadanía. Estas expresiones reabren el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos de la economía, en un contexto donde la eficiencia que ha mostrado la gestión estatal es cuestionable.
El rol regulador del Estado en industrias estratégicas, como la distribución de energía eléctrica, es crucial para garantizar una operación eficiente. Es responsabilidad del Estado velar por el cumplimiento de la legislación, asegurando que las empresas reguladas mantengan altos estándares de calidad en el servicio que proveen. Además, el Estado debe establecer los incentivos adecuados para que estas empresas no solo cumplan con sus obligaciones legales, sino que también busquen mejorar su desempeño, inviertan en infraestructura, y adopten prácticas innovadoras. Un marco regulatorio robusto y bien diseñado protege a los consumidores de posibles abusos y promueve un entorno en el que el sector privado puede contribuir al desarrollo del país.
Un apagón de más de nueve días es inaceptable. Las distribuidoras deben responder como exige la ley (y enfrentar incluso un potencial término de concesión) y mejorar el estándar de calidad de respuesta ante una situación como esta. Pero también es responsabilidad del regulador asegurar que las empresas mantengan y operen las redes de manera que se minimicen los riesgos de interrupciones y apagones, garantizando un suministro continuo y confiable. No puede ser que la respuesta de la autoridad ante un apagón sea sugerir la creación de una empresa de distribución estatal. No solo parece una solución poco adecuada sino que podría generar más problemas que beneficios.
La falta de suministro eléctrico sin duda genera costos en la ciudadanía y en la economía que debemos evitar y minimizar. Pero la falta conceptual, de creer que la solución a un problema de regulación se resuelve con más presencia estatal, es cuestionable. La gestión estatal suele ser menos eficiente que la privada, debido a varios factores como la falta de incentivos para la reducción de costos y estructuras de gobernanza menos flexibles; y es su rol de regulador el que debemos potenciar para lograr soluciones que se aproximen al equilibrio competitivo. Recordará el lector el ejemplo de “Gas para Chile” de ENAP donde el cilindro de 15 kilos terminó costando 5 veces el valor de mercado, donde el 85% de dicho costo se debió a la distribución de estos. En consecuencia, pensar que el Estado, que no fue capaz de distribuir cilindros de gas a un costo competitivo, podrá distribuir energía eléctrica de forma eficiente es voluntarista por decir lo menos.
Escribo esta columna conectado a un generador mientras aún espero la reposición de la electricidad y no puedo dejar de recordar la canción “hay una luz que nunca se apaga” de la estupenda banda británica The Smiths. En este caso la luz se apaga, demora en volver y mientras eso ocurre, acusaciones cruzadas contaminan el debate. Mientras tanto, los pregoneros del Estado enarbolan banderas y seguimos perdiendo el tiempo, sin avances, sin consensos y sumergidos en una completa y total oscuridad.
*El autor de esta columna es profesor titular y director del Instituto de Economía UC.
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