La columna de Tomás Rau: “¿Gobernar es gastar? El desafío de modernizar el Estado”

La reciente aprobación del Ministerio de Seguridad Pública reabre el debate sobre la eficiencia y el tamaño del aparato estatal en Chile. Con esta nueva cartera, sumamos 25 ministerios, un número que supera al de la mayoría de los países desarrollados. Suiza, por ejemplo, opera con solo siete ministerios, mientras que Finlandia y Hungría cuentan con once cada uno y Alemania con quince. La pregunta no es cuántos ministerios necesitamos, sino si la creación de más estructuras realmente soluciona los problemas.

Entre 2003 y 2024, Chile creó siete nuevos ministerios, incluyendo los de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Medio Ambiente; Energía; y Ciencia. La lógica tras estas decisiones suele ser resolver problemas específicos con mayor eficiencia. Sin embargo, los problemas no se resuelven por decreto y menos creando reparticiones públicas. Un ejemplo es el sector energético. Si bien la matriz energética de Chile es más limpia y cuenta con una participación relevante de energías renovables, las cuentas de la luz han subido casi un 50% en los últimos meses mientras los hogares pierden poder adquisitivo y el desempleo se resiste a bajar.

Por otra parte, la creación del Ministerio del Medio Ambiente no ha resuelto problemas críticos como la contaminación del aire, la crisis hídrica y la situación en zonas de sacrificio. Además, la burocracia ambiental ha frenado inversiones importantes debido a la excesiva duración en la tramitación de permisos, evidenciando que más regulación no garantiza soluciones efectivas ni desarrollo sostenible.

La creación de un nuevo ministerio, como el de Seguridad Pública, se presenta como un fortalecimiento de la institucionalidad para combatir el crimen. En un gobierno que indulta delincuentes, cuesta pensar que un nuevo ministerio logrará un impacto. Por otra parte, su creación implica mucho más que añadir una cartera a la estructura estatal. Se deben establecer 16 Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis), divisiones internas, además de posibles agencias especializadas. Finalmente, es necesario ajustar leyes y normativas para definir sus competencias. Todo esto requiere coordinación y aumenta el gasto público, destacando la necesidad de evaluar si su impacto justifica estos costos.

Más que sumar ministerios, el país necesita modernizar su Estado. Una agencia de evaluación de políticas públicas, con carácter vinculante, podría ser un primer paso para identificar programas deficientes y reasignar recursos donde realmente sean necesarios. El empleo público crece sostenidamente, amparado en un estatuto administrativo que perpetúa la ineficiencia. Mientras tanto, la deuda pública sigue aumentando, acercándose a niveles que amenazan la sostenibilidad fiscal. El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), que debería servir como seguro en tiempos de crisis, se usa hoy como caja chica.

Gobernar no debería ser una competencia para ver quién suma más ministerios. Debería ser una carrera por diseñar un Estado eficiente y sostenible. Si el verdadero cambio está en las políticas y no en las estructuras, tal vez la solución no sea seguir engordando el Estado, sino ayudarlo a ponerse en forma.

Al final, no queremos seguir aumentando el número de funcionarios públicos inorgánicamente para que “ronden en siniestros ministerios, haciendo la parodia del artista” como canta Fito Páez en la canción “Al lado del camino”. Necesitamos que estos se conviertan en agentes de cambio y no que queden atrapados en la inercia de estructuras ineficientes.

*El autor de la columna es profesor titular y director del Instituto de Economía UC